Dircio Chautla, representante del Grupo Interdisciplinario para la Igualdad Zihuame Xotlametzin, dijo que la situación de las mujeres indígenas es crítica en los municipios de Guerrero. Informó que en 2017, el grupo registró 22 casos de embarazos de niñas de 9 a 13 años. Casos que las organizaciones consideran violaciones sexuales, pues las menores muestran severos daños psicológicos.
-Con información de Alina Navarrete Fernández, de El Sur
Chilpancingo/Ciudad de México, 3 agosto (El Sur/SinEmbargo).– Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la venta de niñas continúa en comunidades rurales de al menos seis municipios de Guerrero. Denunciaron que las cantidades que se piden por las menores van de los 50 mil a los 250 mil pesos, y que el objetivo de venderlas, en el mejor de los casos, es para contraer matrimonio.
Tiburcio Cayetano, de la Asociación de Mujeres “Kinal Antzetik”, alertó que en al menos cuatro municipios (Malinaltepec, Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca e Igualapa) se sigue registrando la venta de mujeres, en su mayoría menores de edad.
Informó que en comunidades de esos municipios niñas de 12 a 17 años de edad son puestas a “la venta” desde 50 mil a 250 mil pesos, para casarlas con un hombre determinado que las escoge y las ve como un objeto, quien las somete a maltratos físicos y psicológicos que no son atendidos por las autoridades.
Incluso acusó que las autoridades de estas localidades son testigo de este delito y no hacen nada. Mientras, las autoridades estatales son “omisas y cómplices de la venta de niñas”.
La denuncia se realizó en una conferencia ayer jueves, durante el cuarto y último día de la jornada de conferencias informativas en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, participaron también integrantes de Asociación Guerrerense Contra la Violación hacia las Mujeres, la organización Zihuame Xotlametzin; el Grupo Interdisciplinario para la Igualdad; la Casa de Atención a la Mujer Indígena (Cami) de Chilapa, Brígida Chautla Ramos; y el secretario general de la Gubernatura Nacional Indígena en Guerrero, Ambrosio Guzmán Juárez.
Tiburcio Cayetano señaló que ésta es “una costumbre” de las comunidades, pese a que el artículo 45 de la Ley general de los derechos de los niños y adolescentes establece que la edad mínima de matrimonio es 18 años.
Aseguró que las bodas de las menores de edad se celebran como cualquier otra, e incluso hay jueces que acuden para dar legalidad al enlace. Sin embargo las organizaciones denunciantes señalan que no se sabe si hay un registro de estos enlaces ilegales. Coincidieron en que hay complicidad de parte de las autoridades, pues ni si quiera actúan con campañas para garantizar los derechos de las víctimas.
Guillén Valentín, de la Casa de Atención a la Mujer Indígena de Chilapa, informó que esta costumbre también está muy arraigada en Chimalapa, municipio de Igualapa.
NIÑAS DE 9 AÑOS EMBARAZADAS
Dircio Chautla, representante del Grupo Interdisciplinario para la Igualdad Zihuame Xotlametzin, dijo que la situación de las mujeres indígenas es crítica en estos municipios, e informó que en 2017 el grupo registró 22 casos de embarazos de niñas de 9 a 13 años. Casos que las organizaciones consideran violaciones sexuales, pues las menores muestran severos daños psicológicos.
Denunció que en una comunidad de Chilapa “un líder político” abusa de las menores de edad pero las familias de las víctimas son amenazadas y por ello no hay una investigación abierta, sólo persiste la impunidad.
En el caso de las violaciones sexuales, las activistas y defensores de los derechos de las mujeres indígenas coincidieron en que las víctimas son amenazadas por sus agresores y que la mayoría son familiares directos.
Mora Magallón añadió que Inter-Cambio Social hace un estudio sobre violaciones sexuales en Malinaltepec y San Luis Acatlán, y los primeros datos de la investigación señalan que en comunidades de estos municipios las víctimas de abuso sexual no sólo son mujeres indígenas sino también personas con alguna discapacidad que no pueden defenderse durante el ataque, mismo que tiende a repetirse pues son identificadas como una “presa fácil”.
Reyna Aguilar consideró que es preocupante que los casos de abuso sexual en los que hay un embarazo y son atendidos por instituciones de salud públicas no se están aplicando las leyes como debe ser; ejemplificó que, la Norma 046 sobre violencia familiar y sexual establece que las investigaciones deben ser de oficio así como reportadas al Ministerio Público pero no hay registros oficiales.
Sobre el acceso a la salud de las mujeres indígenas, Chautla Ramos se quejó porque en 2011 se colocó la primera piedra del hospital de Chilapa, pero no se concluyó la obra y los enfermos son atendidos en pésimas condiciones.
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las principales víctimas de la trata de personas son mujeres, niñas y niños, representan el 71 por ciento, y el destino de la mayoría de ellas es convertirse en esposas o ser víctimas de explotación sexual.
Las víctimas de trata de personas, señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con frecuencia son víctimas de una discriminación múltiple, por ejemplo, por ser mujeres-niñas-indígena en contextos de violencia y situación de pobreza.
Recientemente, ante la gravedad de la violencia de género en México que también alcanza a las niñas, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió este mes una serie de recomendaciones al Estado mexicano donde lo llama a tomar “medidas urgentes” para prevenir la violencia sexual, las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas de mujeres y niñas en el país.
En un informe Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, emitido el pasado 20 de julio, la Convención alerta que persisten “los patrones de violencia de género generalizada contra mujeres y niñas” en todo el territorio nacional, que incluyen violencia física, psicológica, sexual y económica, así como el aumento de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura y el feminicidio.
