Documentos obtenidos en el hackeo a la Sedena ponen en evidencia el monitoreo que hacen informantes de esa institución, sin que se aclaren los propósitos. Vidulfo Rosales, abogado de las madres y los padres de los normalistas desaparecidos, se ve vulnerable a una agresión por sus diferencias con el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el Ejército.
Por Lourdes Chávez
Chilpancingo, Guerrero, 3 de octubre (ElSur).- La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) monitorea actividades de dirigentes de organizaciones sociales, así como de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y de su abogado Vidulfo Rosales Sierra, y los informantes las reportan a sus mandos. Los propósitos de estos reportes no son del dominio público.
El espionaje actual, que no es abiertamente reconocido por la institución, se pone en evidencia con documentos filtrados por el grupo de hackers «Guacamaya», que son parte de los miles de archivos que sacó del sistema de la Sedena.
En uno de los documentos, el informante explica de qué se trata: “me permito enviar a esa superioridad, referente al seguimiento de las actividades que realizan integrantes de diversas organizaciones sociales, así como líderes de grupos subversivos”.
Tras el ciberataque a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el que obtuvieron seis terabyte de información y documentos de operativos de seguridad, el grupo «Guacamaya» hizo públicos algunos documentos en la página https://enlacehacktivista.org/sedena/. De ese portal El Sur obtuvo documentos de dos casos.
MANIFESTACIÓN EN LA OCTAVA REGIÓN NAVAL DE ACAPULCO
En el documento destacado como “urgente”, número PI(SIIO)-1531, con fecha 7 de junio de este año y con referencia información, el Comandante del 56 Batallón de Infantería-Campo Militar de la 27 Zona Militar, Diego Antonio Chávez Alcaraz, señaló que en ampliación a su mensaje C.E.I número PI(SIIO)1530, respecto a las actividades “realizadas en esta ciudad y puerto por parte de alumnos de la escuela normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, “el grupo de personas continúan en el interior (entrada principal) de las instalaciones” de la Octava Región Naval de la Secretaría de Marina, y que actualmente es la Décimo Segunda Región Naval.
Añade que el grupo de personas son “liderados por el lic. Vidulfo Rosales Sierra, asesor legal de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ya que solicitaban la presencia del Comandante de la VIII Región Naval”.
Dice que a las 12:45 del día el resto del contingente permanecía en las inmediaciones de las instalaciones, y que además, habían bloqueado la avenida Costera Miguel Alemán en el sentido Base Naval-Escénica.
Menciona que cinco minutos después, el grupo de personas fueron atendidas por el Comandante del 22 Batallón de Infantería de Marina, Jafet Rojas Díaz Castillo, en representación del Comandante de la citada Región Naval.
Detalló que a la 1:20 de la tarde, Rosales Sierra “manifestó que ya habían sido atendidos, indicando que se logró el acuerdo con personal de citada Región Naval”, para que el 27 junio de 2022 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acudiera a esas instalaciones para revisar los archivos de esta dependencia.
Agregó que posteriormente todo el contingente abordó los autobuses y vehículos en los que arribaron a la ciudad, para retirarse del lugar.
De acuerdo con la información publicada en El Sur, ese 7 de junio, padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa llegaron a la Base Naval de Acapulco y a empujones abrieron la puerta y avanzaron unos 10 metros hasta que agentes de la Marina prepararon sus armas y cortaron cartucho, en una acción intimidatoria.
Aquel día los padres lograron llegar a la caseta de vigilancia de la Octava Región Naval, para exigir que la Secretaría de Marina (Semar) entregara los archivos e información de los acontecimientos de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, precisó que el 27 de junio una comisión de los padres de los 43 volvería acudir a la Región Naval para dar la fecha del día en que el GIEI, revisará todos los archivos que tiene la institución, hechos que confirman lo relatado en los documentos filtrados.
SEIS DIRIGENTES SOCIALES
En el documento de la Sedena, con carácter de “urgente”, número PI(SIIO)-5500, con fecha 23 de noviembre de 2021 y con referencia “actividades líderes”, que dirigió del 56 Batallón de Infantería – Campo Militar número 27-A “Gral. Brig. Leonardo Bravo”, Cumbres de Llano Largo, y responde el mensaje “F.C.A No. GAOI/490, de fecha 29 de enero de 2014, y se dirige al Comandante de la 27 Zona Militar (G.A.O.I.)- Campo Militar no 27-F “Gral. Div. P.A Gustavo G. León”, en Pie de la Cuesta.
