Jesús Javier Tomas, representante ejidal de El Bajío, aseguró que la nula acción por parte de las autoridades estatales y federales se debe a que hay autoridades que están involucradas en favorecer a la familia Baillères, a pesar de lo dictado en los tribunales.
Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– Ejidatarios de El Bajío, quienes fueron despojados de 236 mil 709 onzas de oro, con un valor equivalente a 436 millones de dólares, por la minera Penmont, propiedad de la familia Baillères, celebraron la posible intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la disputa legal que mantienen con la compañía ante la nula respuesta del Estado mexicano.
“Para nosotros es de suma importancia ya que el Estado mexicano está invisible ante nuestra lucha y ante la violación sistemática de los derechos humanos que nos han acontecido, el Estado mexicano no ha hecho absolutamente nada. Quien nos debería a nosotros defender, quien nos debería preservar los derechos, pues el Estado mexicano y no lo ha hecho, es por esa razón que la ONU ha intervenido, así como han intervenido otros países como el Reino Unido, Suiza, que están muy comprometidos con darle seguimiento al caso nuestro. Para nosotros es muy importante porque si el Estado mexicano no nos quiere escuchar, pues que desde afuera le hablen y le estén gritando es muy importante para nosotros”, dijo Jesús Javier Tomas, representante ejidal, en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.
Jesús Javier Tomas, quien estuvo acompañado en la entrevista de Ariadna Mogollón, productora del documental Tolvanera, y del ejidatario Erasmo Santiago, aseguró que la nula acción por parte de las autoridades estatales y federales se debe a que en el Gobierno hay autoridades que están involucradas en favorecer a la familia Baillères, a pesar de los dictado en los tribunales.
“Hablando de esa familia prominente, que más que prominente diría yo que son de saqueadores, cuando hablas de la inacción del Gobierno yo me voy más a la segunda palabra que es complicidad, el Gobierno está totalmente involucrado pero en favorecer a esta familia, todo lo que el Gobierno hace es para beneficiarlos, para detener la acción, en este caso el mismo Tribunal que dictó la sentencia y que está obligado por Ley a ejecutarla de manera pronta y expedita como la misma ley dice está deteniendo la ejecución”.
Al ser cuestionado sobre si el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene conocimiento de los hechos, Jesús Javier Tomas indicó que sí, pero dijo, con el paso de los años ha ido cambiado su posición.
“En dos o tres ocasiones en las mañaneras ha respondido cuestionamientos que le ha hecho la prensa y sí tiene conocimiento pleno, pero ha cambiado mucho la versión. En 2016 dijo que Baillères se había hecho rico al amparo de la mafia del poder y ahora que falleció dijo que eran grandes amigos, que intercambiaban puntos de vista, entonces en estos años cambió mucho el discurso, cuando alguien dice una cosa y luego otra el diccionario dice que es una mentira”.
Los denunciantes recordaron que como Jefe del Ejecutivo, el Presidente López Obrador tiene la capacidad de poner orden en los tribunales agrarios, los cuales forman parte de este poder, pero dijeron, el mandatario ha preferido no meterse en este tema.
“Que ponga orden. Los tribunales agrarios son tribunales administrativos que no dependen del Poder Judicial sino del Ejecutivo, al ser administrativos entonces dependen directamente del Presidente de la República. Cuando algo está mal, se supone que tú como titular del Ejecutivo estás ahí para ponerle remedio, para solucionar los problemas que tenga cualquier institución y él lo puede hacer, no lo quiere hacer, pero de que puede y tiene la obligación de hacerlo la tiene”, argumentó.
En cuanto al rol que ha jugado el actual Gobernador, Alfonso Durazo, Jesús Javier Tomas mencionó que se ha mantenido al margen, ignorando la situación por momentos. El representante ejidal recordó que antes de asumir el cargo, el exsecretario de Protección y Seguridad Ciudadana reclamaba justicia por el caso del ejido El Bajío.
“Se ha mantenido un poco al margen, sigue haciendo lo que hacía la Gobernadora, ignorarnos por ejemplo. Cuando él era oposición en 2016, él se pronuncia y saca unas notas en la página de Morena donde dice que exige una investigación independiente por el caso del ejido El Bajío, ahora que él es el Gobernador el señor únicamente guarda silencio, hemos querido verlo infinidad de ocasiones por lo mismo, porque es la Fiscalía la que nos está agrediendo, la que nos está hostigando. No nos ha recibido ni él, ni la Fiscal tampoco pero sí visita las instalaciones de La Herradura”.
Jesús Javier Tomas exigió al Gobernador Durazo poner mano dura contra las mineras que operan en Sonora y cortar la relación que tiene con estos grupos.
“Que deje de implicarse con la minera, que deje de involucrarse, que haga su trabajo como Gobernador, el podría coadyuvar a la solución de este conflicto, si él llama a la minera y le pide que acate la sentencia nada más, es inamovible, es inapelable, no pueden hacer nada en contra de esa sentencia. Las mineras para trabajar en tu estado requieren la anuencia del Gobierno municipal y estatal, él podría obligarlos a negociar, a restituir, a hacer lo que tengan que hacer o no trabajan más en mi estado. No es posible que digas que generas riqueza, que generas empleo, que generas bienestar, pero destruyes, devastas, contaminas y te pasa la ley por el arco del triunfo, tú como Gobernador no puedes permitir eso”.
