Pese a que en Baja California existe una Unidad Estatal de Trata de Personas, dependiente de la PGJE, que se dedica al rescate de víctimas e investigación de los casos, la realidad es que existen pocos o nulos protocolos institucionales para garantizar la recuperación de las personas -en su mayoría niñas, menores de edad-. La falta de una Comisión Interinstitucional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que se debió haber constituido desde 2012, ha dejado todo en manos de la sociedad civil y son ellos quienes con sus propios medios y recursos, terminan realizando una labor que le devuelve los sueños a las víctimas
Por Manuel Anaya
Tijuana, 3 de octubre (Zeta/SinEmbargo).– Andrea tenía solamente 5 años cuando comenzó a ser violentada y explotada laboralmente por su padre, la única persona que conocía como su familia y con quien vivía en una colonia popular de Tijuana.
No la dejaba estudiar, la obligaba a trabajar en diversas actividades con tal de que llevara unos pesos a la casa para que pudieran sobrevivir ambos; de no hacerlo y muchas veces con cualquier pretexto que se le presentara al señor, ella recibía golpizas que no comprendía.
La historia de Andrea -de quien se omite su nombre real- fue la misma durante más de once años. El no tener conocimiento de alguien más de su familia le llevó a sobrepasar esa situación durante tanto tiempo, y con los años se fue agravando.
Incluso tuvo que aguantar los momentos en que su padre, alcoholizado, trató de abusar sexualmente de ella, fue cuando se dio cuenta que algo “podía estar mal”, que no quería hacer lo que le obligaba su progenitor y, cuando cumplió 16 años, ya por salir de la secundaria, se acercó a una de sus maestras y fue ella quien le ayudó a salir de casa y a denunciar el caso.
“Me costó demasiado porque el abuso venía por parte de un familiar, para mí era todo lo que tenía, era muy difícil porque me sentía sola. Fue un abuso desde los 5 años hasta los 16, al final ya no soporté”, compartió con su semblante cabizbajo en entrevista con Zeta.
Andrea es una de las más de 280 víctimas de trata que han sido rescatadas en Baja California, ella en Tijuana, cifra registrada desde 2011 a la fecha, tiempo que lleva operando la Unidad Estatal de Trata de Personas, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
También es una de las mujeres menores de edad que representa a más del 50 por ciento del total de las víctimas que se han detectado en Tijuana, ciudad que por su condición fronteriza ha sido un foco rojo “latente” para la trata, delito que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al año genera ganancias por más de 40 mil millones de dólares.
DIFÍCIL DENUNCIAR
Alma Tucker, presidenta de la asociación civil Red Binacional de Corazones, compartió a Zeta que este 2018 han sido rescatadas diez personas que eran víctimas de explotación sexual, la mayoría niñas menores de edad que fueron regresadas con sus familias y a sus ciudades de origen.
Sobre los casos en particular, no ahondó demasiado y la Unidad de Víctimas de la PGJE no aportó mayor información, debido a que las carpetas de investigación “están abiertas” y la información es “muy hermética”.
Lo que sí compartieron, es que una vez que las personas son rescatadas, como muchas de ellas son de otras ciudades, lo que quieren es regresar a sus casas y la PGJE se encarga de devolverlas, y como no se les brindó atención en la ciudad, se les busca algún servicio en su localidad para que sean atendidas.
Los casos que sí se logran atender en Tijuana por parte de DIF Estatal y posteriormente por organizaciones civiles, son porque regularmente “es en casa donde está el problema”, es decir, que a las víctimas las estaba explotando el papá, la mamá, el padrastro, el tío o cualquier otro familiar, lo cual representa el 90 por ciento de los casos.
Es el caso de Andrea, cuyo lazo familiar en un principio no le permitía denunciar porque “a final de cuentas” era su padre. “Cuando me salí (de casa) no pensé en denunciar, porque era mi papá, le tenía un amor a pesar de todo lo que me pasaba, no tenía la fuerza para ir en contra suya”, reconoció
Para activistas como Alma Tucker, el hecho de que más del 50 por ciento de las víctimas sean menores de edad, se debe a que son las personas “más vulnerables” y por ende se voltea a ver a los hijos como algo que se puede disponer de ello, algo culturalmente arraigado en la sociedad mexicana, donde se ve al hijo “como mercancía o moneda de cambio”.
LA PRUEBA DE FUEGO: RECUPERARSE DEL DAÑO
De lo anterior resalta la importancia de “darles más valor y atención” a las niñas y niños, porque después del daño, ellos posiblemente pueden repetir esas conductas y de ser víctimas, pueden terminar siendo victimarios.
De igual forma, poder ayudar a las víctimas que han sido rescatadas a través de programas y atención personalizada que se fija de acuerdo al daño provocado en la niña o niño y a las necesidades que esto les representa, para que puedan recuperarse y reintegrarse nuevamente a la sociedad.
En Casa del Jardín, refugio para niñas y niños víctimas, la atención es de manera integral, aparte de que se les brinda hospedaje y ropa, también se les da atención psicológica, psiquiátrica, médica y dental, asesorías legales, educación y más.
