Sandra Guzmán, experta en política ambiental, lamentó que México no esté apostando por una financiación clara para la mitigación climática y que este escenario, con la nueva administración federal que iniciará funciones el 1 de diciembre, no parece que vaya a cambiar.
En el mundo se estima que existen más de 900 tratados multilaterales y más de mil 500 tratados bilaterales, entre otros acuerdos internacionales que refieren a cuestiones ambientales.
Por Juan Carlos Machorro
México, 3 de octubre, (EFE).- México apenas ha invertido 8 por ciento del capital financiero para mitigar el cambio climático al que se comprometió al entrar en el Acuerdo de París, según datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) a los que tuvo acceso Efe.
Aunque el gubernamental INECC estableció que la cifra necesaria para implementar acciones de mitigación y adaptación en el periodo 2014-2030 es de 126 mil millones de dólares -casi 8 mil millones anuales- hasta el momento solo se han aportado un total de 10 mil 146 millones.
A nivel anual, las cantidades aportadas son muy similares año tras año, oscilando entre 2 mil y 3 mil millones de dólares, cifras que son lejanas a las que el país se comprometió a cumplir y que, a este ritmo, ponen cuesta arriba llegar al total estipulado.
En 2017, último año del que se tienen reportes, México aportó 2 mil 405 millones de dólares.
La coordinadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFCLAC), Sandra Guzmán, advirtió en entrevista con Efe que, de continuar el mismo escenario, el país tendría unas pérdidas estimadas de 143 mil millones de dólares de aquí a 2030.
Estas pérdidas derivarían de la no protección de los bosques, pérdida de productividad de los suelos y falta de control de emisiones de gases de efecto invernadero.
“Los dineros públicos deben ser redistribuidos para que no se detenga el apoyo por aspectos rutinarios o burocráticos”, apuntó la también fundadora del GFCLAC, iniciativa de organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas que trabajan en temas de cambio climático y transparencia.
Agregó que “se debe hacer un mejor análisis de designación y los capitales internacionales que llegan deben ser distribuidos no de forma esporádica, sino con base a proyectos con sinergias a nivel municipal y nacional”.
La experta en política ambiental lamentó que México no esté apostando por una financiación clara para la mitigación climática y que este escenario, con la nueva administración federal que iniciará funciones el 1 de diciembre, no parece que vaya a cambiar.
Guzmán aludió al plan del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de construir una nueva refinería, con lo que se está apostando por continuar la dependencia de los combustibles fósiles y, por ende, no reducir las emisiones.
Respecto al Fondo Verde del Clima (GCF por sus siglas en inglés), recordó que desde 2020 deberá tener unos 100 mil millones de dólares de aportaciones anuales por parte de los países desarrollados para acciones de los países emergentes.
No obstante “el dinero que se ha manejado en buena parte se ha ido en procesos bilaterales y en la actualidad solo se han recibido 10 mil millones de dólares”.
Esta cifra, según Guzmán, “se ha estancado con el retiro de Estados Unidos” del Acuerdo de París.
En el mundo se estima que existen más de 900 tratados multilaterales y más de mil 500 tratados bilaterales, entre otros acuerdos internacionales que refieren a cuestiones ambientales.
La enorme cantidad de documentos genera caos y tiene como resultado una gobernanza fragmentada, lo que complica el manejo tanto de la información como del financiamiento.
Al respecto, el director del Centro de Financiamiento Sostenible del Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés), Leonardo Martínez, dijo a Efe en una reciente visita a México que, para la nueva administración, mitigar el cambio climático debe ir de la mano de acciones que combatan la pobreza y el rezago social.
“Este es un tema esencial en el Plan Nacional de Desarrollo, ya que de no atenderlo se agravaría la pobreza y podría hasta existir una parálisis económica”, aseguró el integrante del WRI, organización no gubernamental de investigación dedicada al desarrollo sostenible.
Consideró que “se tiene que dirigir al país hacia nuevas tecnologías y una economía de bajo carbono con visión de inclusión social”.
Asimismo, apuntó que para que el sector privado financie proyectos “verdes” debe tener la garantía de rentabilidad. “Para lograrlo se requiere de un buen precio al carbono, un mercado de emisiones y un sistema de regulación que haga atractivo al país”, precisó.
El experto agregó otro factor de vital importancia: que los sectores financieros se desprendan del “miedo de invertir en lo nuevo”.
Respecto de la política energética de López Obrador, de seguir perpetuando los combustibles fósiles, coincidió con Guzmán en que no es lo más adecuado.
Como especialista radicado en Estados Unidos, subrayó que México es visto como un mercado atractivo para inversiones, pero que se deberá esperar al menos un año hasta que se asienten las nuevas autoridades y verificar qué mensajes mandan al extranjero en aspectos como energía solar, captación de carbono de los bosques y eficiencia energética, factores clave de una economía verde.
