De 4 mil 425 expedientes de denuncias de hechos por personas no localizadas (hombres y mujeres) en el Estado de México –entre el 4 de agosto de 2014 a diciembre de 2018–, sólo un caso había sido caracterizado o catalogado como desaparición cometida por particulares, según datos que otorgó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) a organizaciones civiles, en febrero pasado.
Posteriormente, en junio, se modificó la cifra y la Fiscalía reveló que hasta la fecha llevaban al menos once casos judicializados por el delito de desaparición cometida por particulares .
Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- Colectivos de familiares de mujeres desaparecidas y organizaciones de derechos humanos exigieron que las recomendaciones emitidas en la segunda declaratoria de Alerta de Violencia Género para el Estado de México, específicamente por la desaparición de mujeres, sean reformuladas y que se construya un plan de trabajo urgente con la vigilancia y participación de las víctimas.
Además, demandaron al Estado Mexicano que la desaparición de mujeres sea reconocida y vinculada como un problema del orden público y no sólo a la violencia doméstica, y qué tal reconocimiento no sea sólo en Estado de México, sino en otras entidades de la República.
El pasado 20 de septiembre se decretó otra Alerta de Violencia de Género (AVG) para el Estado de México, ahora fue específicamente por el tema de desaparición. Esta es la primera Alerta en su tipo, es decir, que tiene que ver con la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes.
El grupo de trabajo para la emisión de la Alerta, identificó que en el Estado de México no hay prevención en los casos de desaparición; tampoco debida diligencia en la investigación y sanción, así como, de manera fundamental, hay una falta la atención a las víctimas, que incluye la reparación integral del daño.
La segunda AVG instruye al Estado de México elaborar, actualizar, implementar y evaluar los protocolos y acciones para la prevención, búsqueda, investigación localización, protección registro y judicialización de casos de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas.
Hoy, los colectivos Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia, Vivas Nos Queremos Neza, y las organizaciones I(dh)eas y el Instituto Méxicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), se pronunciaron al respecto.
Aunque reconocieron la declaratoria, reprocharon que las medidas y recomendaciones que se instrumentaron son laxas, pues muchas de ellas, incluso ya están en la ley.
“Pensamos que las medidas que dicta el grupo de trabajo de AVG son generales, de política que no llegan a atender la problemática. Si bien son importantes para atender la problema, pero que está en la recomendación son cosas que ya deberían de haberse hecho, que ya se deberían haber implementado. Las recomendaciones generales son buenas, pero van a fracasar, se tiene que enfatizar en acciones concretas”, expresó Ximena Ugarte, abogada de IMDHD.
Laura Curiel, de Alondras Unidas, dijo que es necesario que se formulen líneas concretas de acción y que se establezcan en un plan de trabajo, que deberían realizar con vigilancia los colectivos y sociedad civil experta.
“Pedimos que nosotras seamos vigilantes seamos parte del proceso para que podamos hacer efectivas las necesidades que tenemos como colectivas”, añadió Ugarte.
Elsa Arista de Vivas Nos Queremos comentó que la AVG es justo un mecanismo que debe de tener acciones urgentes, fiscalizadas e inmediatas para que pueda funcionar.
QUE EDOMEX RECONOZCA EL PROBLEMA
Laura Curiel enfatizó que una de las exigencias es que el Estado de México reconozca la desaparición de mujeres como un problema de orden público, es decir, que no tiene que ver solo con violencia doméstica, como históricamente se ha tratado por parte de las autoridades.
El grupo de trabajo de AVG también encontró que la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en el Estado de México no se caracteriza como un problema público, y eso provoca una “desarticulación de las acciones estatales y municipales encargadas de prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar dicha problemática.
“Tampoco se reveló la capacidad técnica para diagnosticar las necesidades específicas, trazar los objetivos y medir los resultados de la intervención gubernamental”, destaca el documento que declara la AVG .
Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización Idheas, informó que del 4 de agosto de 2014 al 31 de diciembre de 2018, se abrieron en total 4 mil 425 expedientes de denuncias de hechos de personas no localizadas (hombres y mujeres). De ese número solo 1 caso había sido catalogada –e investigada– como desaparición cometida por particulares.
Dichos datos fueron proporcionados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en una solicitud realizada por la organización y contestada en febrero del presente año.