Como generalmente las niñas están testificando en contra de su agresor, y los agresores “obviamente” no desean que ellas testifiquen en su contra, también tienen a su disposición altas medidas de seguridad para protegerlas.
Tucker señala que por lo general las niñas llegan con mucha desconfianza y no los ven como unas personas que “realmente” les van a ayudar, principalmente porque quien las defraudó fue la propia madre o el padre, alguien en quien ellas confiaban, lo cual “es normal que lleguen y no confíen en nosotros, incluso hay quienes temen que también nosotros queramos algo por ellas” y eso se convierte en todo un reto.
Para esas situaciones, en Casa del Jardín instrumentan un plan de modificación de conductas, un proyecto al que le denominaron “La Tiendita”, en el que a cada niño o niña se le da una cantidad de puntos y ellos tienen la facultad de aumentar ese número o perderlos.
“Si están siguiendo el programa o teniendo iniciativa, los van incrementando y, si no, se pierden privilegios, todo esto se hace de una manera muy positiva, reforzando las buenas conductas, no es fácil, toma tiempo, pero ellas van poco a poco reconociendo lo que es el bien, lo que es bueno, lo que son sus derechos, las oportunidades que se les brindan en la casa”, detalló.
Así es como se dan cuenta y observan en el refugio que el cambio se da de manera gradual, algunos en tres meses, otros en seis, otros hasta en varios años, porque “formaron corazas que no las puedes abrir, porque no están listos, por ello se les debe dar el tiempo a cada uno y por eso es que esto resulta tan complicado y costoso”.
La activista resalta que está comprobado psicológicamente que si una jovencita o jovencito fue explotado o abusado durante seis años, a veces tardan el mismo tiempo en sanar, pero ello se logra gracias a la atención interdisciplinaria, y es la que han instrumentado.
A Andrea, por ejemplo, le costó más de tres años poder darse cuenta que alguien le quería ayudar sin recibir nada a cambio, “que alguien simplemente quería verme feliz, que era ahora mi nueva familia y por fin podía tener algo a lo que podía llamar hogar”, compartió.
INCUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO COMPLICA EL TRABAJO
Pese a todos estos esfuerzos que hacen estas asociaciones civiles por ayudar a que las víctimas puedan recuperarse y luchar por sus sueños, consideran que aún hace falta mucho trabajo por hacer, y parte tiene que ver con el Gobierno del Estado, debido a que desde 2012 tuvo que haber creado e instalado la Comisión Interinstitucional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, como lo señala La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas; sin embargo, a la fecha “ni se ha convocado”.
Activistas como Alma Tucker y la asociación Unidos contra la Trata, han solicitado esta Comisión, la cual debería estar integrada por las secretarías de Desarrollo Social, del Trabajo, Educación, Seguridad Pública y Turismo; además de DIF Estatal y Municipal, Fiscalía de Atención a Víctimas, Instituto Nacional de Migración y Derechos Humanos, quienes “deberían estar trabajando en campañas sólidas contra la trata” y brindando atención interinstitucional.
“Al no haberla, se carece de fuerza y se tiene la falsa idea que el problema de la trata es exclusivo de la Procuraduría y que son los que tienen que hacer el trabajo, pero no es verdad: todas esas secretarías deberían estar inmiscuidas en ello, principalmente para detectar a las víctimas, porque pueden estar en las escuelas, hoteles, hospitales”, consideró Tucker.
Sobre todo porque, para poder detectar y salvar víctimas, se requiere de protocolos que “no existen y se pasa todo desapercibido”, lo que genera también que no se denuncien los casos, porque los testigos tienen miedo.
“Si existiera esta Comisión estarían velando por ellas, por las víctimas, porque cada quien desde su trinchera estaría trabajando en soluciones, por ello exigimos y solicitamos que se constituya esta comisión, la Ley lo exige desde 2012, se les dio un año para ello y no ha sido tema que se haya atendido”, destacó.
CUMPLIR SUS SUEÑOS, EL OBJETIVO
Mientras el gobierno “reacciona”, Andrea es contundente al pedir que si la ciudadanía sabe o se entera de algún caso, no se callen, que brinden esa ayuda que tanto se necesita porque “es triste saber que esas personas están sufriendo”, sobre todo porque “no saben” que sí hay gente que los quiere ayudar y que las víctimas pueden cumplir sus sueños y metas.
“A todos ellos, quiero decirles que no se sientan como alguien apartado de la sociedad, porque todos somos personas, todos pasamos por momentos difíciles y, aunque el dolor de cada persona es diferente y difícil de superar, sí se puede salir adelante”.
Después de varios años, Andrea es uno de esos llamados “casos de éxito” y ahora busca la manera de ayudar a las víctimas, además, está cumpliendo su más grande sueño: estudiar y terminar su carrera.
“Estoy en la universidad y me falta un año para terminarla, ya estoy trabajando, quiero tener una familia y apoyar a más personas, quiero servir a los demás”, finalizó la joven.
