La amapola se convirtió desde hace más de 10 años en la materia prima de la guerra del narco, quien tiene el control de los cultivos, del trasiego y de la distribución, tiene en sus manos el negocio. En Guerrero se cosecha 60 por ciento del opio que sale de México hacia los Estados Unidos. Gran parte de ese porcentaje se cultiva precisamente en la Sierra, una mina de “oro rojo”.
Por Arturo de Dios Palam
Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo/VICE News).- “¡A ver cabrones, agarren un palo y corten sus plantas!”. Con estas palabras, un grupo de militares ordenó a varios campesinos de la comunidad de Filo de Caballos, en Guerrero, destruir sus cultivos de amapola, narra el comisario Arturo López Torres.
No hay nada que fastidie más a los campesinos de esta zona que los obliguen a destrozar con sus propias manos, el trabajo de cinco meses, pues estos sembradíos les dan la posibilidad de ganar el sustento de sus familias.
“Se sienten humillados cuando les hacen eso, pero es peor cuando fumigan con los helicópteros porque en cinco minutos todo se va a la chingada”, dice molesto el comisario López Torres, parado a lado de media hectárea de amapola morada. Hoy en Filo de Caballos se escucha una demanda: la legalización de los cultivos de amapola, y él es el vocero.
Este hombre nació en la Ciudad de México, pero lleva 38 años asentado en la Sierra de Guerrero, y Filo de Caballos es la entrada al llamado ‘pentágono de la amapola’, una de las mayores zonas de cultivo en el país. Para López Torres legalizar la siembra con fines médicos tendría que darse con ciertas garantías si lo que se quiere lograr es salir del círculo de pobreza. Pero por lo pronto, sí podría traer a la zona otro beneficio: la reducción de la violencia.
“Si la legalización no tiene mecanismos como el precio de garantía, no funcionará. Significará sólo un cambio de patrón: dejaremos de venderle al narco y lo haremos a los laboratorios”, dice el hombre de bigote con facha de ranchero. “Pese a la legalización, el campesino seguirá siendo el peón, del peón, del peón, porque está en el último eslabón de la producción”, advierte.
El comisario explica que en la Sierra de Guerrero son más de 1,281 pueblos los que tienen como base económica la cosecha de la amapola: unos 50,000 pobladores comen y visten gracias al enervante.
PARA QUE LA LEGALIZACIÓN FUNCIONE…
El 17 de marzo de este año, los diputados locales del partido izquierdista Movimiento Ciudadano presentaron una iniciativa ante el Congreso de Guerrero para reformar la Ley General de Salud, el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Federal Penal, con el propósito de que se legalicen los cultivos de amapola para fines médicos.
La discusión en Guerrero dejó la oscuridad y ahora está a la luz pública.
La amapola se convirtió desde hace más de 10 años en la materia prima de la guerra del narco, quien tiene el control de los cultivos, del trasiego y de la distribución, tiene en sus manos el negocio.
De acuerdo a diferentes cifras, entre oficiales y de organizaciones no gubernamentales, en Guerrero se cosecha 60 por ciento del opio que sale de México hacia los Estados Unidos. Gran parte de ese porcentaje se cultiva precisamente en la Sierra, una mina de “oro rojo”.
Para que la legalización de los cultivos de amapola con fines médicos funcione en México primero se necesitan instituciones fuertes que garanticen que la producción no siga llegando a los mercados ilícitos, opina Lisa Sánchez, coordinadora del Programa Latinoamericano para la Reforma de la Política de Drogas de la organización civil México Unido contra la Delincuencia.
La investigadora explica que hasta ahora no hay una propuesta seria sobre el tema, ésta tendría que hacer un balance entre posibilidad de oferta, la capacidad instalada que hay, y el potencial de demanda que se pueda alcanzar dentro y fuera del país, y también evaluar las dimensiones trasnacionales.
