El jueves 27 de junio fue la primera vez que el legislativo y el judicial se reunieron para discutir una propuesta del ejecutivo. Lo hicieron porque la votación de todos nosotros el 2 de junio los obligó. Esa votación convirtió al Poder Legislativo en un poder constituyente, con las dos terceras partes a favor de la propuesta del Plan C. Y, entonces, Norma Piña y sus ministros tuvieron que ir a escuchar a esos legisladores a los que suplantaron durante seis años anulando la mayoría de las leyes que aprobaron. Tuvieron que ir a exponerse a las críticas. Tuvieron que ir a justificar por qué se negaron a limpiarse de corrupción cuando se les dio la oportunidad. Ahora, ya los ciudadanos habíamos decidido por ellos: 36 millones de votos mandatamos que se reformara el Poder Judicial.

De los 33 personajes que hablaron, quizás la que quedó peor fue la Fiscalía General de la República que sólo mandó un representante, en vez de que su omiso titular, Gertz Manero, se presentara, al menos a que le diera el aire. Hablaron hasta los partidos que ya no existen como el PES y el PRD. Y habló el PRI y el PAN, esos que se habían negado, incluso, a leer las iniciativas del Presidente durante los años de la “moratoria legislativa”, donde no hacían nada salvo cobrarnos. Fue el primer acto del nuevo régimen en México con un poder ejecutivo legítimo, un Congreso constituyente, y un Poder Judicial que, por haberse negado a reformarse, ahora espera a que los otros dos poderes decidan sobre su futuro que, sin duda, será el que su legitimidad sea, también democrática, no, como ahora, influyentista y nepotista. De lo que se dijo ahí, trata esta columna.

Empezó una diputada del PRI, Marcela Guerra, que se aventó las siguientes frases para el bronce: “el Poder Judicial es el repositorio de las certezas para la república”; “La certeza debe de ser el faro señero”; y “El espíritu republicano nos obliga a atender la otredad”. Grande la retórica priista, siempre hermanda con Cantinflas. Pero luego vino el lider del PRI, Rubén Moreira. Usó la clásica de que no hay tiempo para reflexionar en tan profunda tarea y que no hay que acelerar los debates. De no haber estado en huelga, ellos habrían podido tener su “sana ponderación” —como la llama Moreira— desde 2021, cuando se empezó a hablar del tema. O pudieron usar el tiepo en que no hicieron nada para sus reflexiones tan constitucionales. Pero, luego, Moreira propuso tirarle dinero al problema. Dijo: “no hemos estado a la altura de satisfacer las necesidades presupuestales que permitan a los Poderes Judiciales mostrarnos qué es lo mejor que nos pueden dar”. Es decir, para Moreira los 37 mil millones escondidos en fideicomisos del Poder Judicial, la Judicatura y el Tribunal Electoral, no eran nada. Para Moreira los 78 mil millones que gastan al año los jueces tampoco es “satisfacer sus necesidades presupuestales”. El diputado aseguró que hay pocos jueces y que tienen mucha carga de trabajo y, para sostener su dicho, habla que un juez en Monterrey tiene 15 mil expedientes. Se refiere al juez que se la pasa aplazando los juicios de evasores de impuestos en Nuevo León. Un juicio que era para mayo de este año fue aplazado para abril del 2025. Así, estos expedientes que no se mueven en Nuevo León no son porque tengan mucho trabajo los jueces sino porque los sobornan para que se muevan en círculo. Sólo en Nuevo León, eso ha significado 3 mil millones de pesos no pagados a Hacienda. Cuando el priista habla de que tienen mucho trabajo en realidad se refiere a que se la pasan aplazándolo, a cambio de un dinerito.

