Los resultados de la encuesta del INE estaban listos desde el 13 de octubre, pero eran contrarios a la campaña de la oposición, “El INE no se toca”. Así que se trató de hacerla del conocimiento de los consejeros pero no entregarlo a los partidos políticos. Dos semanas después, se filtró. Los datos de esta encuesta realizada por teléfono a 400 personas en los 32 estados de la república son: 9 de cada 10 apoya reducirle el dinero público a los partidos; y disminuir el número de diputados y senadores; 8 de cada 10 apoya que los consejeros y magistrados electorales sean electos en las urnas; 7 de cada 10, que se le reduzcan los recursos públicos al INE.

Unos días antes, el propio auditor interno del INE, reveló cómo el Instituto hizo para guardarse mil 500 millones de pesos irregularmente: creó plazas de trabajadores que no se ocupan. Ese guardadito se usó, por ejemplo, para pagarle a sus ex consejeros, Marco Antonio Baños y Benito Nacif, 2 millones de pesos cuando se fueron. Así que se puede decir que el INE es oneroso, que se mueve por encima de la administración pública de donde saca todos sus recursos, y que la gente ya no quiere que esto sea así.

El otro tema que arroja la encuesta que se trató de esconder es la crisis de representación que hay tanto en sus consejeros como en los magistrados. La pregunta es: ¿a nombre de quién están ahí Lorenzo Córdova o Ciro Murayama, en el Consejo, y magistrados como Reyes Mondragón o Janine Otálora, en el Tribunal que tiene la última palabra? La crisis de los partidos políticos de la llamada “transición a la democracia” toca, también, a los órganos electorales que surgieron de los pactos entre el PRI y Acción Nacional, y que dieron lugar a un órgano que tapaba, a veces, los recursos del sindicato de Pémex en las campañas del PRI -el Pémex-gate para Francisco Labastida-, otras veces al dinero ilegal de los empresarios a las del PAN —Amigos de Fox y que, incluso, permitió fraudes electorales como el de 2006. Un órgano al servicio del PRIAN que fiscaliza lo que se gasta una precampaña en hacer un video en Facebbok pero que jamás vio el tsunami de dinero de Odebrecht en la campaña de Enrique Peña Nieto o el uso electoral del desvío monstruoso de recursos públicos de la Estafa Maestra que acabó, entre otros, en la campaña de Beatriz Paredes al gobierno del DF.

Desde el 11 de octubre de 1990, en que se crea, hasta nuestros días, el IFE o INE jamás ha tenido independencia como debe ser la característica de un árbitro. Primero, obedeció a los deseos de Carlos Salinas de Gortari de “cambiar la percepción del fraude” y no de dejar de hacerlo. Así, el primer presidente del Instituto fue el temible secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios. Tras los asesinatos entre priistas de 1994, se dio una reforma que puso la designación de los consejeros en manos de los diputados, abriendo la puerta para que fueran vistas como “cuotas” entre el PRI y Acción Nacional. Luego, esa misma dependencia del Instituto Electoral hacia los dos partidos centrales, se acentuó hasta llegar al fraude de 2006. Aquí hago un paréntesis informativo.

Como sabemos por los cables de Wikileaks, el 14 de junio de 2006, un consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Sánchez Gutiérrez, quien estuvo encargado del financiamiento a los partidos políticos durante siete años y, luego, fue consejero electoral propuesto por el PAN, durante otros siete, de 2003 a 2010, fue a notificarle a la embajada de Estados Unidos en México los resultados de la elección presidencial, 18 días antes de que se realizara. La embajada opina de este consejero que “claramente le tiene poco amor a López Obrador”, es decir, que se fue a expresar mal de uno de los candidatos, el consejero que se supone que debe ser imparcial y autónomo. Lo que este consejero del INE dice es que la elección se definirá a favor de Felipe Calderón por tres puntos porcentuales o menos, que esperan una reacción popular encabezada por López Obrador, que éste se desgastará porque ya hay un acuerdo con los partidos para que acepten los resultados, y le anuncia a los gringos que quizás no exista un anuncio del ganador vía el conteo rápido porque todo recaerá en el Programa de Resultados Preliminares. La realidad de lo sucedido en la madrugada del 3 de julio de 2006, siguió el guión que el consejero Sánchez le había notificado a la embajada norteamericana: el consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, no dio ganador y los resultados cambiaron de una forma que los matemáticos de la UNAM calificaron de “irregular”. Este mismo consejero informó a las autoridades de Estados Unidos en México que ya se negociaba con el PRI para que aceptara los resultados a favor de Calderón.

