Con un periodista agredido cada 26.7 horas, según la organización internacional Artículo 19, para nadie es secreto que México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer esta labor.
El problema va más allá de ejercer una profesión: la censura y ataques se han extendido hacia defensores y defensores de derechos humanos. Para Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), lo que sucede en México es un problema de democracia en el que el miedo impide a los ciudadanos participar en un debate al que constitucionalmente tienen derecho.
Esta situación pone al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto en deuda no sólo con los periodistas y la ciudadanía sino también con los organismos internacionales con los que México ha firmado tratados para respetar la libertad de expresión y los derechos humanos. El 31 de agosto pasado, junto con otras organizaciones, el CPJ promovió la iniciativa #NoNosCallarán a través de redes sociales y desplegados en medios impresos, para poner fin a la impunidad en México.
Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– En México no existe un lugar donde los periodistas puedan actuar con garantías. El asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, una activista y otras tres mujeres en la capital del país, hace apenas un mes, es sólo un ejemplo del incumplimiento del Estado para proporcionar a comunicadores y ciudadanos el derecho constitucional a la información y la libertad de expresión, consideró Carlos Lauria, coordinador senior del programa de las Américas del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
En entrevista con SinEmbargo, el representante del CPJ añadió que esta situación de inseguridad para el ejercicio del libre periodismo en México terminará cuando desde las esferas más altas del gobierno se envíe la señal de que deben respetarse tanto el acceso a la información como los derechos humanos, pero también, cuando exista castigo a los verdaderos culpables, ya que la impunidad es el principal abono para las agresiones.
Este clima de “temor” e “intimidación” afecta a toda la sociedad mexicana porque solo conduce al miedo a expresar cualquier tipo de opinión, limita al ciudadano a ejercer plenamente sus derechos, lo que representa un desafío para los encargados de formar políticas públicas, que muchas veces se enteran por los informes de la prensa de lo que sucede.
“Es una problema de democracia más que de periodistas”, afirmó.
Lo lamentable, a juicio de Lauria, es que este no es el único caso a nivel regional, sino que México es un ejemplo que está marcando el rumbo de las libertades civiles en América Latina, donde en naciones como Brasil, Ecuador, El Salvador, Honduras y Venezuela, entre otros.
“México está marcando el rumbo en el continente, se ha convertido en uno de los países mas peligrosos para ejercer la libertad de prensa a nivel global”.
TRES DÉCADAS SIN AVANCES
–Mucho se ha dicho que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, por la falta de garantías para la libre expresión. ¿Este riesgo amenaza con extenderse al resto de América Latina?
–El proceso de democratización que lleva más de tres décadas en América Latina no ha traído consigo mayores garantías para la libertad de expresión. Hace 30 años atrás buena parte de Latinoamérica estaba dominada por regímenes de facto que eran ellos los responsables del asesinato, desaparición de periodistas y de censurar la información, lo que se publicaba o decía al aire. Treinta años después, los desafíos son distintos y no hay uniformidad; existen países en los que hay mayores garantías que en otros. Actualmente se hace difícil medir las condiciones de libertad de prensa a nivel regional.
–¿Se puede decir cuáles son las diferencias?
–Hay distintos problemas, a grandes rasgos son dos: por un lado la violencia física y la amenaza que tienen muchísimos periodistas en distintos países del continente, en muchos casos por parte del crimen autorizado y, por el otro, las autoridades corruptas y de las redes criminales que en muchos casos actúan en colusión con las autoridades.
–En este contexto, ¿cómo ubica el CPJ a México?
–México está marcando el rumbo en el contienen. Se ha convertido en uno de los países mas peligrosos para ejercer la libertad de prensa a nivel global. Es grande la cantidad de casos documentadas: más de 15 periodistas desparecidos o asesinados en los últimos años.
–¿Cuáles son las consecuencias de esta violencia hacia la prensa?
–Las consecuencias más nocivas de esta ola de violencia que sacude a todo México no está ligada exclusivamente a la prensa sino que es un problema que va más allá y afecta a toda la sociedad mexicana. Tiene que ver con el clima de temor e intimidación que produce mucho miedo y conduce a la censura, tiene que ver con la afectación de derechos humanos como la libertad de expresión, aunque esté garantizada en la Constitución, muchísimos ciudadanos no pueden ejercerla plenamente porque existen estas circunstancias que hacen que muchos prefieran abandonar la profesión, que prefieran optar por autocensurarse, por temor. Esta afectación a los derechos humanos es una inhibición a la posibilidad de que los mexicanos debatan abiertamente muchos de los temas que afectan a la sociedad. Limitan el debate y crean una sociedad menos informada, menos trasparente y menos democrática.
–Lo que pasa en México ya es conocido en todo el mundo y no se soluciona
–Representa un desafío para los encargados de formar políticas públicas que muchas veces se enteran por los informes de la prensa, es un problema de democracia más que de periodistas.
–¿En qué tipo de estados se presentan situaciones como la que actualmente se está viviendo en México?
–En estados que no respetan su Constitución, en los que se respeta la democracia.
–En México se menciona a Veracruz como el estado más peligrosos para ejercer el periodismo, pero también están Quintana Roo y otros más
–En efecto, el fenómeno no es aislado. Veracruz es un claro ejemplo de lo que ocurre en material de violencia, con un número alto de asesinatos de periodistas bajo el mandato de Javier Duarte. El CPJ ha documenta por lo menos 10 casos de periodistas asesinados, tres de desaparecidos… una lista muy grande y con el agravante de que en la mayor parte de estos casos no se ha resuelto. Implica que quienes cometieron este tipo de actos sienten que pueden seguir haciéndolo porque no hay consecuencias y eso ensombrece a todos los casos de desapariciones y asesinatos en México; la falta de condena, la ausencia de castigo, la sensación de vulnerabilidad que sienten medios y periodistas ante esta impunidad es una norma. Evidentemente genera hechos como el que vimos en el caso de Rubén Espinosa que va a refugiarse al DF donde existe un mecanismo federal de protección que propone medidas para periodistas que están bajo riesgo, pero no asiste por la desconfianza entre autoridades y la prensa.
