Hace un par de días el Presidente López Obrador rindió su Tercer Informe de Gobierno. Con su tono triunfalista acostumbrado, disparó logros, cambios, datos acomodados a conveniencia. Las variables macroeconómicas, la gestión de la pandemia, los programas sociales, son indudablemente de la mayor relevancia social. El Presidente, acostumbrado a polemizar, ya lanzó el buscapies y el resto de la semana será tema de la agenda pública si son correctas las afirmaciones sobre la recuperación económica, las cifras de vacunados o la cobertura de la asistencia social. Nada nuevo bajo el sol. La tónica es la misma de hace tres años: el Presidente pone agenda hasta que pone la siguiente agenda.

Sin embargo, hay algo que causó profunda molestia al movimiento de derechos humanos, particularmente a las víctimas. Dice AMLO, otra vez, “ya no hay violaciones a derechos humanos”. Con las víctimas no se juega y parece simplón, ofensivo y desdeñoso decir que ya todo está bien. Lo peor de todo es que el Presidente está convencido. Me explico.

Dicen quienes conocen los andares de AMLO por la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal que era un calvario lograr que aceptara las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos local. La razón era tan sencilla como absurda. Él no ordenó las torturas, detenciones arbitrarias, malos tratos y demás vejaciones cometidas por la PGJ, la policía o las autoridades penitenciarias en la capital.

Efectivamente, él no ordenó las agresiones contra migrantes documentadas los últimos días o la masacre de migrantes guatemaltecos en Camargo, Tamaulipas. Tampoco instruyó para agredir a periodistas cada 12 horas, aunque su retórica de descalificación y estigma ayuda poco o no ayuda a mejorar la seguridad de la prensa. Mucho menos presionó a los policías de Mérida para torturar, violar y matar a Eduardo Ravelo. Los miles de actos de tortura o desaparición, así como las decenas de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias no se cometen en cumplimiento de los dictados provenientes desde Palacio Nacional.

Pero acá el gran problema es que él representa a un Estado que sí ordena o permite violaciones a derechos humanos. México es responsable internacionalmente por las violaciones a derechos humanos cometidas por la Marina, el policía estatal de Tamaulipas o el servidor público municipal de Pátzcuaro. Pensar lo contrario es caer en el engañoso debate que se suscitó a raíz de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, cuando se clamaba “fue el Estado”. Y sí fue el Estado desde el momento que los policías municipales participaron en contubernio con grupos criminales. Sí fue el Estado en el preciso momento que las corporaciones policiacas federales y castrenses decidieron no hacer nada.

Porque el Estado no es el Presidente. Aunque nos cueste deshacernos de esa rancia cultura política autoritaria priista, debemos aceptar que el Estado mexicano no se agota en la figura del Presidente. Pero él sí representa a un Estado y es su cabeza, su Jefe, por mandato constitucional. Y tiene que rendir cuentas ante el foro internacional por lo que pasa en un intricado y barroco sistema federal, donde hay gobiernos estatales y municipales. Ni modo, esas son las reglas del juego. Más aún, tiene que rendir cuentas por sus subordinados en el Gobierno federal que vulneran la dignidad de las personas (por ejemplo, la de los migrantes en su cruce por territorio nacional).

No puede simplemente borrarse de un plumazo la realidad de emergencia que se vive en materia de desapariciones que ya acumulan 91 mil víctimas. Tampoco puede dejarse de lado lo sucedido con la prensa mexicana que está bajo constante asedio de gobiernos y grupos criminales. La violencia contra las mujeres, en especial los feminicidios, que van al alza con la subsecuente inacción de autoridades. Las masacres que se acumulan por decenas sin que se esclarezca de manera satisfactoria ninguna de ellas.

La negación de las violaciones a derechos humanos, y peor aún, de atrocidades como las que acontecen todos los días en este país, suman más a la impunidad y evaden el dolor de las víctimas. Negar estos actos es simple y sencillamente re-victimizante para quienes han sufrido el agravio de autoridades desde hace cinco, cuatro, tres, dos o una década, ayer, hace un mes o hace dos días. Porque en este país se violan los derechos humanos diario, de forma generalizada y desde el Estado poco o nada se hace por parar esta cascada de violencia de Estado. Porque en este país, nuestra clase política optó por hundirnos en la cloaca de la impunidad que parece cada vez más profunda e insalvable.

Pongo un ejemplo. Hace un mes nos fue notificada la sentencia que ampara y prácticamente absuelve a Kamel Nacif, el rey de la mezclilla, por la tortura cometida en agravio de la periodista Lydia Cacho. El tribunal abrió las puertas para sus cómplices, entre ellos Mario Marín, hoy detenido pero seguramente liberado en un par de meses más. Nadie tiene duda de la responsabilidad de estos sujetos, pero al parecer una parte de la SCJN (en 2007) y un tribunal colegiado en Quintana Roo, sí.

No, el Presidente no tomó la decisión. Pero sí representa a un Estado que es responsable internacionalmente debido a que el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó en 2018 que efectivamente hubo una conspiración para censurar y torturar a Lydia ¿Qué van a decir en el foro internacional? ¿Usarán justificaciones de que los jueces son corruptos, de que es un problema heredado, es que nos heredaron”? Les adelanto lo que les van a contestar en este y otros espacios de rendición de cuentas ante mecanismos de derechos humanos: ustedes representan a un Estado y lo que haga desde el más alto hasta el funcionario de menor rango es responsabilidad. Peor, les van a recordar que la omisión también es complicidad.

Si pueden corromper jueces, por qué no hacen nada para prevenir. Si las fiscalías están podridas, por qué no las transforman y permiten que sigan cooptadas por los criminales del pasado. Si siguen desapareciendo personas, matando mujeres por ser mujeres, torturando en las mazmorras de Mérida, Morelia o Hermosillo, masacrando en León, Aguililla o Coatzacoalcos; por qué no hacen nada para prevenirlo. Si el Ejército es fuente de abusos por la desnaturalización de sus funciones, por qué profundizar la militarización de la seguridad.

Si… si… si... Siempre una larga lista de condicionantes que siguen sin ser respondidas por quienes prometieron de cara a las víctimas que este país iba a ser uno más digno, humano y justo. Y no, desafortunadamente no lo han logrado. Eso, además de un fracaso político, los hace responsables también. El primer cambio verdadero será aceptar que lo hecho hasta hoy no ha funcionado. Eso ayudará de forma significativa para enmendar el camino y darnos la justicia que todxs anhelamos.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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