El estado del bajío acumula meses de un aumento importante de homicidios y a las ejecuciones su han venido a sumar recientemente ataques con explosivos contra comercios y casos de secuestros masivos.
Ciudad de México, sábado 3 de septiembre de 2016 (Sin Embargo).- La violencia se ensaña con Guanajuato, de nueva cuenta. Sólo en agosto la entidad registró 95 ejecuciones, para acumular desde enero 625 casos, de acuerdo con información del periódico Reforma. Las muertes violentas habrían sido especialmente numerosas en los últimos cuatro meses, periodo en el que se registraron 354 de ellas.
Al menos 10 de esas muertes se habrían producido en Pénjamo y Acámbaro, durante los cuatro días posteriores a la entrada en vigor del Mando Único Regional policial en la región, el cual está a cargo del general Felipe Gurrola Martínez.
El propio Gurrola Martínez, ante la multiplicación de ejecuciones en el estado, tuvo que negar ante la prensa la presencia en Guanajuato de algún “cártel dominante”, y dijo que la violencia era producto de la actividad “sólo de células”.
Días después del hallazgo de los 10 cadáveres, el procurador del Estado Carlos Zamarripa Aguirre aseguró que al menos cuatro de las víctimas eran de Michoacán y que sus cuerpos habían sido tirados en Pénjamo, hecho que fue posible por la falta de presencia policial en la zona.
Agregó que el gobierno de Guanajuato incrementaría la vigilancia en la zona y trabajaría con las autoridades de Michoacán para evitar esos incidentes.
Sin embargo, en la misma zona de Pénjamo, septiembre inició con más muerte y hallazgos trágicos. Un hombre y una mujer fueron encontrados en la cajuela de un coche, luego de que la policía respondiera al reporte de una auto abandonado sobre la carretera estatal cerca de las comunidades de Tacubaya y El Huizache.
Los dos cuerpos se encontraban dentro de un vehículo Cadillac con placas de Michoacán.
El hombre estaba maniatado de pies y manos, pero no mostraba lesiones de arma aparentes; la mujer presentaba varias heridas de bala en el tórax y tenía entre seis y ocho horas de muerta cuando fueron hallados.
Un día después, el viernes 2, otros dos cuerpos fueron encontrados en la región. Uno, en un sembradío de la localidad de Novilleros; el otro, en una casa de la comunidad de Padrera de Gala, ambas en Abasolo. Ambos cuerpos presentaban avanzado estado de descomposición.
Pero no son sólo cuerpos que brotan aquí y allá el único problema que enfrenta la entidad.
ATAQUES CON EXPLOSIVOS Y SECUESTRO
El lunes 29 de agosto, en la comunidad de Abasolo, dos hombres llegaron a la esquina de Mina y Leandro Valle, sacaron un artefacto explosivo y lo colocaron cerca de la cortina de un expendio de cerveza que en ese momento estaba cerrado.
Minutos después se escuchó un estallido que dejó seis heridos, uno de ellos de gravedad.
Al principio se pensó que se trataba de una explosión producto de una fuga de gas, pero tras las primeras diligencias las autoridades de protección civil detectaron lo que parecían ser restos de un explosivo y solicitaron la presencia del ejército, Al final, los militares se quedaron con la evidencia.
Sólo unos días más tarde, la mañana del viernes 2 de septiembre se produjeron otras dos explosiones que dañaron dos comercios en la misma localidad.
La primera detonación dañó una tortillería ubicada sobre la calle Bugambilias. La segunda, cerca del sitio del primer incidente, afectó una tienda de abarrotes. Esta segunda detonación dejó dos mujeres heridas, una de ellas con una herida de 10 centímetros de profundidad en una pierna.
Según testigos del hecho, sujetos que viajaban en un vehículo Chevy pasaron por el lugar y arrojaron los explosivos. Las autoridades del estado prometieron dar con los responsables.
Sin embargo, el alcalde de Abasolo, Samuel Amezola Cevallos minimizó los hechos y los calificó como “hechos aislados”.
“Bueno son hechos asilados, desde luego que yo tengo confianza en que con mayor presencia y la labor coordinada que estamos haciendo con la Secretaría de Seguridad Pública podremos eliminar este tipo de acontecimientos”, dijo el edil.
Un par de semanas antes, el viernes 19 de agosto, hombres armados privaron de su libertad a siete personas que se encontraban en una vulcanizadora en la localidad de Cerro Gordo.
De acuerdo con las primera informaciones sobre el caso, 10 individuos que portaban uniformes policiacos se presentaron en una vulcanizadora donde se encontraba conviviendo un grupo de personas. Entre ellas se hallaban el dueño del negocio y dos menores de edad que, aparentemente, habrían llegado al local para inflar las llantas de sus bicicletas.
Los hombres armados les ordenaron a todos subirse a los vehículos que llevaban.
Los familiares denunciaron el hecho a las autoridades. Fuentes no oficiales aseguraron que algunos de los desparecidos podrían estar vinculados con el robo de combustible.
Cinco días después de lo sucedido, el Procurador Zamarripa dijo que las siete personas no estaban detenidas por ninguna corporación oficial, sino que habían sido privadas ilegalmente de su libertad.
El hecho dejó al descubierto posibles problemas de colaboración entre las autoridades del estado, encabezadas por Zamarripa, y el delegado de la Secretaría de Gobernación en la entidad, Javier Aguirre Vizuet, incapaces ambos de explicar, hasta ahora, el destino de los siete desaparecidos.
Las malas noticias sobre violencia en la entidad no son nuevas. Al menos tres de sus ciudades más importantes estarían incluidas en la lista de los 50 municipios más violentos del país, los cuales concentrarían el 42 por ciento de todos los homicidios que ocurren México, de acuerdo con el gobierno federal.
Esos tres municipios guanajuatenses serían León, Celaya e Irapuato.
La lista está encabezada por Acapulco, Tijuana y Culiacán y en todos esos municipios se estaría aplicando una nueva estrategia de seguridad por órdenes del Presidente Enrique Pela Nieto.
–Con información de Zona Franca
