Las capacidades publicitarias de la mayor empresa trasnacional productora de bebidas embotelladas constituyen su principal instrumento de ventas.

La Coca-Cola y sus variantes están posicionadas en el inconsciente de la población mundial, no solo por el producto y sus potencialidades adictivas: el azúcar y los saborizantes químicos agregados, sino, sobre todo, por su asociación con mensajes “buena onda” que se enganchan a toda clase de idiosincrasias y culturas.

La navidad, el amor, el deporte, los buenos momentos, la familia, la amistad, son todos conceptos explotados con una creatividad publicitaria que no repara en la utilización de símbolos resignificados, que cuida la estética y la hace evolucionar con los tiempos y las modas y que aprovecha al máximo recursos comunicacionales, mercadológicos, sicológicos y audiovisuales.

Dinero no falta y cada inversión se recupera con creces gracias al crecimiento permanente de las ventas. Pero ahí no queda todo.

El “buenaondismo” se acaba cuando se trata de frenar a los gobiernos que pretenden regular los productos cuyo consumo numerosos estudios científicos ubican en el origen de graves problemas de salud: fallas metabólicas, obesidad, diabetes, padecimientos de la memoria, enfermedades cardiovasculares.

Ahí entra en funciones otra división de expertos de Coca-Cola y sus filiales en cada país, como FEMSA en México, la poderosa empresa del Grupo Monterrey. Se trata de los cabilderos profesionales, los despachos de relaciones públicas y gubernamentales, los cazadores de cabezas.

Cada funcionario público que tiene en sus manos una decisión que pueda afectar en lo mínimo la marcha de las utilidades del gigante refresquero, es susceptible de convertirse en un futuro funcionario de la empresa. Ejemplos sobran.

Uno de estos casos es el del político priista de larga trayectoria Roberto Campa Cifrián, quien ocupó la titularidad de la Procuraduría Federal del Consumidor, un ente público cuya función es defender los derechos de los consumidores frente a las empresas que proporcionan bienes y servicios, lo cual incluye la vigilancia y verificación del cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que establecen regulaciones obligatorias en aspectos que van desde el mismo producto, su embalaje, sus procesos de producción, su etiquetado y hasta la terminología que utiliza.

Ese desempeño de Campa ocurrió hace más de 20 años, en el Gobierno de Ernesto Zedillo, pero antes y después fue legislador local y federal, ocupó cargos en Gobernación, en Seguridad y concluyó su participación política como Secretario del Trabajo, con Enrique Peña Nieto.

Hoy, esa amplia experiencia política se encuentra al servicio del consorcio Fomento Económico Mexicano (FEMSA), multinacional de origen regiomontano que aglutina embotelladoras de refrescos, cadenas de tiendas de conveniencia, farmacias, intermediación financiera, entre otras muchas líneas de negocio.

Campa es el director de asuntos corporativos de FEMSA desde 2019, apenas unos meses después de concluir su encargo público. En un grupo empresarial de estas dimensiones, ese cargo tendría que exigir una dedicación exhaustiva y una conducta ética.

No parece ser así en el caso del expolítico quien ocupa parte de su tiempo promoviendo las estrategias de lavado de cara del consorcio, pero también, y aquí lo relevante, acosando de manera sistemática a activistas, funcionarios y científicos críticos de las prácticas comerciales corporativas que han traído efectos perniciosos a la salud pública de los mexicanos, como ocurre con FEMSA.

Esta curiosa hibridación de una cultura empresarial que se pretende eficientista y aséptica, con un personaje surgido de las entrañas del PRI profundo, cercano al grupo Atlacomulco y a la maestra Elba Esther Gordillo, ha producido un discurso porril en las publicaciones en Twitter de Campa Cifrián, quien abandonó la careta “buena onda” para caer de plano en la descalificación provocadora.

Sin embargo, la conclusión que surge a la vista no es nada desalentadora: queda claro que el activismo de científicos como el doctor Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Pública; y de defensores de derechos como Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, está provocando efectos para desenmascarar publicidad engañosa como el “recurso Santa Clos” y la “chispa de la vida”.

A grado tal que hace falta la línea dura, el “recurso viejo PRI” para tratar de frenar el crecimiento de la conciencia en torno al daño que provocan las bebidas embotelladas, pero también los funcionarios venales,  las complicidades entre órganos reguladores e industria y el ansia desproporcionada de ganancias por encima de la salud y los derechos de las personas.

Campa tiene la venia de José Antonio Fernández Carbajal, el poderoso presidente ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA para asumir el papel de golpeador de activistas y críticos, pues firma sus tuits con su cargo de director corporativo.

Quizá ya no baste con la sobada y muy expuesta táctica de corrupción académica para financiar estudios a universidades y tanques de pensamiento que buscan diluir mediante seudociencia los dramáticos impactos del consumo de bebidas chatarra en la salud de capas amplias de población.

Ahora hay que dar paso a una ofensiva más agresiva, maquilada por la tecnología política del priismo histórico, para mantener el nivel de ventas y los márgenes de ganancia del coloso refresquero.

Solo habría que decirles a los atildados magnates regiomontanos que ese reciclaje puede ser un camino tan falso como el de las botellas de plástico con las que han inundado al país, pues parece que ya no le sirve ni siquiera al PRI, que está por entregar su bastión más emblemático.

Dime con quién andas y te diré quién eres.

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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