“No pretender o creer que si toda la producción de México se va a la fabricación de medicamentos de empresas farmacéuticas, el problema va a desaparecer, tenemos que tomar en cuenta las demandas para fines no médicos que van a seguir existiendo sobre todo de cara al mercado norteamericano”, señala la analista.
¿Entonces cómo una eventual regulación de la producción de la goma podría beneficiar a los campesinos?, se le pregunta. Sánchez responde que se necesitaría una iniciativa que contemple una producción nacional con un fuerte componente de infraestructura, de acceso a mercados lícitos y de integración de toda la fuerza laboral que ya participa de este mercado.
Para Arturo Miranda Ramírez, académico de la Universidad Autónoma de Guerrero, y guerrillero en los años 70, la legalización del cultivo de la amapola no resolverá los problemas de los campesinos: el verdadero negocio del opio seguirá quedando lejos de su alcance. “Aunque legalmente está prohibida, en los hechos, la amapola está tolerada. La legalización le dará más fuerza a los negocios ilegales de los de arriba. El negocio siempre está vinculado con otros, incluso a personas del Estado, no con los campesinos”, dice.
LEGALIZACIÓN O APOYO DEL GOBIERNO
Estamos ahora en la comunidad Campo de Aviación en el municipio de Leonardo Bravo a 4 kilómetros de Filo de Caballos, otro de los pueblos amapoleros.
Aquí nos habla el campesino Crescencio Pacheco González, quien encabeza la Policía Rural, desde 2013: “nosotros le tomamos la palabra al gobernador de Guerrero (Héctor Astudillo Flores del partido oficial), si quiere legalizar los cultivos de amapola, porque habría más control. Yo me imagino que ellos pedirían las hectáreas de cultivos que necesiten y también darán empleos. Y si no se logra la legalización, nosotros le pedimos al gobierno que nos dé trabajo, y proyectos productivos para dejar de cultivar amapola”.
Crescencio se refiere a la declaración que Astudillo Flores dio el 10 de marzo en Acapulco en entrevista con el periódico Milenio. En esa ocasión, el gobernador dijo que la legalización de los cultivos de opio es una salida para reducir la violencia: “mientras Guerrero siga siendo un productor de droga, la violencia va a seguir”, dijo.
Crescencio, de 33 años asegura que desde que tiene uso de razón, los enervantes están en la Sierra: “acá 80 por ciento de la gente siembra la amapola o la mariguana para llevar un sustento a sus familias. Pero no es fácil, hay una lucha con los militares, con el ‘narco’, con las plagas, con los animales y con la lluvia. Es toda una rifa. Lo haces porque tienes la idea de que vas a llevar un peso a tu casa”.
Crescencio ha vivido en carne propia la violencia. Narra que todo comenzó una tarde de junio de 2013, cuando 15 hombres armados llegaron a Campo de Aviación. Juntaron al pueblo en la comisaría municipal y les fijaron una nueva regla: a partir de ese momento todos los campesinos sólo les venderían sus cosechas de opio a ellos. A nadie más.
“Nos dijeron que eran de Los Rojos y Guerreros Unidos, a nosotros no nos importó quienes eran, nosotros se la vendemos a quien trae el dinero”, acepta Crescencio parado en medio de la cancha de basquetbol del poblado que apenas supera los 500 habitantes.
Desde ese momento el opio de Campo de Aviación, de Filo de Caballos, de La Laguna y de Los Morritos se convirtió en propiedad exclusiva de los criminales.
Al inicio, el control criminal se limitó a los cultivos de la amapola, sin dejar de resguardar las entradas y salidas para evitar el arribo de otro grupo. Pero conforme pasaron los días, los 15 hombres se multiplicaron y se convirtieron en 45. “Y fue que comenzó el desmadre”.
El control se endureció: nadie podía entrar o salir del poblado sin permiso de los armados. Poco después comenzaron a quemar casas y se vinieron las borracheras, las balaceras, los asesinatos y las desapariciones. También impusieron un nuevo precio a la goma de opio.
