En las últimas semanas la revelación de #GobiernoEspía ha decantado una serie de acciones sociales y gubernamentales que pocas veces habíamos visto.

La vigilancia que, en teoría, tendría que identificar como objetivos a criminales esta fuera de control y este informe solamente muestra la punta del iceberg. Algo sumamente preocupante pues no solamente se apunta a personas críticas al gobierno, también a sus familiares, a menores de edad. Incluso, la semana pasada Citizen Lab confirmó que también opositores al partido en el poder habían sido objetivos de espionaje.

Imaginar que, por alguna razón, hemos sido espiados, que nuestra privacidad ha sido vejada y vulnerada de la manera más vil, es algo que ninguna persona que use un dispositivo móvil se podría imaginar. Todos vivimos pensando que una llamada o que un mensaje privado solamente es para dos -no para tres ni para cuatro; tampoco pensamos que las fotografías que están guardadas por años en nuestro celular o en la nube podrían ser vistas por cualquier desconocido. La información que se encuentra en nuestros celulares es una extensión de nuestra vida.

El problema de esto es que así, con la mano en la cintura, quien está detrás del celular, los metiches o entrometidos por decirles de alguna manera, van sumando objetivos conforme van encontrando información en los celulares ¿recuerdan una escena en la película de Snowden cuando el amigo de la hija del objetivo original terminó siendo espiado? Precisamente por que es sencillo pasar de un objetivo a otro a través de los conexiones de información es que el uso de este tipo de herramientas requiere controles.

La información es poder y quien logre controlar sus flujos puede llegar a mantenerlo por un buen rato. No solamente porque obtener información privilegiada de “primera mano” implica la posibilidad de adelantarte a los hechos, también porque el acceso a este tipo de información puede fortalecer narrativas y desprestigiar a aquellos que osan ir en contra de las mismas.

En este sentido, si bien el espionaje no es una práctica reciente, lo que es un escándalo es que el gobierno le ha faltado una y otra vez a la sociedad en sus respuestas y ha omitido rendir cuentas sobre montos millonarios ejercidos sin control. Recapitulemos. La primera respuesta se dio directamente de la Dirección General de Medios Internacionales de la Presidencia de la República al NYT y en esta se advertía que “no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo” e invitaban a los espiados a denunciar (acción que ya se había realizado). La traducción de esta respuesta no es una negación de los hechos sino una provocación a la violación de derechos humanos.

La segunda respuesta, fue un pronunciamiento del Presidente en un contexto totalmente inusual en la inauguración de una planta en Lagos de Moreno Jalisco. Ahí, Enrique Peña Nieto sentenció “espero que la PGR con celeridad pueda deslindar responsabilidades, y espero al amparo de la ley pueda aplicarse contra aquellos que han levando falsos señalamientos”. Posteriormente, el Presidente advirtió que sí cuenta con el programa de inteligencia y que es utilizado para garantizar la seguridad de las y los ciudadanos.

En la tercera respuesta, la PGR advirtió la apertura de una investigación con apoyo de diversas entidades nacionales e internacionales y expertos.

De todos estas respuestas, lo único que queda claro es que la investigación esta condenada al fracaso si no se prevén mecanismos que garanticen objetividad, imparcialidad y exhaustividad.

A lo largo de este tiempo, han sido los medios y periodistas los que poco a poco han ido revelando y desenmascarando lo que hay detrás de un gobierno espía: los contratos, las empresas que vinculan a NSO Group con el gobierno mexicano, los funcionarios públicos que los adquirieron, etc.

Si el gobierno realmente quisiera reivindicar su figura tras un hecho tan escandaloso, hubiera aceptado la petición de las víctimas y los abogados de conformar un panel de expertos independientes y hubiera transparentado todos los contratos firmados por las distintas dependencias con NSO Group y otras empresas dedicadas al espionaje.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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