–¿Qué información tiene el CPJ de Quintana Roo?
–CPJ publicó lo que existe en Quintana Roo: que es uno de los estados más represivos, periodistas despedidos, acosados permanentemente, medios a los que se les clonan las portadas para iniciar campañas de desprestigio, periodistas que son víctimas de acoso a través de las redes sociales, que se les hackean cuentas de Twitter para enviar pornografía, como paso con Pedro Caché, que estuvo 50 días preso acusado de sabotaje, que finalmente no se pudo comprobar. También está el caso de Lydia Cacho, que se nombró como jefe policiaco [en Cancún] a un policía que estuvo involucrado en su detención, en 2005, luego de que ella publicara un libro relacionado con la explotación sexual infantil.
–¿El CPJ tiene detectados otros casos graves además de Veracruz y Quintana Roo?
–Por ejemplo, en Tamaulipas casi no hay información, es un estado donde el crimen organizado y el narcotráfico no solo pelean por el trasiego de droga a Estados Unidos sino que controlan el territorio y no hay información de lo que ocurre. Hay balaceras y matanzas a plena luz del día que no pueden ser informadas por periodistas. Vimos lo que pasó en Guerrero con periodistas que cubren las manifestaciones y lo que paso posterior a Ayotzinapa –la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. En Ciudad Juárez también hay crímenes de periodistas no resueltos. No hay lugares donde los periodistas puedan actuar con garantías. Lo ocurrido con Espinosa, el la Ciudad de México muestra que ya no sabemos si la capital es tan segura.
LA IMPUNIDAD
–¿Esta situación es culpa del Estado?
–Hay un incumplimiento por parte del Estado. La Constitución de México consagra la libertad de expresión como un derecho humano básico: hay un incumplimiento para que los periodistas puedan acceder a este derecho, a la información. El país ha ratificado tratados internacionales que consagran la libertad de expresión y está en deuda. Hay un reconocimiento de administraciones anteriores a la actual en términos de que éste es un problema y se han creado algunos mecanismos. Hubo una reforma constitucional con leyes e implementación que ha firmado Peña Nieto, pero lo que falta es una política férrea para priorizar este tema en la agenda nacional, entiendo que no sólo está afectando al gremio periodístico sino a los derechos humanos, limitando el debate de temas de interés.
–¿Considera que hasta ahora el gobierno ha entendido la dimensión del problema?
–Es una tarea que debería ser prioritario en la agenda del gobierno y no lo hemos visto y más allá de que el tema sea prioritario, el hecho de la manifestación pública, de la libertad pública es fundamental. La condena de quienes no las respetan es esencial, es imprescindible.
–Como le preguntaba anteriormente, la violencia contra la prensa en México es tema mundial, han existido recomendaciones por parte de organizaciones internacionales, pero no se hace nada. ¿Quién debe solucionar el problema?
–Tiene que partir del Presidente, una cosa es lo que diga y otra las medidas que tome, que son fundamentales. Si no lo que decide no permea hacia abajo, deberá permear con la designación de funcionarios que puedan cumplir con esas medidas; creo que todo parte del mas alto nivel de gobierno y de las acciones que se tomen, que deben ser decisivas, enérgicas y con todo el peso político de la administración.
–Decía que México está marcando el rumbo en el continente, ¿en este momento cómo es la situación de la prensa en otros países en conflicto?
–Hay violencia contra la prensa en otros países de la región, lo que también está produciendo afectación a los derechos humanos. En Centroamérica, en medio de un clima de inestabilidad, hay un aumento alarmante de crímenes contra la prensa; también hay impunidad: la mayoría de los casos nunca llegan a resolverse, los móviles y los motivos nunca se llegan a esclarecer. Hay muchos temores y censura en las redacciones en Honduras, El Salvador y Guatemala donde se ha detenido a periodistas críticos del sistema. En Brasil hay una escalada, en 2011 hay al menso 16 periodistas caídos. La mayoría informan sobre crimen y corrupción. La diferencia es que Brasil ha dado respuestas a nivel institucional en material de justicia, en los últimos dos años se han dado condenas en casos de asesinatos de periodistas que han producido avances significativos en materia de justicia, la justicia se da con lentitud, y es necesario destacarlo, pero está dando resultados en diferencia con otros países donde los periodistas son asesinados con regularidad como Filipinas, Pakistán o Siria.
–Está también el tema de Colombia.
–A nivel de violencia no puedo dejar de mencionar a Colombia, uno de los países más violentos para periodistas, pero que en la última década se ha dado un reducción producto de la autocensura que existe sobre todo a periodistas que actúan en regiones de los actores ilegales armados, pero también es producto de una mejora en materia de seguridad en el país. Tiene además la existencia de un programa de protección a periodistas que funciona bajo la órbita del gobierno y que funciona porque hay confianza de los periodistas y este mecanismo ha servido para prevenir muchas muertes, si bien es imperfecto, también funciona. En la región hay que identificar otro problema que son los gobiernos electos de manera popular que han intentado restringir los espacios de disenso a través de leyes y la creación de aparatos mediáticos paraestatales pro gubernamentales que lanzan insultos contra periodistas. Los gobiernos de Venezuela y Ecuador sirven para abonar esta tendencia.