Desde hace más de una década, ejidatarios de El Bajío, ubicado entre los municipios de Puerto Peñasco y Caborca, en Sonora, están en pie de lucha contra los Baillères, una de las familias más ricas del país. La minera Penmont, propiedad de Fresnillo, subsidiaria de Industrias Peñoles, el brazo minero del Grupo Bal de los Baillères, es acusada de haber realizado exploraciones y explotación minera en sus territorios de forma ilegal, desde los años noventa. En esa década, la compañía de los Baillères, pidió un permiso de exploración, el cual al ser otorgado dio pauta para que iniciaran ilegalmente tanto la construcción de la mina Dipolos, así como extensión de La Herradura —que en 2020 produjo 55.3 por ciento del oro total de Grupo Bal—, con las cuales los ejidatarios perdieron el acceso a todo su territorio, según han denunciado.
En aquel entonces les pagaron 16 mil pesos a cada uno de los 77 ejidatarios y nunca más se volvió a saber de la minera hasta que vieron la mina en forma, que estaba explotando oro a gran capacidad. Notaron un despliegue y movimiento de maquinaria pesada. A partir de entonces no tuvieron acceso a su tierra. El Ejército mexicano, dijeron, custodiaba la mina y no les permitía entrar a la tierra a ninguno de ellos.
La situación llevó al inicio en 2009 del conflicto legal entre el ejido El Bajío y la minera Penmont. Ese año un grupo de ejidatarios interpuso un juicio agrario —el 188/2009— con el objetivo de que la minera les consultara la pertinencia de las acciones emprendidas dentro de su territorio.
La minera Penmont, propiedad de Fresnillo, subsidiaria de Industrias Peñoles, el brazo minero del Grupo Bal de los Baillères, es acusada de haber realizado exploraciones y explotación minera en sus territorios de forma ilegal, desde los años noventa. En esa década, la compañía de los Baillères pidió un permiso de exploración, el cual al ser otorgado dio pauta para que iniciaran ilegalmente tanto la construcción de la mina Dipolos como su extensión de La Herradura —que en 2020 produjo 55.3 por ciento del oro total de Grupo Bal—, con las cuales los ejidatarios perdieron el acceso a todo su territorio, como han denunciado reiteradas ocasiones.
En 2013, los ejidatarios interpusieron 67 juicios agrarios contra Penmont, en los cuales el Magistrado Manuel Loya Valverde les dio la razón al sentenciar en 2014 que la empresa de los Baillères debía desocupar y entregarles las tierras —lo cual tuvo que llevarse a cabo mediante la intervención de las fuerzas del orden—, regresarlas, además, al estado que tenían antes de la ocupación, así como a devolver el oro que se extrajo, y a indemnizar a los afectados por el uso de sus tierras.
Pero nada de eso ocurrió.
Han pasado desde entonces ocho años del fallo sin que se ejecuten las 67 sentencias que dictó el Tribunal Agrario, y la situación a partir de ese momento, según han denunciado los ejidatarios de El Bajío, ha empeorado.
Una muestra de los obstáculos de esta lucha es retratada en el documental Tolvanera (2021), dirigida por el periodista Ángel Melgoza, quien en 2018 fue amenazado junto a otros periodistas por hombres armados mientras se internaban en el desierto de Sonora para documentar la persecución en contra de los ejidatarios de El Bajío.
Ariadna Mogollón, productora de Tolvanera, indicó que el documental ha permitido hablar del caso del ejido y llevarlo a la opinión pública, además de que también ha servido como una herramienta para abrir puertas.
“Tolvanera ha sido una película para abrir y exponer el caso, también la ONU, el acercamiento fue a partir de la película, una persona que trabaja dentro de la Oficina de derechos humanos vio la película, se acercó y a partir de ahí empezamos a establecer una relación con la ONU, con la Oficina de derechos humanos aquí en México para poder llevar el caso, para que ellos puedan acompañarlo y puedan colocarlo dentro de las relatorías de la ONU, esto es fundamental para el ejido, es una manera para que el caso no se quede solamente en México, que se pueda ejercer una presión internacional, las películas permiten eso cuando generamos cadenas de impacto, creemos que la película es una ventana muy importante para que el caso se dé a conocer”, dijo.
Finalmente, los denunciantes afirmaron que pese a las represalias e intimidaciones, continuarán con su lucha hasta las últimas instancias y hasta donde la vida se los permita.
“Hasta donde la vida nos permita porque como sabes ya hay cuatro compañeros que no están con nosotros, que han asesinados. Nosotros estamos dispuestos a llevarlo a donde se tenga que llegar y hasta donde la vida no lo permita también porque obviamente no solo nos han matado a cuatro, nos han levantado a 12, han encarcelado a otros 12, sí está complicado mantener una lucha contra esta familia porque el Gobierno es quien la protege”.
