La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, presentó una querella en contra de Elías Beltrán y su esposa Marcela Kuchle López, por presunto lavado de dinero, en junio de 2019.
Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- Un Juez federal rechazó el amparo promovido por Alberto Elías Beltrán, exencargado de despacho de la extinta Procuraduría General de la República (FGR), con el que solicitó una revisión a la investigación que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició sobre su patrimonio.
De acuerdo con el reporte de medios nacionales, el exfuncionario investigado por omitir una cuenta bancaria en su declaración patrimonial, reclamó que la Dirección de Verificación Patrimonial B de la SFP pasó por alto la revisión de “las causas de improcedencia” del procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en su contra.
A este respecto, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México -Germán Cruz Silva-, desechó el juicio de amparo interpuesto por Beltrán el 18 de agosto último, por considerarlo improcedente.
En junio de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó una querella en contra de Elías Beltrán y su esposa, Marcela Kuchle López, por presunto lavado de dinero.
Días antes, el exfuncionario con Enrique Peña Nieto aseguró que no tenía conocimiento de que las autoridades lo investiguen por su presunta participación en el delito de lavado de dinero.
“No tengo conocimiento de la denuncia. No he sido citado por parte de la Fiscalía General de la República. Pero en ningún momento ni su servidor, ni mi esposa, realizamos una actividad ilícita y mucho menos con dinero perteneciente al erario”, dijo en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.
La UIF mencionó en su demanda que hicieron diversos movimientos financieros en las cuentas bancarias de la esposa de Beltrán, cuya suma ascendía a los 100 millones de pesos provenientes de varios despachos de abogados.
Como respuesta, el ex funcionario acusó una venganza por parte del titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, a quien destituyó de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en octubre de 2017 por “violentar el principio constitucional de debido proceso y el Código de Conducta” de la entonces PGR.
