Por: Claudia de Anda, Claudia García, Janet Oropeza*

La lucha por la autonomía reproductiva de las mujeres en nuestro país ha sido un largo camino; a partir la década de 1970,[i] desde el movimiento feminista se ha luchado porque en el debate público se reconozca que, en un estado democrático, la despenalización del aborto es un tema de salud pública y de justicia social. En Fundar, desde nuestros orígenes en 1999, hemos abogado por el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, en concreto, por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar; justo desde el año en que el caso Paulina[ii] cimbró la lucha feminista para logar que un gobierno latinoamericano reconociera, por primera vez, que el acceso al aborto legal es un derecho humano.

Este año, decidimos preparamos para tomar las calles en una sesión donde bordamos nuestros pañuelos verdes, al mismo tiempo que íbamos tejiendo en un diálogo íntimo, nuestra lucha y un entendimiento colectivo de la situación actual de los derechos sexuales y reproductivos. Como si cada puntada animara las palabras, nuestra compañera Mati comenzó contándonos cómo el presupuesto para la Salud Sexual y Reproductiva (SSyR) es hoy 14.45% más bajo que en 2019 (lo que representa en términos reales 466 millones menos). Con dolor y enojo confirmamos que nuestros derechos siguen sin ser una prioridad para el Estado mexicano.

Esta sesión de bordado se fue haciendo cada vez más  especial, pues compartimos experiencias pasadas, nos solidarizamos, nos emocionamos y construimos consignas desde el corazón “por el derecho a un aborto libre, seguro, accesible y sin culpas”,  mientras nos preparamos para sumarnos al día en el que cientos de mujeres, personas con capacidad de gestar, hombres trans y personas no binaries en México y Latinoamérica ocupamos las calles y alzamos la voz para que nuestros derechos sexuales y reproductivos sean respetados, porque nuestro cuerpo es nuestro y sólo nuestra es la decisión.

A pesar de los logros para la protección del derecho al aborto en las Sentencias de la SCJN,[iii] las reformas legislativas que lo despenalizaron en doce estados del país y la protección de la Interrupción Voluntaria del Embarazo aún existen desafíos para la implementación, disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad de los servicios, uno de ellos en materia programática y presupuestaria de la política pública al respecto.  Por ejemplo, sólo existen 105 servicios de aborto seguro en todo México; un número insuficiente. Y preocupa también que, en estados como Chihuahua, Guanajuato, Nayarit, Michoacán y San Luis Potosí, existe sólo un servicio de aborto seguro, lo que no permite que las mujeres y personas con capacidad de gestar, sobre todo en situación de vulnerabilidad, puedan acceder efectivamente a este derecho.

Aunque a partir de 2020 la política pública de SSyR diseñada por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud (SSA) incorporó un componente de aborto seguro,[iv] la opacidad alrededor del gasto no nos permite identificar todos los recursos que se destinan para financiarlo. Prueba de ello es que, desde 2021, no hemos podido conocer los recursos que el INSABI, ahora IMSS-BIENESTAR, destinó para este componente. Sin embargo, con la información a la que sí pudimos acceder, sabemos que en 2022 se destinaron apenas 56 millones de pesos de recursos del Ramo 12 y 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para este componente en todo el país. Esta cifra es muy baja, sobre todo a la luz de la cantidad de estados en que se ha despenalizado. Y aunque para 2024 se prevé un aumento del presupuesto del Programa de Salud Materna Sexual y Reproductiva, donde se incluye el componente de aborto seguro, de 17.5% respecto a 2023, no se logra recuperar los recortes que dicho programa ha tenido desde 2019.[v]

Otro grave desafío es que se siguen realizando procedimientos para el aborto invasivos y que aumentan el riesgo para las mujeres y personas con capacidad de gestar sobre otros más seguros. Según datos de la SSA, entre 2021 y agosto de 2023, 56% de los abortos realizados en las primeras 12 semanas de gestación en instituciones de salud para población abierta se hicieron mediante un legrado uterino instrumental (LIU), un método en desuso y con mayor riesgo. Por el contrario, sólo 3% se realizó usando medicamentos, un método seguro y recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

Estos datos muestran que, para materializarse, los avances legales e institucionales necesitan de un presupuesto suficiente y de la adopción de protocolos y prácticas en los servicios de salud que, basados en un enfoque de derechos humanos, de género e interseccional, permitan garantizar estos derechos a las mujeres y personas con capacidad de gestar. Por ello, el 28S marchamos, bailamos al ritmo de los tambores, gritamos consignas, nos abrazamos y exigimos un aborto libre, seguro y sin culpas. Hasta que éste no sea una realidad, en Fundar no sólo seguiremos tejiendo la palabra, la convertiremos en lucha y marcharemos cada 28S por nuestros derechos.

* Claudia de Anda, Claudia García y Janet Oropeza son parte del grupo transversal de género en @FundarMexico.

[i] Previo a esa época también tenemos antecedentes en nuestro país por la lucha por el derecho al aborto, por ejemplo, en la década de 1930, con el trabajo de feministas marxistas.

[ii] El caso de Paulina es emblemático para la defensa del derecho al aborto en nuestro país. Para más información, cfr. https://www.corteidh.or.cr/tablas/r38460.pdf

[iii] Resoluciones de la SCJN de la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017 y del Amparo en Revisión 267/2023 donde concluye que las penas por el delito de aborto deberán ser derogadas por el órgano legislativo en el Código Penal Federal por ser inconstitucional, contrario a derechos humanos y por criminalizar el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes. https://gire.org.mx/blog/corte-despenaliza-el-aborto-a-nivel-federal/

[iv] De acuerdo con el Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro en México publicado por la SSA en 2022, éste implica que las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar puedan acceder a un aborto en condiciones seguras, de forma oportuna, con una atención integral, basada en la mejor evidencia científica disponible y con perspectiva de género y derechos humanos.

[v] Ver: Sin recursos no hay derechos. Análisis del Paquete Económico 2024. https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2023/09/PEF2024_Sin-recursos-no-hay-derechos.pdf

Fundar

https://www.sinembargo.mx/author/fundar

Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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