Sostiene que en referencia al seguimiento de las actividades que realizan integrantes de diversas organizaciones sociales, así como “líderes de grupos subversivos” como: Raymundo Nava Ventura, a quien lo identifican como “dirigente de asociación civil coordinadora Xuajin Me’phaa, coordinador de la asociación civil ‘Tlapanecos’ y promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Ayutla».
También, menciona a Fernando Yáñez Muñoz, a quien lo tienen registrado con el alias de «Germán» e identificado como dirigente nacional del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); así como a Jorge Javier Elorriaga Berdegué, alias «Vicente», y a quien señalan como responsable de la Secretarías de Masas dentro de la estructura del EZLN y dirigente nacional.
El documento expone que otro dirigente a quien da seguimiento la Sedena es a Ubaldo Segura Pantoja, de quien refiere que es coordinador del Frente Popular Revolucionario (FPR), y de la cual indican, es una “organización fachada del Ejército Popular Revolucionario (EPR), en la región de la Montaña de Guerrero”.
Otro de los líderes sociales monitoreado es el secretario de comunicación política de la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE) del PRD, Félix Moreno Peralta, a quien identifican como secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG); el último dirigente monitoreado es Lucio de la Cruz Piña, de quien reconocen como militante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), ubicado en Coyuca de Benítez.
En el documento se informa que del 17 al 22 de noviembre de 2021 a “los citados dirigentes no se les detectó realizar actividad alguna en este sector militar de responsabilidad”.
Sin embargo, existe un segundo documento con número PI(SIIO)-392, también denominado “actividades líderes”, y con fecha de 6 de febrero de 2022, en el que también indica que este año continuó el monitoreo de actividades de los seis dirigentes del 24 de enero al 6 de febrero pasado.
Los dos documentos fueron firmados por el coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor (DEM), Marco Antonio Mendoza Mendoza, Comandante del 56 Batallón de Infantería.
SE VE VIDULFO VULNERABLE A UNA AGRESIÓN POR SUS DIFERENCIAS CON AMLO SOBRE EL EJÉRCITO
Como defensor de derechos humanos, contradecir al Presidente Andrés Manuel López Obrador lo hace vulnerable a una eventual agresión, dijo el abogado de las madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, consultado sobre la defensa del mandatario federal, al Fiscal Alejandro Gertz Manero, y al Ejército, ante los señalamientos de obstaculizar la investigación.
Sin embargo, precisó que el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), que envió el Subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, a la Fiscalía General de la República, de donde se filtró sin testar a una periodista de Reforma, aún no ha sido judicializado.
Por lo tanto, no está relacionado con cuatro militares detenidos en el caso, de una lista de 20 militares implicados, señalados en una misma causa penal.
La semana anterior, el Presidente habló a diario sobre el informe filtrado sin testar de la CoVAJ, así como de la conferencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que denunció obstáculos en la investigación, y el jueves hizo una referencia directa a Rosales Sierra que ha responsabilizado al Ejército por los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Son pueblo uniformado… no es el estereotipo que tiene el abogado (Vidulfo Rosales Sierra). O sea, con todo respeto, no es un Ejército matón…”, dijo el Presidente, argumentando que son son cinco y no 20 los militares involucrados en el informe de la Comisión, y quien sostiene algo distinto, “buscaban una rebelión” en la milicia.
En consulta telefónica, Rosales señaló que, “quien va a sacar la peor parte (de esta discusión) soy yo, el defensor. Me coloca en vulnerabilidad ante eventual agresión a mi persona, (aunque) no quiero que me llamen mentiroso, tampoco quiero estar en un debate ciego. Ahí está la carpeta de investigación”.
Aclaró que no ha habido reuniones recientes de los padres y representantes legales con el Presidente de la República, pero entiende que ya tiene una predisposición en su contra, “producto de la información sesgada que recibe de las Fuerzas Armadas” que ya está impactando en las redes sociales.
“Él aduce que (no es la institución) sólo son cinco militares, cuatro que están detenidos, señalados en el informe de la Comisión. No menciona la averiguación previa, donde también aparecen los otros militares acusados de delincuencia organizada y de desaparición forzada de los normalistas”.
Detalló que en esa causa penal, se estableció la acción penal contra 83 presuntos responsables, “ahí vienen los 20 militares, incluidos los cuatro que están siendo procesados”. El único que no está acusado por delincuencia organizada y desaparición forzada de los normalistas, es José Rodríguez Pérez.