Pero hay otro dato que no es tan conocido. Dos días después de la reunión en la embajada norteamericana, el propio Luis Carlos Ugalde, que llegó por el PRI a la presidencia del IFE, citó en sus oficinas a una comida con intelectuales. El objetivo de la reunión era el mismo: anunciarles que Felipe Calderón ganaría por pocos votos y preguntarles cuál sería la reacción del obradorismo. Era el anuncio de los resultados electorales que todavía no ocurrían y una especie de sondeo para ver cuáles de los opinadores lo aceptaban como parte de la “normalidad democrática”. Se buscaba así normalizar una intervención indebida, ilegal e inmoral, en la decisión de la mayoría, usando a los opinadores como tapadera del fraude. No importaron las enemil columnas que machacaban que “una elección se pierde por un voto”, la población reprobó a ese INE. En la encuesta del INEGI (2018) de si la gente confiaba en sus instituciones electorales, el 68% dijeron que no. El Barómetro de las Américas reportó un porcentaje aún mayor en contra de la confiabilidad tanto del INE como del Tribunal Electoral: 74%. Son cifras muy parecidas a las de la encuesta sobre la reforma electoral que se filtró en días pasados. La gente, no los intelectuales o los profesionales del aparato electoral, creen que es necesario mejorar y ampliar a las consultas populares al órgano electoral y reconocen que hay un problema de confianza y sobre todo, de representación.

Ahora voy sobre la campaña convocada por Claudio X González y Acción Nacional cuyo lema es “El INE no se toca”. Además de recordar a las campañas de los curas contra la masturbación, la verdad es que el lema es malo, atendiendo a que el INE no es una tabla que Dios le dictó a Moisés en el Monte Sinai. De hecho, las propias tablas divinas son quebradas por el propio Moisés en un acto de rabia. En el caso de las leyes electorales, estas se han tocado muchas veces: en 1990, 1993, 1994, 1996, 2008 y 2014. Y ninguna de esas reformas le ha dado más confianza al Instituto y Tribunal electorales. Lo que revela la encuesta que se filtró es que queremos, como sociedad, pasar de unos órganos electorales repartidos entre los partidos a unos en donde prevalezca la figura del ombudsman o defensores del pueblo. En el primer modelo de órgano electoral domina la idea de si se reparten los consejeros y magistrados entre los partidos, la suma de sus parcialidades llega a un equilibrio. Eso ha resultado falso, por lo menos en el caso de México, donde los órganos electorales son reflejo de la alianza estratégica entre el PRI y Acción Nacional. Por el contrario, el modelo de defensoría del pueblo es el de consejeros y magistrados electos y que tienen una función de representar al Estado, no a los partidos, garantizando que no se cometan abusos en contra de la voluntad mayoritaria.