Meses más tarde, en junio pasado, la FGJde Edomex indicó que hasta el momento tenían judicializados al menos seis carpetas de desaparición de personas, 4 de ellos mujeres. La organización Idheas pidió precisar las carpetas que se judicializaron, y entonces, la Fiscalía brindó otros datos: informó que, a junio de 2019, se judicializaron los casos de 11 víctimas de desaparición, de las cuales, nueve eran mujeres.
Con la declaratoria, el Gobierno del Estado de México deberá, entre otras cosas, revisar, analizar y llevar a cabo la reclasificación de las averiguaciones previas y carpetas de investigación que no fueron iniciadas por desaparición en los últimos cinco años, particularmente en los casos en que no se consideraba delito y en los que se ha clasificado como desaparición voluntaria, así como contemplar las líneas de investigación vinculadas a otros delitos como tráfico de personas, trata de personas, secuestro u otros.
Los colectivos dijeron que esperan que esta segunda AVG siente un precedente para mostrar que la violencia de mujeres es un tema de orden público.
“Para nosotras como organizaciones si bien el problema ya se tenía identificado, lo que no se quiere reconocer, de manera adecuada, es la magnitud del problema”, dijo Ugarte.
Los activistas buscan que las autoridades admitan que la desaparición de mujeres también está relacionada la trata de personas, feminicidios o hasta de delincuencia organizada. El reconocimiento es importante, para que las denuncias de desaparición no sean minimizadas y se les dé el tratamiento que requieren.
La abogada Ximena Ugarte, comentó que esperan que esta alerta también sea un precedente para otros estados con graves problemas de violencia de género, tales como Puebla, primer lugar de desaparición de niñas y adolescentes; Veracruz, con altos indices de feminicidio y Tlaxcala, conocido como primer lugar de trata de mujeres.
“Claramente hay un corrector donde la violencia contra las mujeres no es un asunto privado, sino un asunto de orden público”, dijo la defensora.
La Alerta fue solicitada por grupos de la sociedad civil el 25 de junio de 2018, que en ese entonces informaron que tan sólo en los municipios de Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca de Lerdo y Valle de Chalco Solidaridad desaparecieron total 3 mil 686 mujeres desaparecidas y no localizadas del 1 de enero de 2012 al 15 de septiembre de 2018.
La mayoría de las mujeres reportadas como no localizadas tenía entre 15 a 17 y de 21 a 29 años, al momento de su desaparición.
El 29 de agosto se instaló el grupo de trabajo de la AVG y el 18 de octubre, el grupo de expertas presentó su informe donde concluyó que “la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en los siete municipios del Estado de México es un problema” en el Estado de México.
El documento indica que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, adscrita a la Fiscalía General del Estado, cuenta a la fecha con 115 servidores públicos, entre ellos: 1 Fiscal, 29 agentes del ministerio publico, 56 agentes investigadores, dos antropólogos, dos choferes, dos escoltas, 10 trabajadores.
En la declaración de la AVG, se reconocieron solo 186 casos en Toluca, seguido por Ecatepec con 153 casos y 142 en Nezahualcóyotl; 142 en Valle del Chalco, Ixtapaluca con 65, Cuautitlán Izcalli con 59 casos.
El grupo de trabajo presentó una serie de observaciones al Estado de México, quien las respondió con un informe donde resaltó que estaban haciendo esfuerzos para atender el problema, como actualizar el protocolo de búsqueda, entre otros aspectos.
No obstante, el grupo de trabajo concluyó que la respuesta del Gobierno de Edomex carecía de evidencias suficientes que sustenten la información señalada respecto al cumplimiento de las diferentes Propuestas.
Verónica Berber, abogada de Id(he)as explicó algunas de las recomendaciones que instruye la AVG al Gobierno de Alfredo del Mazo, entre ellas, generar una estrategia dirigida a la población con un enfoque diferencial y especializado que inhiba y prevenga la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres.
También pide revisar y actualizar los protocolos en materia de desaparición de personas y no localizadas, en especial el Protocolo Alba y ODISEA; así consolidar la operación de la Unidad de Análisis y Contexto que genere la información estratégica que permita comprender porque se están dando las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres en el Estado de México.
Además, el Gobierno de Edomex deberá crear en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de México, con la Delegación del Instituto Nacional de Migración y cualquier otro ente público o privado, una estrategia de tránsito seguro para las estudiantes y las mujeres migrantes o sujetas de protección internacional, incluyendo los corredores seguros.
En materia de reparación del daño, la AVG demandó diseñar e implementar un Programa Integral, que incluyan la atención jurídica, psicológica y la generación de estrategias específicas para la atención de víctimas de desapa
