Enrique Peña Nieto ha sido acusado de representar los peores vicios del pasado; de ser un dinosaurio telegénico, creado por las televisoras; títere de los intereses de los grupos de poder; restaurador del autoritarismo de antaño; ignorante y un largo etcétera.
Ahora llega el momento de gobernar y de desmentir –o de confirmar– todo lo que se ha dicho de él.
En este sentido, las primeras señales, hay que reconocerlo, no son malas. En la designación de algunos de sus colaboradores y en el mensaje de toma de posesión, hay ciertos elementos que, de confirmase, representarían un avance y, sobre todo, un claro deslinde con el pasado: tanto con el calderonismo como con el que encarna el partido del propio Peña Nieto.
A diferencia de los usos y costumbres de la clase política tradicional, en el discurso presidencial del sábado hubo poca retórica y mucho contenido programático, incluidas propuestas importantes.
El anuncio del establecimiento del Servicio Profesional de Carrera Docente, la elaboración de un censo de escuelas, maestros y alumnos, junto con la designación de Emilio Chuayffet como secretario de Educación –un político considerado como “duro” para negociar y enfrentado desde hace años con la maestra Gordillo– es un mensaje de que al menos no se va a ceder completamente la rectoría del sistema educativo al sindicato de maestros, como ocurrió en los dos gobiernos panistas.
La intención de licitar dos nuevas cadenas de televisión, el reconocimiento de la necesidad de generar mayor competencia económica, particularmente en el sector de las telecomunicaciones; junto con la ley para limitar el endeudamiento irresponsable de los gobiernos estatales y municipales (en su mayoría del mismo PRI), de hacerse realidad, también afectarían poderosos intereses que actualmente frenan el desarrollo del país.
Con todo, a pesar de la transición suave e incluso amable que vimos en los últimos meses, el deslinde con el gobierno saliente fue contundente, en especial con la forma en que se ha combatido a la delincuencia organizada.
El nuevo Presidente sostuvo que el “bien mayor y el bien último, es la vida humana. Por eso, el primer eje de mi Gobierno es lograr un México en paz. Pondremos al ciudadano y a su familia en el centro de las políticas de seguridad (…) trabajaremos con estrategia, con una real y eficaz coordinación entre los órdenes de Gobierno, a fin de combatir la impunidad y hacer que prevalezca la justicia y la paz (…) Debemos cambiar de paradigma, entender que no habrá seguridad mientras no haya justicia”.
A contracorriente de la política actual, anunció la creación de un Programa Nacional de Prevención del Delito (“estoy convencido que el delito no sólo se combate con la fuerza”, dijo Peña Nieto) y se comprometió a publicar la Ley General de Víctimas, vetada por Calderón. Es claro que estos anuncios significan una completa desautorización hacia la política implementada por la administración anterior.
Hay que recordar que durante la campaña, el candidato Peña Nieto vendió la imagen y el discurso de eficacia. Una de sus promesas estrella fue la de construir un Estado eficiente. Es evidente que más allá de las palabras, hay que esperar los hechos y las acciones concretas del nuevo gobierno. Sin embargo, por el bien del país hay que darle el beneficio de la duda. Al menos en el discurso, se apunta hacia el lado correcto.
“… y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande”.
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