Sao Paulo, 3 sep (EFE).- Los especialistas españoles Paulí Dávila Balsera y Luis María Naya Garmendía, de la Universidad del País Vasco, pidieron hoy a Brasil fortalecer su sistema educativo antes de dar el paso para la discusión de reducir la edad de responsabilidad penal que se tramita en el Congreso.
Dávila Balsera, Naya Garmendía y el brasileño Eduardo Nunes, de la Asociación Nacional de Historia, fueron los encargados de abrir el ciclo de debates sobre los 25 años del Estatuto del Niño y el Adolescente (ECA, por su sigla en portugués) que realiza el Memorial de la Resistencia, en Sao Paulo.
“La cárcel no es el camino de la reinserción social”, afirmó a Efe Naya Garmendía, profesor titular de Educación Comparada en el campus de San Sebastián.
La Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 171, que reduce de 18 a 16 años la edad de responsabilidad penal en los casos de crímenes graves, fue aprobada por la Cámara de Diputados y deberá ahora ser votada en el Senado y, de avanzar, irá a sanción presidencial.
Según Naya Garmendía, la discusión pasa por “mejorar la calidad de la educación y la inclusión”, porque en cualquier país, y en particular Brasil por sus dimensiones geográficas, “no se puede dejar a los niños por fuera de la escuela”.
“En muchos casos la escuela es la única esperanza”, aseveró el académico, para quien el tema de la edad de responsabilidad penal “es un debate internacional muy amplio”, en el que reducciones “drásticas” en países como Suiza o el Reino Unido “no solucionaron los problemas”.
En marzo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que describió esta iniciativa brasileña como “un retroceso social”, indicó que los actos delictivos cometidos por adolescentes en Brasil representan tan sólo un 4 % del total y de ese porcentaje sólo el 2,9 % son crímenes graves.
La Constitución brasileña de 1988 señala a los más jóvenes como “una prioridad absoluta”, pero sólo hasta 1990 esa directriz fue articulada mediante la Ley 8.069, más conocida como el ECA.
Ese estatuto establece que, a partir de los doce años, un menor puede ser internado por un período de tres años, que será ampliable a tres años más en régimen semiabierto, si su comportamiento no es considerado apropiado por parte de un equipo técnico del reformatorio.
Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han pedido a la sociedad brasileña que muestre su oposición a la medida, pero recientes encuestas apuntan a que un 87 % de la población es partidaria de la reducción de la edad penal, más con el argumento de poner fin a la impunidad que al de reducir la criminalidad.
En ese sentido, Dávila Balsera, catedrático de Historia de la Educación en la universidad vasca, comentó a Efe que “la última decisión de un juez tendría que ser la del castigo, la de la punición” y antes abordar el tema de la “resocialización” porque, a su juicio, “socialmente se tendrán consecuencias en el futuro”.
Para el experto, “son muchas las causas que promueven” la delincuencia juvenil, asociada casi siempre “a las condiciones sociales de pobreza” y, en ese sentido, el “combate al crimen organizado” ayudaría a inhibir la acción de ese tipo de grupos en la población “más vulnerable”.
El gobernante Partido de los Trabajadores (PT), de la presidenta, Dilma Rousseff, y otros partidos de izquierda se oponen a la PEC y llegaron a proponer mantener el actual ECA con algunos cambios, como aumentar la reclusión de los menores infractores de los actuales tres años hasta entre ocho y diez años.
Los especialistas españoles expusieron sus experiencias académicas a partir de la perspectiva histórica de los derechos de los niños en América Latina, mientras que Nunes hizo un recuento sobre el tema en Brasil durante el siglo XX.
Durante la visita de los académicos españoles, quienes participan también en Sao Paulo del Simposio sobre Patrimonio Histórico Educativo Iberoamericano, se firmó un acuerdo marco para el intercambio de estudiantes y docentes entre la Universidad del País Vasco y la estatal brasileña Universidad de Campinas (Unicamp). EFE
