Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– Más de 20 organizaciones civiles y expertos en la materia pidieron a la Cámara de Diputados y al Senado de la República abrir el diálogo para hacer en conjunto la Ley General contra la Tortura, la cual debe ser expedida en los próximos seis meses.
En compañía de víctimas de este delito, exigieron a las autoridades que la legislación contemple los estándares mínimos en materia de prevención, investigación y sanción por tortura, y atender las recomendaciones emitidas por los diversos mecanismos y organismos internacionales.
Activistas denunciaron que no se ha consultado a la sociedad y que no ha habido un acercamiento a la fecha, por ello emitieron misivas para solicitar de manera formal que sean consultados, pues existen diversos puntos nodales en la discusión, como: que se emitan medidas integrales, superando el tema de las indemnizaciones; contar con peritos independientes que realicen exámenes físicos y psicológicos; que ante cualquier indicio de tortura, en el sistema penal acusatorio, se reinicien las diligencias con el fin de garantizar derecho a la justicia; mejorar las deficiencias en el marco normativo en materia; y, entre otras propuestas, eliminar el requisito de gravedad, con el fin que cualquier caso pueda ser atendido y resuelto.
Stephanie Erin Brewerm, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, aseveró que se realiza la tortura para evitar derechos penales democráticos.
“La tortura se usa en sustitución de una investigación científica real. Es más fácil coaccionar una declaración, que realizar una procedimiento correcto”, dijo Erin Brewerm.
Ejemplo de ello, ha sido el caso de Claudia Medina Tamariz, quien en 2012 fue detenida en su natal Veracruz por elementos de fuerzas federales, para ser acusada y relacionada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Claudia, quien hoy es defensora de derechos humanos y que fue absuelta este años, narró que fue retenida 36 horas incomunicada, y fue sujeta a tortura psicológica, física y sexual. Luego presentada ante un Ministerio Público.
Tras años de pedir que se castigue a los culpables, no ha habido respuesta, comentó. “Aquí lo que las personas que hemos sobrevivido a la tortura, la justicia no llega, es un proceso muy largo”, explicó Medina Tamariz.
Por ello urgió a los legisladores federales que: “Hagan lo que les toca y que lo hagan bien. En esa ley estamos exigiendo tres puntos: que no se use ninguna prueba que se haya obtenido bajo tortura, investigación de acuerdo a la ley, y que las víctimas tengan acceso a exámenes médicos y psicológicos por peritos independientes”.
El Centro Prodh informó sobre la importancia de exámenes independientes. De acuerdo con datos de 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) realizó 2016 evaluaciones físicas y psicológicas, en sólo seis casos se reconoció que existían secuelas de tortura.
“Estos peritajes en lugar de detectar la cultura ayuda a encubrirla”, opinó Stephanie Erin Brewerm, quien además detalló que las procuradurías monopolizan este tipo de procedimientos al no aceptar las conclusiones de peritos externos.
El pasado 10 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 73 que faculta al Congreso (quienes el 1 de septiembre inició el periodo ordinario de sesiones) a expedir leyes generales en diversas materias, entre ellas tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En marzo de este año, el Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, expresó que la tortura en México es generalizada y ocurre en un contexto de impunidad, lo que es un aliciente para su repetición y agravamiento.
En su informe sobre el tema, Méndez recomendó a México “reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado, conforme a la normativa internacional, constitucional y penal”.
Sin embargo, el Estado mexicano rechazó el informe e incluso, en voz de Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que el Relator de la ONU no fue “profesional y ético”.
Sumado a ello, el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, secundó las palabras de su subsecretario. “Suscribo todos y cada uno de sus términos”, dijo. En respuesta, el Relator Méndez envió una carta en la que afirmó que nunca esperaba una acusación “de México en ese sentido”.
Afirmó que fue “con mucho pesar” que llegó a la conclusión de que la tortura en México es generalizada. “Pero lo he hecho bajo el entendimiento de que su Gobierno me invitó a conducir una visita para realizar una evaluación sincera de la situación, no para minimizarla o presentarla bajo la mejor luz posible”, expuso.
Diversas organizaciones como Amnistía Internacional aseguraron que las respuestas del Gobierno mexicano, más que intentar descalificar la labor de Méndez, intentaba desviar el tema centra y poner “excusas” para cerrar casos de impunidad y tortura.
En ese contexto, un grupo de organizaciones y expertos pidieron a los legisladores federales abrir el diálogo para la Ley. Para Claudia Medina Tamariz “hay una crisis, porque creo que la tortura se le salió de las manos a todas las autoridades, municipales, estatales y federales”.
De acuerdo con datos del Centro Prodh, con datos de solicitudes de información, la tortura no es castigada en el país y se practica para que otros delitos queden impunes, porque durante los últimos 20 años sólo hay cinco condenas acusatorias de nivel federal, ocho a nivel estatal y cuatro más que no fueron dadas a conocer por el Relator Juan E. Méndez; no obstante, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) existen miles de denuncias.
Por su parte, Silvano Cantú Martínez, integrante del Instituto para la Seguridad y Democracia A.C., expresó que “vivimos en un país en el que las estadísticas nos revelan que hay personas torturadas, pero no hay torturadores”.
Cantú Martínez informó que otro punto que será propuesto a los legisladores es que la tortura no es una práctica exclusiva dentro del sistema penal acusatorio, sino que se ha visto esta práctica en otras partes y se ha efectuado con otros objetivos diferentes a los de obtener declaraciones, ejemplo de ello, expuso, son las masacres de Iguala, Tlatlaya, Nárvarte, Tanhuato, entre otros.
“Pedimos que el tipo penal elimine el requisito de gravedad para que se determine como tortura. Para que todas las conductas de tortura sean castigadas”, dijo.
Además detalló que “dentro del tipo penal debe haber exclusión de pruebas obtenidas mediante la fuerza, aquella que se comente para obtener confesiones o castigo. Pero también la hay con varios fines. Cualquier tipo de finalidad tendrá que considerarse dentro de este delito y que daña a las víctimas y a las familias”, argumentó Cantú Martínez.
Otros de los puntos que se dieron a conocer y que serán enviados a la Cámara de Diputados son: que la Ley tenga una perspectiva de víctimas, responsabilidad del superior geriátrico, limitar jurisdicción militar, que se rompan con los obstáculos en las denuncias y que la Ley no se quede en papel, sino que exista una instrumentación.
