La cultura mexicana se precia de honrar a sus muertos como una de sus más sentidas tradiciones. Para honrar esa tradición es importante recordar a los que han caído en defensas del territorio y de los derechos colectivos. Son personas, en su mayoría indígenas y campesinas, que han sido asesinadas, desaparecidas, perseguidas o criminalizadas por defender sus parcelas, sus bosques, ríos, montes y bienes comunes frente a los intereses estatales o privados que pretenden apropiarse de sus territorios. Son los defensores del territorio y de los bienes comunes.

En los pasados seis años, que corresponden al gobierno autonombrado de la Cuarta Transformación, sufrieron atentados a sus vidas 252 personas, de los cuales lamentablemente 225 fueron asesinados y 27 desaparecidos. El recuento lo presentó la asociación civil EducaOaxaca (Servicios para una Educación Alternativa) basado en informes de varias organizaciones de derechos humanos de México y del mundo, tales como Red Todos los Derechos para Todos, el Comité Cerezo, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), IM-Defensoras, Global Witness, Front Line Defenders y ONU-DH. Y el periodo de registro de estos ataques a los defensores del territorio corresponde de diciembre de 2018 (año de comienzo del gobierno de Andrés Manuel López Obrado) a octubre de este año (primer mes del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo). (El informe se puede consultar aquí: https://cutt.ly/GeGo12ra).  

La mayoría de las agresiones y asesinados de defensores fueron motivadas por la protección del territorio o de sus derechos, según este reporte. 94 personas asesinadas defendieron el derecho a la tierra y territorio y a un medio ambiente sano y otras 85 personas asesinadas defendieron derechos civiles y políticos, entre ellos el derecho a la libertad de asociación. Estos asesinatos representan 80 por ciento de todos los defensores asesinados, 179 de 225, lo que revela los intereses centrales que motivan a los perpetradores: apropiarse violentamente de territorios y bienes comunes (despojos) y eliminar a las personas que resisten, denuncian, luchan y se enfrentan a los despojadores, sean personajes públicos o privados, incluidos sujetos del crimen organizado.

El reporte sobre los defensores asesinados presentado por EducaOaxaca revela patrones tanto de los sujetos víctimas de la violencia, como las regiones del país donde más ocurren. De las 225 personas defensoras asesinadas, 140 eran indígenas,  y una afromexicana. Además 62 por ciento de las personas defensoras asesinadas pertenecían a un pueblo indígena y 57 por ciento eran campesinas. La conclusión a la que llega EducaOaxaca es contundente: “se desprende que los mataron porque, además de ser defensores, eran indígenas y campesinos”. 

Por esta condición, ser indígenas y campesinos, coincide que la mayoría de los asesinatos de defensores en el periodo 2018-2024 ocurrieron en tres estados del país con mayor presencia de pueblos originarios: Oaxaca registró 58 personas defensoras asesinadas; Guerrero con 39 y Chiapas con 17 personas defensoras asesinadas. Estos tres estados suman 114 asesinatos de personas defensoras que representan 51 por ciento de todos los casos registrados en México.

Otro dato que presenta el reporte de EducaOaxaca es que en dos de cada tres casos se señala a poderes fácticos y a autoridades locales como presuntos responsables de estos asesinatos. El reporte de esta asociación civil señala que este dato contrasta con sexenios pasados, cuando autoridades federales fueron señaladas por participar en ataques contra la vida de personas defensoras.

En el informe reseñado se precisa que además de los asesinatos directos, los despojadores del territorio también ejercen la desaparición de personas como una manera directa de agredir a los defensores. De los 252 casos de agresiones a defensores del territorio, 51 personas defensoras sufrieron una desaparición forzada; de ellas 23 defensores permanecen desaparecidos, 24 personas fueron asesinadas y cuatro personas defensoras aparecieron con vida. En el caso de los defensores desaparecidos, EducaOaxaca resalta el caso de 10 indígenas yaquis desaparecidos en Sonora, y tres hombres y tres mujeres defensoras desaparecidas en Oaxaca, entre ellos cuatro mixtecos.

Lamentablemente, entre los perpetradores de desapariciones forzadas aparecen ya gobiernos municipales del actual partido hegemónico en México, Morena: se trata de los municipios: Amatán, Chiapas; Tlapa de Comonfort, Guerrero; Nochixtlán y San Juan Cotzocón, Oaxaca, señala EducaOaxaca. Digo lamentablemente porque Morena se presenta como un partido progresista y en voz de sus dirigentes aseguran que ya no repetirán las prácticas de violencias estatales cometidas por gobiernos del pasado. 

Pero otro elemento que sigue reproduciendo estas violencias estatales o de actores privados contra los defensores es la impunidad en contra de los perpetradores y la falta de resultados en la investigación de los asesinados, desapariciones o agresiones que sufren estas comunidades que defienden sus territorios. 

Estas violencias deben parar. Lamentablemente el Estado, quien supuestamente debe evitarlas y combatirlas, es muchas veces el perpetrador de las mismas. Por eso es necesaria la resistencias y la organización autónoma de las comunidades para protegerse de los ataques de quienes atentan contra sus territorio y sus bienes comunes. 

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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