Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo). — Hace unos días, el Gobierno federal resaltó los esfuerzos y logros realizados, desde 1966, para la protección y conservación de la tortuga marina en México, sin embargo, aún después de los 49 años de la atención que presume, la totalidad de especies de estos quelonios que arriba al país sigue en peligro de extinción, tres de ellas en situación crítica.
En el marco de la Séptima Conferencia de las Partes de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (COP 7-CIT), de la cual el país fue sede este año, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), presentó un balance bastante positivo de la política que el Gobierno federal puso en marcha para atender el rubro.
La Convención promueve la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de los hábitats de los cuales dependen, mediante un tratado intergubernamental que provee el marco legal para que los países del continente americano tomen acciones en favor de estas especies.
Y aunque algunos logros del gobierno, de la mano con grupos civiles y asociaciones ecologistas, son plausibles, los factores que ponen en riesgo a las seis especies de tortuga marina que desovan en territorio mexicano -de las siete que existen en el mundo- no han disminuido mucho.
De acuerdo con una investigación realizada por Defenders of Wildlife y la asociación civil Teyeliz, se calcula que de mil tortugas que nacen, sólo una alcanza a llegar a la vida adulta dadas las bajas tasas de sobrevivencia de crías, a causa de la depredación natural y por amenazas directas o indirectas ocasionadas por los humanos:
“Las tortugas marinas están amenazadas por el hombre a través del consumo de sus huevos, aceites y carne, así como por el uso de su piel y caparazón para productos manufacturados; la muerte en pesca dirigida (todas estas ilegales en México) e incidental; la pérdida de hábitat de anidación por desarrollos no planificados en zonas costeras; por actividades turísticas en sus playas de anidación como tráfico de vehículos en la playa; por la ingestión de desechos y contaminación marina”, entre otras mencionadas.
A estas razones hay que agregar los señalamientos de grupos conservacionistas a cerca del incumplimiento del marco regulatorio por parte del Gobierno federal, que contribuye a dejar, de acuerdo con reportes, un índice de alrededor de dos mil muertes de tortugas marinas al año.
De entre las obligaciones que a nuestro país son impuestas toda vez que pertenece a la CIT, está la “restricción de actividades humanas que afecten a las tortugas marinas en períodos de reproducción, incubación y migración, así como reducción al mínimo posible de la captura, daño o muerte incidental de las tortugas marinas durante las actividades pesqueras”.
No obstante, en 2013 la Red de Restauración Turtle Island (TIRN) y el Centro para la Diversidad Biológica (CBD), de Estados Unidos, acusaron a México de violar la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas por sus altos índices de captura incidental de la tortuga caguama, en Baja California. Y un reporte realizado por el departamento estadounidense de Comercio señaló a México como un país que captura especies protegidas en actividades pesqueras.
Dichos señalamientos han merecido la constante valoración del vecino norteamericano para la probable implementación de multas y sanciones a nuestro gobierno, misma que sigue en proceso y se espera dé su conclusión este año.
Por otro lado, organizaciones nacionales también han demandado que el gobierno implemente acciones contundentes y adecuadas para la conservación de esta especie:
“En México se tiene el conocimiento de que miles y miles de tortugas mueren al año y hasta ahora no hay acciones concretas”, dice a SinEmbargo, Alejandro Olivera Bonilla, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Mientras que otra de las obligaciones impuestas por el CIT al país, consiste en “fomentar la investigación dirigida a la reproducción experimental, cría y reintroducción de las tortugas marinas”, las autoridades insisten en seguir investigando, como en el caso de la tortuga caguama, pero “ya no se necesita más investigación –señala Olivera- lo que se necesita son medidas eficaces para su protección. Van más de cinco años tratando de gestarse un ordenamiento pesquero en la zona [de distribución de la tortuga caguama] que no se ha realizado”.
“Con esta administración estamos en un retroceso –continúa Olivera–, porque décadas de investigaciones han arrojado como resultado contundente que la caza incidental es el principal factor de extinción; sin embargo, Mario Aguilar, actual Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca ha puesto en duda las publicaciones y trabajos científicos, inclusive de su equipo, y ha favorecido el status quo con estas medidas”.
Por otro lado, no sólo organizaciones independientes a las autoridades mexicanas han expresado su preocupación por el tema. El pasado marzo, el Director de la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán (Compesca), José Raúl Gutiérrez Duran, advirtió de la insuficiencia de la protección y resguardo de huevos en playas michoacanas para proteger a la tortuga laúd, la más grande del mundo, clasificada en peligro crítico de extinción.
Esto, aún cuando la SEMARNAT aseguró que “México reforzó las acciones de protección de tortuga Laúd con un operativo consolidado entre la Secretaría de Marina-PROFEPA-CONANP, con la meta de tener 0 por ciento de saqueo y producir la mayor cantidad de crías posible”.
El funcionario advirtió que el arribo de este ancestral espécimen ha disminuido en un 80 por ciento los últimos diez años precisamente por el saqueo de nidos como factor principal y que, del millón 428 mil crías de tortuga que se libera en la región, sólo el cinco por ciento es de esta especie, y el 95 de tortuga golfina.
La tortuga laúd figuró en enero de este año en una lista realizada por el portal de globalpost que la ubicaba entre las 13 especies que podrían desaparecer durante el año 2015.
El Comisionado Nacional de Areas Naturales Protegidas, Alejandro Del Mazo Maza, que fungió como Presidente de la COP7-CIT este año, informó que la SEMARNAT, “incluyó en las Acciones Estratégicas para la conservación de tortugas Laúd la identificación de áreas de importancia para el ciclo de vida de esta especie. Este punto quedó como una acción a realizar en el corto plazo”.
Finalmente, en medio de este panorama, las autoridades mexicanas, junto a los gobiernos firmantes del CIT, reiteraron su compromiso para la protección de estos animales para que “las futuras generaciones estén conscientes del compromiso que deben adquirir para sumar esfuerzos en su conservación”. Y no perdieron la oportunidad de congratularse de la fortuna con que corre nuestro país, conocido como “la capital de las tortugas”, por recibir a seis de las siete especies existentes. Tal vez las tortugas no celebran la misma suerte.