Lo que hemos tenido desde el fraude de 1988 a favor de Carlos Salinas de Gortari es un lento paso del órgano electoral dominado por el gobierno a uno dominado por dos partidos políticos. La idea sigue siendo la misma desde el principio: que quien controla los órganos electorales puede triunfar en la elección. Esta misma idea es la que subyace a la campaña del “INE no se toca” porque asume, como desde hace más de 35 años, que un partido pretende decidir el triunfo incluso antes de que se lleven a cabo los comicios. Es decir, se sigue pensando en un Luis Carlos Ugalde y un Sánchez Gutiérrez, decidiendo 18 días antes de la elección, sus resultados. Pero, incluso, este modelo de reparto entre partidos se ha venido degradando con el tiempo. Por ejemplo, si vemos a los consejeros de 2003, el PRI y el PAN se repartieron 4 y 4: María Teresa González Luna, Arturo Sánchez Gutiérrez, Andrés Alba y Rodrigo Morales por Acción Nacional; Luis Carlos Ugalde, Alejandra Latapí, Virgilio Andrade —el que exculpó a Peña Nieto del conflicto de interés en La Casa Blanca—, y María de Lourdes López Flores, por el PRI. Pero diez años más tarde, en el 2014, el PRI se llevó 5 contra 3 del PAN: Lorenzo Córdova, Margarita Favela, Marco Antonio Baños, Beatriz Galindo y Enrique Andrade.

El modelo de reparto implica, también, a partidos no democráticos porque, como no confían unos en otros, se deciden dividir al órgano electoral en parcialidades. El actual INE es, además, producto de la reforma de Peña Nieto en el 2014, y que era el compromiso número 90 de lo que se llamó el Pacto por México, entre PRI, PAN y PRD. Ahí se leía la sustitución del IFE por el INE, es decir, además de un cambio de nombre por fuera de cualquier representación en el Congreso, y en manos solamente de las dirigencias que firmaban el pacto de tan mala memoria, también se acotaron los 32 órganos en los estados y se concentró todo en el INE que, ahora ya no era “federal”, sino “nacional”, es decir, centralista. Se basó en la desconfianza a los gobernadores que se quedaron con el control de los órganos locales, pero con la posibilidad de que el centro atrajera o no, asumiera o no, la organización electoral en los estados. Es decir, un acuerdo intermedio que tampoco dio certeza de limpieza. A diferencia del IFE, el INE se pensó entonces como un monopolio de las elecciones en manos de las dirigencias de los tres partidos, parte de un Pacto por México que no consultó ni al Congreso ni mucho menos a los ciudadanos. El INE, con respecto al primer IFE es incluso más invasivo y con una enorme discrecionalidad. Por ejemplo, se le faculta para atraer elecciones locales, designa consejeros estatales, todo blindado con una frase autoritaria que sigue en la Constitución: “podrá”. Es decir, se le da la facultad de la discrecionalidad en sus decisiones sin establecer a qué criterios se ciñe o en qué circunstancias es que “podrá” remover consejeros, estatales o “podrá” atraer o asumir una elección estatal o local cuando le parezca a cuatro de sus once consejeros. También “podrá” fiscalizar las precampañas y hasta organizar las elecciones internas de los partidos políticos. Ese es el INE que tenemos, ése, que, según Marko Cortés y Claudio X, “no se toca”. Es autoritario, discrecional, y cuyo origen ya ni siquiera está en el acuerdo de los diputados del PRI y del PAN, sino en un Pacto por México, que resultó en la propia tumba de los partidos que lo firmaron. Era un INE para sostener, no la legitimidad y confianza de las elecciones, sino el modelo neoliberal del PRIAN. Por ser una reforma del Pacto por México, apenas sería razonable derogarlo como se hizo con las reformas energética y educativa.

Y ese es, finalmente, el resultado de la encuesta que el INE trató de que no se publicara: es necesario probar otro tipo de representación en los órganos electorales que no sea ni la intervención del gobierno ni el reparto de las dirigencias de los partidos del Pacto por México, hoy llamados “Vapor México” o “Unidos” o “Sí por México” o “Así se Siente México”. Revela que los ciudadanos queremos probar un órgano que salga del ideal de la defensoría del pueblo, que sea eficiente en el gasto de sus recursos, y sobre todo, que no separe el resultado electoral 18 días antes de que concurramos a las urnas.

Fabrizio Mejía Madrid

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Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.

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