Lo bravucón del Gobierno federal en relación con Venezuela está justificado. Lo que sucede en el país sudamericano va en sentido contrario a todo régimen democrático. Los ataques a la oposición no son menos que una persecución política en aras de desmantelar el disenso y tomar las instituciones como rehén.

Habiendo dicho esto, la preocupación de la Cancillería y el “aprendiz de Canciller” se debilitan, no por el papel internacional de condena que debería tener todo país que intente ser una democracia, sino por el doble racero que utiliza. Podemos diferenciar entre política internacional y política interna, y todo apunta a que la política internacional y la vehemencia del ataque a Maduro va más en el orden de distraer de asuntos domésticos que verdaderamente defender la democracia venezolana.

El discurso peñista contra Maduro se centra en principios democráticos que no reconoce como fundamentales en nuestra democracia. Los señalamientos mexicanos sólo podrían tener un eco importante si se sustentaran en prácticas internas.

Videgaray habla de persecución política (cierto, existe), pero cómo hablar de persecución al disenso político cuando en México volvió a reducir las prácticas de espionaje contra abogados de derechos humanos, activistas anticorrupción y periodistas.

La organización R3D –Red en Defensa de los Derechos Digitales- volvió a dar a conocer un nuevo análisis del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, en el que se confirma que Karla Michel Salas y David Peña, abogados de familiares de las víctimas del multihomicidio de hace dos años en la colonia Narvarte, “recibieron mensajes con enlaces vinculados a Pegasus entre septiembre y octubre de 2015. Los intentos de infección se suman a los más de 90 mensajes documentados relacionados con el uso de este software, comercializado por NSO Group y adquirido por al menos tres dependencias del gobierno mexicano, en contra activistas, periodistas, legisladores y expertos internacionales de derechos humanos que investigaban el caso de Ayotzinapa”.

Los casos de espionaje político crecen de manera sostenida. Se ha convertido en un escándalo político a nivel internacional (OEA) e interno. Por si fuera poco, Mexicanos contra la Corrupción reveló la semana pasada que “el dueño legal de Grupo Tech Bull SA de CV, la empresa intermediaria mexicana que vendió a la PGR el malware espía Pegasus en 32 millones de dólares, vive en un asentamiento irregular ubicado en una barranca.”

Tomás Zerón, actual Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, y ex titular de inteligencia de la PGR cuando se proclamó la verdad histórica y la siembra de evidencias sobre el incendio de cuerpos de normalistas cerca del río de Cocula, firmó un contrato de 32 millones de dólares para comprar el malware Pegasus con una empresa fantasma que tiene su domicilio fiscal en colonias populares de la delegación Álvaro Obregón y que tenía apenas un año de existencia. Ahora sabemos que Zerón, encargado de la inteligencia, firmó un contrato con una empresa fantasma, ¡vaya inteligencia!

La trama crece cuando el Gobierno que le compra a intermediarios fantasmas resulta que las empresas compartían domicilio fiscal con dos empresas fantasmas de la red utilizada por el ex Gobernador Javier Duarte.

El sistema de espionaje Pegasus no es ocurrencia de algún loquillo en el Gobierno de Peña Nieto. Es un sistema instalado con un afán y objetivo político: espiar a disidentes políticos. El sistema de espionaje no tiene el más mínimo control normativo de vigilancia y autorregulación, elementos esenciales para una democracia.

Esta columna comenzó reconociendo que las violaciones a derechos humanos en Venezuela son graves. Incuestionable. También se subrayó que violaciones a derechos humanos no son asuntos internos y debería preocupar a la comunidad internacional. Y, por ello, el papel de México de condenar los hechos en Venezuela no está mal per se.

Pero el hilo del texto es la dicotomía en el discurso gubernamental mexicano. La esquizofrenia por demandar acciones y cambios en un país, mientras en México suceden cosas muy serias –como el espionaje de Pegasus- que ponen (o deberían) poner en entredicho nuestra democracia.

¿Entonces México no podría hablar sobre Venezuela? Sí, está dentro de sus principios de política exterior. Sin embargo, la coherencia se rompe si “la casa está patas para arriba” y demandas que tu vecino arregle su casa. La coherencia también cuenta. No es hablar por hablar y condenar de manera de manera enérgica.

¿Violaciones a derechos humanos en Venezuela? Sí. ¿Violaciones a derechos humanos en México? Sí. Y no vemos que el gobierno esté en un proceso de reivindicación, auto investigación de hechos –por ejemplo- como los de Pegasus y lo que eso revela del sistema político y de inteligencia en el país. Ahora bien, para variar, la gran ausente del debate es una verdadera oposición política, esa que en teoría está para llevar a que el ejecutivo rinda cuenta por los actos contrario a derecho que se descubren. Pero no, la oposición está muy distraída con ataques electoreros y el interés público pasa a un muy bajo nivel de prioridades.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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