La Oficina de la Presidencia de la República invirtió 65.4 millones de pesos en asesorías, entre el 27 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2017. El 73.4 por ciento de lo erogado fue por concepto de comunicación y publicidad, según cifras oficiales. El mayor gasto tuvo lugar en 2014, cuando Enrique Peña Nieto sufrió un bajón de popularidad, en medio de una crisis por la desaparición de 43 normalistas de Guerrero y el escándalo de la “casa blanca”.
Entre las 28 empresas que obtuvieron jugosos contratos destacan Olabuenaga Chemistri, que a partir de 2005 fue la encargada de confeccionar la imagen telegénica de Peña Nieto; Delfos Comunicación, Mercado y Prospectiva, sancionada este año por cometer prácticas monopólicas, así como Intellego, involucrada en los escándalos de sobornos de Pemex, y Sr & Friends, una de las compañías de análisis político más beneficiadas en el actual sexenio.
Con la virtual llegada de Andrés Manuel López Obrador a Los Pinos, existe la promesa de reducir este tipo de servicios como parte de una política de austeridad. Un reto que va más allá de la propuesta de evitar la contratación de despachos y consultores externos –que es la punta del iceberg–, porque se trata de un asunto que demanda mejores criterios de contratación de servicios (la raíz del problema), refirió el doctor Maximiliano García, especialista en Gobierno y Asuntos Públicos de la UNAM.
Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).– La Oficina de la Presidencia de la República invirtió, entre 2013 y 2017, 65.4 millones de pesos en asesorías, sobre todo en materia de comunicación y publicidad, que concentra el 73.4 por ciento de las erogaciones. No obstante, la contratación de este tipo de servicios podría ser desestimada por la próxima administración, debido a cuestiones de austeridad presupuestal.
De acuerdo con cifras del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), en un periodo de cuatro años la Oficina del Presidente Enrique Peña Nieto cerró 36 contratos de asesoría con personas físicas y morales. De esta cantidad, el 56.6 por ciento fue otorgado por adjudicación directa (equivalente a 37 millones 017 mil 921.60 pesos) y el resto por invitación a tres personas (que supuso un desembolso de 28 millones 394 mil 786.81 pesos).
La mayor parte del dinero invertido (48 millones 016 mil 401.16 pesos) fue utilizado para consultoría externa en materia de comunicación, publicidad y opinión pública. El resto fue repartido en asesorías de gestión de gobierno y mejora de procesos (6.3 mdp); investigación, información y elaboración de reportes (4 mdp); servicios digitales y tecnologías de información y comunicación (3.2 mdp); productividad (2.2 mdp); análisis jurídico (1 mdp); seguridad (480 mil pesos) y finanzas (85 mil 260 pesos).
Los servicios de consultoría técnica son “habituales” y “necesarios” en los distintos órdenes de gobierno, ya que “si bien los servidores públicos están abocados a materias en particular, eso no los convierte en todólogos”, explicó el doctor Maximiliano García Guzmán, especialista en Gobierno y Asuntos Públicos del Centro de Estudios en Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en entrevista con este diario digital.
En el marco de una nueva administración, el virtual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), propone reducir este tipo de servicios.
El punto 48 de su “Plan 50″ de austeridad, establece que “no se autorizará la contratación de despachos para elaborar proyectos de ley, planes de desarrollo o cualquier tipo de análisis y recomendaciones que puedan hacerse con el trabajo y capacidad profesional de los servidores públicos”.
Para el profesor de tiempo completo de la UNAM, la propuesta de López Obrador sólo se justifica a partir del discurso de austeridad –que promete revertir los excesos presupuestales de los últimos años– con respecto a la adjudicación de contratos gubernamentales a personas privadas.
Pero limitar las consultorías y asesorías especializadas, advirtió, es “una respuesta fácil al problema” que podría causar más “estragos” que soluciones, sobre todo en asuntos que requieren puntos de vista técnicos y calificados, máxime si consideramos que no hay garantías reales de que todos los funcionarios públicos estén capacitados de forma adecuada.