Pero el diputado priista se nos volvió metafísico cuando dijo: “Creo en la dialéctica como método exitoso del Legislativo y, por lo tanto, espero que hablemos del Poder Judicial con la convicción de que el derecho es una ciencia y que las decisiones de los jueces por regla general tienen tras de ellos siglos de reflexiones filosóficas y no solo el sentido común que ha sido responsable de muchas y aberrantes injusticias”. Para empezar, comparar al derecho con una “ciencia” es darle un carácter inmutable, verificable, y fiable, es decir, que sus resultados se pueden repetir en todos lados y momentos. Esto, además de ser aberrante porque implicaría que una decisión judicial es inmutable y siempre verdadera, como que dos más dos son cuatro, es elitista porque supondría que sólo unos pueden llegar a esas “reflexiones filosóficas de siglos”, a los que se refiere Moreira. Por eso excluye el “sentido común”, que es el juicio moral que todos tenemos cuando sabemos cuál es el bien y el mal en cada caso. Así que la defensa del PRI de Norma Piña, con quien se juntaban a cenar en vísperas de las elecciones, es que son científicos con un conocimiento secreto, inciático, místico y arcano llamado “derecho”. Pero aquí de lo que se trata no es del derecho sino de la justicia. Hay una diferencia, diputado Moreira. Uno necesita, sí, un buen abogado. Pero necesita un juez justo. El abogado debe ser hábil en los vericuetos de las leyes. El juez debe tener clara conciencia de que su decisión afectará a uno o a otros y que tiene consecuencias para el interés general. Si bien no todos sabemos derecho, todos sabemos que es justo y que es injusto. Por eso no todos somos abogados pero todos podemos emitir un juicio sobre razonable y con rectitud.

Dante Delgado, el dirigente perpetuo del Partido del Movimiento Ciudadano, se alió al priismo cuando desestimó los 36 millones de votos para la reforma constitucional del Poder Judicial. Lo dijo así: (Esta reforma) “debe insertarse en un episodio de verdadera política, de la política que construye en lugar de la que impone, de la política de consenso con las minorías y con la sociedad en lugar de la que se funda en la arrogancia del poder”. Para Dante la mayoría calificada no es un mandato democratico, sino tan sólo vanidad. Para Dante no hay un poder constituyente nuevo sino la vieja concertacesión de las minorías que actúan como grupos de presión, como el MC. Quien hizo campaña anunciando “una nueva política” recurre al más viejo de los trucos del régimen prianista: que la mayoría se avenga con el grupo de presión para digan a coro que hay pluralidad. El problema, Dante, es que el voto mayoritario no es ilegítimo como en tiempos de Salinas y Gutiérrez Barrios. Ahora es un mandato democrático.

Pero vayamos a los ministros. El primero en abrir la boca fue Pardo Rebolledo, cuya hija, Daniela, nomás terminó la carrera de Derecho, ya tenía un puesto de Secretaria de Estudio y Cuenta Adjunta en la Secretaría Jurídica de la Presidencia y ganaba casi tanto como el Presidente de la República. No la nombró su papá directamente sino el ministro Luis María Aguilar Morales, cuya hija, que es dentista, se encarga nada menos que de arraigos, cateos e intervención de comunicaciones. A ella tampoco la nombró su papá, sino otro ministro: Gelasio Pérez Dayán. Y así, estos ministros nepotistas se llenaron las bocas con la supuesta “carrera judicial” que ellos dicen existe en la Corte. Dijo Pardo Rebolledo entregado al cinismo nepotista: “El Poder Judicial federal que tenemos se encuentra estructurado sobre el principio de carrera judicial consagrado en nuestra Constitución, e implica un sistema que permite tomar en consideración los méritos, la antigüedad y la experiencia para poder aspirar a ocupar los cargos de juez o jueza de distrito, magistrada o magistrado de circuito, a través de concursos de oposición, en donde sólo los que resultan triunfadores pueden acceder a tan importantes cargos, garantizando de esa manera la objetividad en su designación”. Salvo que los méritos, la antigüedad y experiencia de su hija eran de alguien que tenía cuatro años de haber salido de la carrera. Pero, bueno, la familia es la famila. Sigue Pardo Rebolledo: “En mi opinión, y después de más de 40 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, la carrera judicial y los concursos de oposición constituyen una vía adecuada para seleccionar a quienes integramos la Judicatura Federal”. Aquí se le olvida al ministro que el 87% de los cargos se otorgaron por concursos cerrados a gente que ya trabajaba en el sistema judicial. Nunca fueron abiertos al resto de los abogángsters. Se le olvida también que el 51% de los ministros y magistrados han logrado colocar a un pariente en alguna chamba judicial, como él y Aguilar Morales colocaron a sus hijas.

