El PAN propuso hoy eliminar el mando único y su lugar fortalecer las policías municipales, profesionalizar su actividad y mejorar su capacidad de investigación. La propuesta contraviene a lo impulsado durante años por Felipe Calderón y Genaro García Luna.
Ciudad de México, 3 de noviembre (Sin Embargo).– El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que presentará al Congreso de la Unión una iniciativa que representa una “completa reingeniería al Sistema Nacional de Seguridad Pública”; quiere quitar el control al Presidente Enrique Peña Nieto, al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
La iniciativa del PAN es, sin embargo, contraria a la que impulsó su último Presidente, Felipe Calderón Hinojosa, y el ex Secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. Calderón, quien inició en diciembre de 2006 (apenas asumió el mandato) una guerra contra las drogas, promovió un mando único porque, en su visión, las autoridades locales estaban sometidas por el poder corruptor del narcotráfico.
La propuesta del PAN llega, además, luego de una fallida lucha contra el crimen organizado que causó con Calderón entre 60 mil y 100 mil muertos, y con Enrique Peña Nieto llevaba, hasta agosto pasado, 57 mil homicidios de acuerdo con el conteo que realiza el semanario Zeta.
Ahora, contrario a la iniciativa presentada por el Gobierno federal en noviembre de 2014, Acción Nacional elimina la propuesta del mando único como la única vía para evitar la corrupción de las policías locales. En su lugar plantea fortalecer las policías municipales, profesionalizar su actividad y mejorar su capacidad de investigación.
“Si bien el Gobierno federal ya propuso una iniciativa en materia de Seguridad Pública, ésta nos parece insuficiente, y en algunos aspectos peligrosa, por cuanto conlleva un riesgo de acumulación de atribuciones en un sólo orden de gobierno, que podría derivar en posturas y acciones autoritarias”, explicó Ricardo Anaya.
La iniciativa de reforma constitucional de Acción Nacional pretende fortalecer y profesionalizar a las diferentes policías municipales, con lo cual, el Ejército poco a poco dejaría de realizar labores que no le corresponden, como es la vigilancia de las calles y carreteras del país.
“Unificar a la policía en instituciones estatales mediante la eliminación de las municipales, como propone la iniciativa del Ejecutivo, potencia el riesgo de daño en el caso de una corporación infiltrada, corrupta o poco capacitada”, dijo.
La propuesta también plantea crear mecanismos de regulación para evitar que el Presidente de la República o el Secretario de Gobernación de forma discrecional nombren a un “Comisionado” que releve a las policías estatales y municipales de su función de seguridad ante una crisis de debilidad institucional crónica, tal como ocurrió en Michoacán con el nombramiento de Alfredo Castillo.
“El problema actual es que el Sistema Nacional de Seguridad Pública no tiene mecanismos de intervención, por eso vimos el caso de Michoacán en el que se tuvo que mandar a un comisionado especial para que hiciera trabajos políticos o de colaboración de la Federación y las autoridades estatales”, recalcó Gil Zuarth.
Para lograr completa autonomía, los panistas plantean que el Instituto esté integrado por siete miembros nombrados por el Senado de la República y no por el Ejecutivo, con base en criterios técnicos y no en intereses y filias personales.
REINGENIERÍA EN LA SEGURIDAD PÚBLICA
El líder nacional panista, Ricardo Anaya Cortés, acompañado de los coordinadores parlamentarios en el Senado y la Cámara de Diputados, afirmó que México vive una grave crisis de inseguridad, misma que el gobierno de Peña Nieto ha sido incapaz de enfrentar de forma adecuada.
Aunado al incremento de la violencia, Anaya consideró como grave el deterioro de las instituciones, producto de los “terribles” niveles de corrupción e impunidad.
Por eso, en lugar de caer en la discusión bipolar de si se deben mantener vigentes las policías municipales o no, los diputados y senadores panistas plantean fortalecer las autoridades a nivel municipal, a fin de evitar la infiltración del crimen organizado.
Sin embargo, también deja abierta la posibilidad para que el nuevo Instituto determine si una policía local está rebasada y genere los mecanismos necesarios para su sustitución con base en criterios técnicos sin matices políticos o intereses personales.
“Aquellas policías municipales que no puedan prestar con regularidad el servicio de seguridad pública pueden entregar las llaves a un orden mayor, por ejemplo, la policía estatal”, dijo Roberto Gil Zuarth, presidente de la mesa directiva del Senado.
Para lograr su objetivo de modificar de raíz al Sistema Nacional de Seguridad Pública, el PAN plantea crear dos instituciones:
El Instituto Nacional de Seguridad Pública, que será el órgano regulador de la materia de seguridad pública y diseñará los mecanismos de intervención, sustitución y colaboración de todas las policías con base en criterios estrictamente técnicos y no políticos.
Y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que se encargará de profesionalizar los servicios periciales de todo el país.
“Hoy en día todas las policías hacen lo mismo, la de Iguala se encarga de investigar delitos aunque no tenga las capacidades o la preparación para hacerlo, lo mismo que la policía estatal. Lo que tenemos que hacer es diferenciar claramente qué funciones va a realizar cada policía en función de las capacidades reales existentes, evaluadas por un órgano externo”, precisó el Senador Roberto Gil Zuarth.
La iniciativa panista también propone crear el Servicio Nacional de Carrera Policial, el cual establecerá la reglamentación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los policías.
La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
Además, incorpora mecanismos de control externo y rendición de cuentas que acompañen la correcta implementación de las políticas en materia de seguridad, para que estas no sean letra muerta, y supervisen a las instituciones de seguridad en el ejercicio de sus atribuciones.