“La cuestión no es evitar la contratación de despachos y consultores externos” o “descalificar la asesoría especializada por sí misma”, destacó el doctor García Guzmán. En cambio, es necesario que los distintos órdenes de gobierno sean “más estratégicos con las empresas que contraten”, lo que implica acotar gastos que puedan realizar –como bien dice AMLO– los funcionarios.
Para lograrlo, es menester un diagnóstico inicial que determine el tipo y la forma de las contrataciones de consultoría externa; aplicar la normatividad vigente (que no siempre sucede); además de generar más mecanismos para evitar actos de corrupción y conflictos de interés (que implica fortalecer las herramientas prácticas de transparencia y rendición de cuentas).
Sobre este último punto, el apartado 44 del “Plan 50” de López Obrador menciona que “las compras públicas se harán bajo observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”. No obstante, el actual sistema de contrataciones “ya contempla la participación de ciudadanos y observadores en los procesos”, comentó el doctor García.
“El problema está en que esto no ha sido todavía del interés de la propia ciudadanía, a pesar de que todo mundo tiene derecho a participar como observador en un proceso de licitación […]. Mientras la sociedad no esté involucrada, esto no cambiará”, explicó el académico de la UNAM. La cuestión con López Obrador es que “no señala cómo planea estimular la participación ciudadana”.
Por lo demás, García dijo que a pesar de que los observadores pueden fortalecer al sistema, “entre más actores estén involucrados en el desarrollo de un proceso, éste se va a volver mucho más complejo y puede restar cierta eficiencia al momento de las contrataciones”.
También reconoció que “las reglas de contratación son relativamente claras” y que lo que hace falta es una verdadera valoración del status quo que permita identificar, prever y castigar los abusos de autoridad (que es una cuestión estructural y no sólo de “barrer las escaleras de arriba hacia abajo”).
“El asunto está en cómo se definen los productos a contratar”, recalcó. Esto es, revisar la manera en que las distintas dependencias de gobierno estructuran o justifican las diferentes contrataciones de servicios, cuyos criterios van más allá de lo que establece la ley y “que permite un manejo mucho más discrecional en las compras gubernamentales”.
LOS ASESORES DE PEÑA NIETO
Las cifras del POT refieren que 2014 fue el año en que el Presidente Enrique Peña Nieto gastó más en servicios de asesoría (el 41 por ciento de los 65.4 millones de pesos fue invertido entonces).
Ese fue un año de mucho movimiento para el Jefe del Ejecutivo federal, ya que por esas fechas fueron aprobadas las reformas Energética, Fiscal, Hacendaria y de Telecomunicaciones, por ejemplo. Además entró en vigor la Estrategia Digital Nacional (que impulsa la innovación y las tecnologías de desarrollo en México).
La inversión en 2014 también coincide con una caída sostenida en los niveles de aprobación del Gobierno peñanietista, que desde mayo de 2013, tuvo una tendencia a la baja que continuó hasta mediados de febrero de 2017, cuando el 77 por ciento de la población desaprobó su mandato, según datos de Consulta Mitofsky.
En febrero de 2014, el 51 por ciento de los mexicanos encuestados no quería a Enrique Peña Nieto en Los Pinos. Su popularidad, no obstante, sufrió un revés a finales de septiembre de ese mismo año, cuando los fatídicos eventos del día 26, en que 46 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecieron en la localidad de Iguala, Guerrero, a manos del crimen organizado con la participación de las autoridades locales. En el noveno mes de 2014, sólo el 40 por ciento de la población estaba de acuerdo con su gestión.
La baja popularidad del Presidente volvería a caer el 9 de noviembre de ese mismo año, cuando una investigación periodística reveló que tenía una propiedad no declarada en las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México.
La llamada “casa blanca” –valuada en 86 millones de pesos y desarrollada por Grupo Higa, un contratista de gobierno ligado a Peña Nieto desde que fue Gobernador del Estado de México– destapó la indignación de la sociedad y fue la antesala de una serie de señalamientos de corrupción e impunidad en su contra, que sepultaron (aún más) su popularidad.