Escuchemos, ahora, a Lenia Batres. Ella señaló asuntos cruciales. Dijo: “Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México. El Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos, no es una apreciación subjetiva. De cerca de 258 mil tesis aisladas. Y de jurisprudencia vigentes, sólo 195 se refieren al derecho a la salud, 70 al derecho a la educación, 30 al derecho a la vivienda y apenas 13 al derecho al agua”. Estamos hablando de que el sólo el rídiculo 0.1% de las resoluciones es para nosotros, la gente, el pueblo. El resto es para las empresas, narcotraficantes, y saqueadores. Pero Batres abundó: “Se han emitido 12 mil 845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad tributaria. Mil 387 sobre el derecho de propiedad privada y 891 sobre el libre mercado, que incluso llega a considerarse derecho humano”. La ministra hizo una propuesta adicional a las contenidas en el Plan C que me gustaría retomar. Dijo: “Propongo limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución empezando por la Suprema Corte; limitar sus interpretaciones y resoluciones, absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado y derogado; y de emitir estándares, lineamientos o parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa; limitar la invalidación de leyes para que proceda solo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional; eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la administración pública y de magistrados de tribunales administrativos o agrarios; transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales, abriendo las sesiones de la Suprema Corte, publicando los proyectos de sentencia e incorporando la realización de audiencias públicas en las que puedan manifestarse actores que no sean parte en los juicios; suprimir la manipulación de tiempos de resolución y la asignación arbitraria de casos a ministras y ministros en la Suprema Corte”. La propuesta de la ministra Lenia parte del hecho de que es la Constitución la que es superior a los tres poderes de la República. Hasta ahora, con Norma Piña, la superioridad es de un poder, el judicial, no de la Constitución. Y así, los ministros han invalidado las leyes que la mayoría aprobó en el Congreso, como la energética o la electoral. Es decir, la Corte ha suplantado a los diputados y senadores. La llamada “independencia” de los juzgadores ha resultado en simple y llana arbitrariedad, en procesos fraudulentos donde las sentencias son motivadas por razones infundadas, como, por ejemplo, que los diputados no discutieron durante el tiempo que al ministro le parece suficiente. Y así han invalidado leyes ya aprobadas.

Todavía la vida nos había reservado a González Alcántara Carrancá que, sin miedo a los 36 millones de votos, se puso a insultarlos. Dijo: “La ciudadanía vota usualmente por propuestas, pero no evalúa resultados, por eso debemos de preguntarnos qué papel queremos que cumpla en la función judicial, el voto popular”. ¿De dónde sacó esa idea el licenciado Carrancá? Si los ciudadanos no evaluaran resultados, jamás habrían sacado al PRI y al PAN del poder. Y son los resultados desastrosos del Poder Judicial, liberando narcotraficantes, amparando a corruptos, desoyendo a las comunidades, lo que nos trajo hasta aquí. Una evaluación de los resultados. Quién sabe de qué concurso sacan a esta gente. Luego, Carrancá se prounició en contra de que se casigue a los jueces corruptos y, más bien, que haya más discilplina en la escuela de formación judicial. Esa escuela tiene un consejo académico encabezado por —no me lo van a creer—: Norma Piña. Con toda seguridad ahí Norma Piña sí va a enseñarle a los juzgadores a ser honestos.

