Los apoyos monetarios a adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes y sembradores han sido la base de la política de desarrollo social del Gobierno federal. Sin embargo, no llegan a todos los que lo requieren.
Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).– Afuera de la sede de la Secretaría de Bienestar en Avenida Reforma, en la Ciudad de México, cientos de adultos mayores realizaron hace unos días largas filas sin sana distancia que llegaron hasta el Monumento a la Revolución o a la Plaza de la República. Después de las elecciones, se abrió la oportunidad a los de 65 años y más de acceder a una pensión de 3 mil 100 pesos bimestrales. Algunos han pernoctado o madrugado para alcanzar ficha. La sobredemanda orilló a la dependencia federal a anunciar que en breve se abrirán más módulos en las alcaldías de la capital.
Como parte de su política social, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha recurrido a transferencias monetarias sin intermediarios para adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes y agricultores, las cuales fortaleció por la crisis sanitaria y económica. Sin embargo, la entrega de estos programas sociales no es universal tanto por un reducido presupuesto como por la falta de un padrón único de beneficiarios a nivel nacional.
Además, estos apoyos serán insuficientes a causa del aumento de la pobreza laboral y de ingresos que ocasionará la pandemia de la COVID-19, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y organizaciones civiles.
“Nuestra recomendación —y que en varias reuniones de trabajo lo hemos comentado— es delinear de manera más adecuada la población objetivo, porque esta delimitación pudiera permitir, por un lado, focalizar en mayor medida los esfuerzos presupuestarios y, en segunda instancia, para que estos recursos tuvieran un mayor efecto en la crisis sanitaria”, dijo a SinEmbargo el Secretario ejecutivo de Coneval, José Nabor Cruz Marcelo.
La batuta de “primero los pobres” al inicio de esta administración la llevó la actual Secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores González, y desde septiembre de 2020 el titular de Bienestar es Javier May Rodríguez. También hubo relevo en la Coordinación General de Programas de Desarrollo del Gobierno federal. Posterior al proceso electoral, el exoperador político de Morena y Jefe de los superdelegados y servidores de la nación, Gabriel García Hernández, dejó el cargo para regresar al Senado.
En una visita a Oaxaca, el Secretario Javier May expuso que reconocer en la Constitución a las personas más vulnerables como sujetos de derechos “es uno de los avances más importantes de la historia” porque con ello se dejó atrás el clientelismo. “Las pensiones y apoyos para el bienestar representan un ingreso vital para las familias más vulnerables de México”, dijo.
No obstante, la política de desarrollo social no debe “reducirse” a las transferencias monetarias que, además, no llegan a poco más de la mitad de los estratos más bajos, sino que debe ampliarse a garantizar los principales derechos sociales como el acceso efectivo a la educación (ya afectado por las clases en línea) y a la salud, así como un trabajo bien remunerado para mitigar la pobreza laboral, dijo Rogelio Gómez Hermosillo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
“No se tomaron medidas efectivas para proteger a los hogares más pobres o que se quedaron sin ingresos durante la pandemia, por lo que todos los datos muestran que tendremos un incremento de pobreza en los primeros dos años de Gobierno”, expuso en entrevista. “En los primeros meses de la COVID-19, el Coneval estimó que los programas sociales no podrían cubrir [la crisis económica], y se ha venido confirmando con los datos”.
AUMENTO DE POBREZA
Los datos sobre personas en situación de pobreza por diversas carencias el Coneval los publicará en la primera quincena de agosto. Pero cifras previas indican un aumento sobre todo por ingreso y trabajo precario derivado de la pandemia.
En el primer trimestre de este año el 39.7 por ciento de los trabajadores tuvo un ingreso insuficiente para acceder a una canasta básica, casi cuatro puntos porcentuales más que en mismo periodo de 2020. Quintana Roo y Baja California Sur, estados turísticos golpeados por la pandemia, son los más afectados por esta pobreza laboral, observó el Secretario ejecutivo José Nabor Cruz.
Esta semana Acción Ciudadana Frente A La Pobreza presentó el semáforo del trabajo donde advirtió que de 75 millones de mexicanos en edad productiva, sólo 9 millones cuentan con un trabajo digno, esto es, con todas las prestaciones.
Además, la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (ENCOVID-19) de la Universidad Iberoamericana mostró que en marzo sólo cuatro de cada 10 hogares en el país recibieron algún programa social, principalmente la pensión para adultos mayores y la becas Benito Juárez.
A la par, el 64 por ciento de los hogares declaró tener menos ingresos que antes de la pandemia y la seguridad alimentaria bajó de 33 por ciento en diciembre de 2020 a 27 por ciento en marzo, es decir, en el primer trimestre del año hubo más personas con hambre.