“Ni los busquen, nos dijeron cuando fuimos a preguntar por la gente de la comunidad que se estaban llevando [secuestrando]”, recuerda el campesino.
Crescencio fue de los que huyó. Se mudó unos meses a Chilpancingo, la capital del estado, pero no se adaptó y la idea de perder sus tierras lo impulsó a volver. Se armó de valor y de pistolas y junto a los demás pobladores decidió enfrentar a los criminales. La batalla inició el 4 de octubre, y duró varios días. Los pobladores lograron sacar a los delincuentes con ayuda del Ejército. Han pasado ya más de dos años y ahora para Crescencio sólo hay dos salidas: la legalización o que la Sierra sea atendida por el gobierno estatal para que puedan dejar de cultivar la flor.
LA MANIFESTACIÓN MÁS CONTUNDENTE
Estamos en Chilpancingo. Es 28 de abril, son las 9 de la mañana. Miles de campesinos de la Sierra de Guerrero protestan en la capital del estado. Bloquearán por más de once horas la autopista que conecta a la Ciudad de México con Acapulco, organizados por Servando Guzmán Salgado, un líder transportista que apoyó a Astudillo Flores en su campaña electoral.
“Un surco de maíz por un surco de amapola”, gritan los campesinos que llegaron de las más de mil comunidades de donde se cosecha el opio en la Sierra, mientras recorren la pista de norte a sur.
Esta no fue la primera vez que campesinos de la Sierra pedían abiertamente la legalización, pero sí la más contundente: estrangularon por once horas la capital; transportistas suspendieron todo el servicio y en tres puntos la carretera quedó bloqueada. La manifestación fue reprimida. Policías federales desalojaron el bloqueo.
Al final de la noche, 71 campesinos tuvieron que dormir en las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y unos 12 quedaron heridos. Luego de una semana, los detenidos quedaron libres tras el pago de una fianza. Desde ese día, el dirigente transportista no pisa Guerrero por el temor de ser aprehendido.
Un mes después, el Congreso local organizó un foro con especialistas del mundo en la política sobre drogas para debatir si es viable la demanda de los amapoleros.
“México tiene más poder de lo que se imaginan”, le respondió Zara Snapp, de Global Commission on Drug Policy, al diputado del partido izquierdista Movimiento Ciudadano, Silvano Blanco Deaquino, cuando preguntó si Estados Unidos permitiría que se legalicen los cultivos. El principal obstáculo, dijo el legislador, es que cualquier cambio en las políticas sobre drogas en el país, requiere el visto bueno del gobierno estadounidense.
Pero la iniciativa del partido de Silvano Blanco en el Congreso local enfrenta otro tipo de problema: el bloqueo del Partido Revolucionario Institucional (PRI). A pesar de que el gobernador priista fue el primero que se manifestó sobre el tema, los diputados de su partido están retrasando el debate.
Ese día en el foro Fernando Ramos Casas, de la ONG México Unido contra la Delincuencia, dio una salida: “Se imaginan si al Congreso de la Unión llegan unos 50 campesinos de Guerrero con cajas llenas de las 110.000 firmas que se necesitan para una iniciativa ciudadana para proponer la legalización de la amapola, se les caerían los calzones a los Estados Unidos” dijo, sin sospechar que su idea se haría realidad.
El pasado jueves 16 de junio diputados de Movimiento Ciudadano y campesinos de la Sierra anunciaron que presentarán ante la Cámara de Diputados federal la propuesta por la vía ciudadana para legalizar los cultivos de amapola. Una semana más tarde comenzó la recolección de las firmas, y ahora en esa tarea están.
Al respecto, ayer se dieron noticias por parte de los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá: los presidentes dieron a conocer un plan para combatir el aumento de los cultivos de amapola de opio y heroína, en la reunión que se llevó a cabo en Quebec.