Todavía faltaba Laynez Potizek quien dijo: “Claro que hay problemas y deficiencias muy importantes que no pueden soslayarse y menciono una y reconozco: la incapacidad que hemos tenido en el Poder Judicial para comunicarnos con la sociedad, para transmitirles qué hacemos, quiénes somos y cómo lo hacemos”. Es decir, según Laynez, no es que el pueblo los considere podridos y corruptos, sino que no sabe qué hacen. E una ciudadanía que ignora lo buenos que son en el 0.1% de sus resoluciones. Debe ser falta de información lo que llevó a 36 millones a hacer un constituyente de la próxima legislatura federal. Por ejemplo, no sabemos, el pueblo no sabe que fue él, Laynez Potisek, quien otorgó un amparo a las empresas de cigarros electrónicos y vapeadores, no obstante que está demostrado el daño pulmonar que causan. O no sabemos que fue él, Laynez Potisek quien impidió que los fieicomisos guardados por el Poder Judicial para sus lujos no fuera enviado nunca a Acapulco para aliviar a los daminificados del huracán Otis. O que él, Laynez Potisek, fue el que argumentó que en la ciudad de México ya no exista el delito de corrupción para los particulares que manejan organizaciones civiles. Ha de ser que ignoramos todo eso, licenciado Laynez, y por eso queremos botarlos a todos de una vez. Concluye Laynez: “El cargo de juzgador no puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recabe durante la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable comprometerá la independencia y resolución y estará más propicio a la corrupción de conflicto de interés”. ¿Será que las empresas de cigarros electrónicos se te acercan en campaña o nada más en lo oscurito?

Por su parte, Pérez Dayán no le tuvo miedo a la historia del desastre y dijo: “La prisa no es un buen consejero. Los arrebatos, como la nacionalización de septiembre de 1982, que desencadenó y culminó con el Fobaproa de 1996, resultaron dolorosos y socialmente muy costosos”. ¿De dónde sacó Pérez Dayán que la nacionalización bancaria y el Fobaproa estaban relacionadas? De algún hueco oculto de su propio cuerpo. Si así fundamentan sus argumentos, imagínense las sentencias. Nada más por no dejar, licenciado Pérez dayán: la nacionalización bancaria de López Portillo dio origen al neoliberalismo porque fomentó las casas de Bolsa que generaron la crisis de 1987. Pero fue la reprivatización de Carlos Salinas de Gortari de toda la banca la que originó un sistema de autopréstamos entre empresas y bancos que terminó en una enorme deuda privada. El Fobaproa de Zedillo y Acción Nacional hizo esa deuda privada que tendrían que haber pagado los defraudadores, una deuda pública que seguimos pagando todos, menos ellos. ¿Qué tendría que ver la nacionalización de 1982 con el fraude del Fobaproa 15 años después? Nada. Con nulo respeto, licenciado: usted no sabe de historia de México.

Luego, siguió Aguilar Morales, cuya hija dentista tiene un puesto en La Corte. Dijo: “Yo creo, desde luego, en la carrera judicial. Me es inevitable tener que creer en ella porque, actualmente tengo 75 años de edad prácticamente y 55 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación. Empecé como mecanógrafo en un Tribunal y he ido ascendiendo gracias a la carrera judicial, hasta llegar al honroso cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal”. Así que si Aguilar empezó como mecanógrafo, su hija, que empezó como dentista, puede llegar a ser presidenta de la Corte. El sueño americano es ahora judicial.

Al final, intervino la ministra Norma Piña. Venía de tratar de intervenir en la elección del 2 de junio. No sólo con sus reuniones el 12 de diciembre con Alito Moreno del PRI y los jueces electorales, sino sobre todo, con la instrucción del juez odrigo de la Peza que ordenó al Tribunal Electoral nombrar dos magistrados que faltan en menos de 24 horas. Por supuesto esto fue una maniobra fallida de Piña para desestabilizar el proceso del Tribunal Electoral en vísperas de que califique la elección presidencial. Norma Piña dijo: “Estamos convencidos de que escuchar es la práctica clave para proponer un cambio. Estamos abiertos a entablar un diálogo real, un diálogo responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión, resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento, diluyendo así la idea de una decisión tomada”. Pues, licenciada Piña, la decisión ya fue tomada el 2 de junio, aunque usted ha hecho todo para no asumirla.

Y ese fue el primer encuentro del inicio de un nuevo régimen en México. Todavía con unos ministros negando el mandato de las urnas. Otros, todavía creyendo que Massive Caller los va a salvar de la mayoría contundente que ya hace un mes les pasó por encima.

Fabrizio Mejía Madrid

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Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.

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