Durante los años siguientes, la Oficina de la Presidencia siguió invirtiendo, sobre todo en asesorías de comunicación, publicidad y opinión pública (aunque en menor medida, en comparación con 2014).
Los gastos en publicidad, al menos en los tres últimos sexenios, han sido “muy liberados, en donde el beneficio es prácticamente inexistente” porque son cuestiones de difusión y propaganda política, dijo a SinEmbargo el doctor Maximiliano García, especialista en Gobierno y Asuntos públicos de la UNAM. Por eso, consideró impostergable la regulación a la publicidad gubernamental en México, tema en que la próxima administración habrá de “recargar la lupa para analizarlo con mayor detenimiento”.
Entre 2013 y 2015, por ejemplo, Olabuenaga Chemistri S.A. De C.V. recibió 24 millones 360 mil pesos por concepto de asesoría “especializada para la planeación estratégica, los desarrollos creativos y la supervisión de producción publicitaria de la Presidencia de la República”.
Esta compañía es el principal artífice de la imagen mercadotécnica de Peña Nieto desde antes de 2012. De acuerdo a una investigación de la periodista Linaloe R. Flores de SinEmbargo, “ha recibido de la presente administración por lo menos 865 millones de pesos en contratos para campañas publicitarias”.
Junto con Olabuenaga Chemistri, cinco personas físicas y morales aglutinaron (en 14 contratos) el 51.38 por ciento de los 65 millones 412 mil 708.41 pesos que la Oficina de la Presidencia de la República erogó para asesorías y consultorías en materia de comunicación, publicidad y opinión pública; gestión de gobierno y mejora de procesos; investigación, información y elaboración de reportes; servicios digitales y tecnologías de información y comunicación; productividad; análisis jurídico; seguridad y finanzas.
Entre ellas destaca Círculo y Medio S.A. Entre 2014 y 2017, la firma especializada en comunicación estratégica se embolsó 3 millones 435 mil 200 pesos que corresponden a “servicios de asesoría de comunicación y entrenamiento de medios”.
Delfos Comunicación, Mercado y Prospectiva S.C. –que en enero de este año fue sancionada por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por cometer prácticas monopólicas (junto con otras dos empresas) que causaron daños al erario público por 3 millones 144 mil 865 pesos– recibió contratos entre 2014 y 2015, por un monto de 3 millones 255 mil 366 pesos, bajo concepto de “asesoría en el análisis sobre la evolución de los procesos políticos y sociales que impactan en la estrategia de comunicación de la Oficina de la Presidencia de la República”.
En esta lista de empresas también figura Intellego S.C., que en 2013 recibió 2 millones 283 mil 808 pesos de la Oficina del Ejecutivo federal por una “asesoría para la integración y sistematización de fuentes de información y análisis avanzado de datos”. El contrato fue por adjudicación directa.
Un año después, en 2014, esta compañía fue investigada y demandada por la Comisión de Valores de Estados Unidos, ya que en 2008 fungió como la supuesta intermediaria de sobornos para que Hewlett Packard (HP) obtuviera un contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex).
Pese al escándalo, en agosto de 2015 resultó ganadora (en asociación con la empresa Dotted Cloud S.A.) de la licitación pública para montar la primera etapa de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) a cargo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI). Este contrato le valió 9 millones 663 mil 240 pesos, por un periodo de cuatro meses de trabajo.
De una lista de 28 empresas que le dieron asesorías al habitante de Los Pinos, también resalta Sr & Friends S.A. de C.V., que de julio a diciembre de 2014 obtuvo ganancias por 5 millones de pesos.
Según datos de una solicitud de información ante el INAI de 2013, entre las compañías que hacen análisis político y estrategias de comunicación, Sr & Friends fue una de las más beneficiadas por el Gobierno federal, llevándose 2.7 millones de pesos en el mes de agosto de ese mismo año.