APOYO SIN PADRÓN NACIONAL
Emilia vive en Ometepec, Guerrero. Tiene gemelos y se dedica a bordar ropa con hilo y chaquiras, a la manera tradicional de su pueblo amuzgo. “Compro su ropa y también su alimento. Compro su fruta, frijoles y también jabón”, dijo sobre el apoyo de mil 600 pesos por hijo.
En la comunidad mixteca de Pinotepa de Don Luis, Oaxaca, Brenda se dedica al telar de cintura. Con esa actividad artesanal y la pensión para personas con discapacidad (es sorda) compra comida y otros productos para ella y su hijo.
Asimismo, este año Sembrando Vida se extiende a 20 entidades entre 420 mil sembradores como Ana, de la Costa Chica guerrerense. Su madre la llamó Anatolio, pero ella es feliz como mujer y le alegra que el programa donde labora en el vivero comunitario sea inclusivo.
Sin embargo, estos programas no llegan a todos los hogares que lo requieren. De abril de 2019 a julio del 2020, el Coneval evaluó a los 17 programas prioritarios mediante entrevistas tanto a los beneficiarios como a los operadores y a los funcionarios públicos que los implementan en campo, entre ellos, el apoyo a hijos de madres trabajadoras, pensión a personas con discapacidad y Sembrando Vida, así como los dirigidos para apoyar en educación, agricultura, vivienda y empleo.
Además de que recomendó utilizar el indicador de pobreza como criterio de elegibilidad para así no solo llegar a los territorios más necesitados sino a las personas que presentan mayores carencias, también observó la urgencia de un padrón único de beneficiarios a nivel nacional.
“Más allá del Censo del Bienestar con el que se empezó en 2018-2019, hay estados como Aguascalientes, Yucatán y Jalisco que sí tienen su padrón único de beneficiarios. Pero eso no escapa de que nuestra propuesta sea que haya un padrón único de beneficiarios a nivel nacional y, el escenario ideal, es que estuviera alimentado por los tres niveles de gobierno para detectar los requerimientos geográficos y sociodemográficos de localidades vulnerables”, afirmó el Secretario ejecutivo de Coneval José Nabor Cruz.
Los hallazgos generales de la evaluación también arrojaron que en muchos casos el diseño del programa se fue definiendo a la par de su implementación y se empezó a operar con poca infraestructura física o recursos humanos insuficientes en un contexto de austeridad.
Esto obligó a desarrollar estrategias de innovación y adaptación como plataformas en línea y utilizar la información disponible hasta el momento (no un padrón único) como base para acercarse a los beneficiarios. De hecho, varios programas utilizaron el Censo del Bienestar como fuente de información para identificar su población objetivo, no obstante, cada uno tuvo que realizar ajustes por falta de precisión.
Además, pese a las sedes del Banco de Bienestar, el buscar entregar sin intermediarios encuentra como limitante la baja penetración bancaria principalmente en zonas rurales, lo que encarece o atrasa el acceso.
Las recomendaciones de Coneval coinciden con observaciones de organizaciones sobre población objetivo.
En 2018, antes de la pandemia y el inicio de esta administración federal,Oxfam México que el Consejo registró a 52.4 millones de personas en pobreza, el 41.9 por ciento de la población. Pero 32 millones (el 60 por ciento de la población en pobreza) no cumplían con los requisitos para ser beneficiarias de los programas prioritarios como las pensiones para adultos mayores, para personas con discapacidad y las becas para el Bienestar Benito Juárez.
“¿Quiénes son las personas que no reciben apoyo de estos programas? 19 millones de ellas son trabajadoras ocupadas con promedio de ingresos por hogar de 7 mil 173 pesos al mes, y casi 900 mil desocupadas. El 88.6 por ciento (28.3 millones) no tiene acceso directo a la seguridad social, por lo que muy probablemente está en informalidad laboral y una de cada tres se encuentra en situación de pobreza extrema, es decir, tiene tres o más carencias sociales y sus ingresos no son suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas”, documentó la organización en abril del año pasado cuando comenzaba la COVID-19.
El Instituto de Estudios Sobre Desigualdad agregó que en 2020 en el decil I (el 10 por ciento de los hogares con menos ingresos) sólo el 60 por ciento cupo dentro de los requisitos de estas transferencias. Y, en el caso de los hogares cubiertos, no recibieron suficiente protección, ya que los ingresos promedio del decil I por estos apoyos son de 842 pesos mensuales, equivalentes a 12 por ciento del total de ingresos del hogar.
“No es posible afirmar que las personas en mayor situación de pobreza se encuentran protegidas por los programas de bienestar de la 4T, ya que apenas garantizan uno de cada 10 pesos que reciben”, planteó el Instituto en mayo de 2020.
