La extradición de César Duarte Jáquez pone en una posición complicada a la Gobernadora María Eugenia Campos Galván, al ser acusada de supuestamente haber recibido sobornos del exmandatario.
Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).– María Eugenia Campos ha tenido una buena racha. Primero derrotó a su antecesor, Javier Corral Jurado, al interior del PAN; la perseguía para inhabilitarla y a su vez quería que uno cercano a él, Gustavo Madero, lo sucediera. Ella le ganó.
Y luego, con la candidatura panista ganó la elección por la gubernatura de Chihuahua. Eso le trajo una mejor posición y llevó a que el Fiscal que la acusaba de corrupción y que era cercano de Corral renunciara. En su lugar quedó uno de su equipo; es decir, un Fiscal a modo o incondicional.
Pero al mismo tiempo que Maru Campos ganó esas medallas, el traerlas en el pecho se le volvieron una debilidad. César Duarte Jázquez, el exgobernador trasladado de Estados Unidos a Chihuahua para ser sometido a distintas causas vinculadas con corrupción, es ahora una papa caliente para ella. Los que lo acusaron de corrupto hace unos años dicen que su llegada a Chihuahua le garantiza impunidad porque Campos, de acuerdo con las acusaciones legales/formales en su contra, recibió millones de pesos del mandatario priista cuando era Diputada. Y esa sospecha pone en duda las tareas de la Gobernadora.
“Si Corral quiso emplear la lucha anticorrupción para efectos políticos con la finalidad de posicionar a (Gustavo) Madero para Gobernador, en demérito de Maru Campos, eso lo tendrá que responder Corral, pero no exonera la responsabilidad de María Eugenia Campos, hoy Gobernadora, de recibir dinero de Duarte”, indicó el activista Jaime García Chávez en entrevista con SinEmbargo, luego de la extradición de César Duarte.
García Chávez explicó que la responsabilidad de la mandataria estatal se remonta a cuando era legisladora del Congreso local, ya que desde su curul permitió que César Duarte dispusiera a su antojo de los recursos de la entidad.
“Había un maridaje del PAN y particularmente de la fracción parlamentaria en el Congreso local, en el cual Maru Campos era la tercera figura de los diputados en la Comisión de vigilancia de la Auditoría Superior del estado y dejó pasar y dejó hacer, eso me queda claro, como queda claro también que Javier Corral le entregó, de manera ilícita y corruptiva, dinero público a Maru Campos con destino a las manos de César Jauregui, firmado”, dijo el abogado la noche de ayer, en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, en el programa Los Periodistas que se transmite en SinEmbargo Al Aire.
LAS ACUSACIONES CONTRA MARU
María Eugenia Campos ha sido señalada de ser parte del grupo duartista, incluso fue vinculada a proceso al ser acusada directamente por el exsecretario de Hacienda de Duarte, Jaime Herrera, de haber recibido 10 millones de pesos cuando era Diputada local, para presuntamente apoyar proyectos enviados por el priista al Congreso.
Desde julio del 2020, antes del inicio del proceso electoral de 2021 en Chihuahua, el entonces Gobernador Javier Corral Jurado señaló que un grupo político dentro del Partido Acción Nacional (PAN), comandado por la entonces legisladora Maru Campos Galván, llamaba “jefe” a Duarte.
En diciembre de ese año, Corral denunció ante la dirigencia nacional del PAN que la entonces Alcaldesa con licencia de Chihuahua y el Secretario del Ayuntamiento, César Jauregui, se habrían beneficiado con más de 10 millones de pesos en sobornos dados por el exgobernador César Duarte.
El exmandatario chihuahuense envió en ese entonces una carta al dirigente panista Marko Cortés, donde expuso que los presuntos sobornos habían sido recibidos entre los años 2014 y 2015. Además, recordó que Maru Campos era integrante de la Comisión de Fiscalización del Congreso local en 2014, cuando se aprobó la cuenta pública del Gobierno estatal.
Los señalamientos se fundaban también en las declaraciones que realizó el exsecretario de Hacienda de Duarte, Jaime Herrera, quien se convirtió en testigo protegido en la investigación que emprendió el gobierno de Javier Corral Jurado, la cual fue bautizada como “Operación Justicia por Chihuahua”.
Ya como candidata de la coalición “Nos Une Chihuahua”, conformada por el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Maru Campos aseguró en una entrevista con SinEmbargo que los dichos en su contra eran un cuento viejo y que Corral no había encontrado “un cuento nuevo”.
“Es una mentira vieja que nos hace ver que es una persecución”, dijo en enero de 2021.
Fue en ese entonces que María Eugenia Campos fue vinculada a proceso por el delito de cohecho pasivo, por su presunto involucramiento en la llamada “nómina secreta”, de la que habría recibido más de nueve millones de pesos.
Esa caja chica se conformó con mil millones de pesos de dinero público e involucró a una red de políticos, empresarios y religiosos, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía que entonces encabezaba César Augusto Peniche.
Entre los datos de prueba que presentó el Ministerio Público de Chihuahua se habló de irregularidades en el contrato de servicios para el hermano de Maru Campos, quien presuntamente habría recibido más de un millón de pesos en transferencias, información que no fue controvertida por la defensa.
De acuerdo con el Gobierno de Corral, el Ministerio Público presentó además datos de prueba que permitirían acreditar cómo fue el desvío de recursos públicos por medio de la llamada “nómina secreta”.
Además, se presentaron recibos supuestamente firmados por la candidata. No obstante, en mayo de 2021, peritos grafoscópicos aseguraron que eran falsas las firmas de los citados recibos.
La panista calificó la vinculación como una “persecución política” y explicó en ese entonces que, al no estar sentenciada, podía participar y ser votada en la contienda del 6 de junio del año pasado, como finalmente ocurrió.
María Eugenia Campos llevó su proceso en libertad a la par que su campaña, pues solo le retuvieron su pasaporte como medida cautelar. Tras la jornada electoral, ganó con una votación del 46.4 por ciento, de acuerdo con el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua.
Fue en septiembre del año pasado, en vísperas de rendir protesta como Gobernadora constitucional de Chihuahua, cuando la Fiscalía Anticorrupción de Javier Corral, desistió de los dos procesos penales que enfrentaba Campos, entonces gobernadora electa.
El primero, asentado en la causa penal 3022/2020, donde se le acusaba de haber cobrado sobornos a empresarios cuando era alcaldesa de la capital, caso del que la autoridad ministerial retiró los cargos, sin que alguna vez se llevara a cabo la audiencia inicial de vinculación a proceso.
El otro proceso contra la panista fue por el delito de cohecho, por presuntamente haber recibido sobornos por más de 9 millones de pesos del exgobernador César Duarte, el cual estaba bajo la causa penal 2821/2020 y por el cual fue vinculada a proceso el 1 de abril de 2021.
LA GOBERNADORA, ¿EN APRIETOS?
Campos Galván ha insistido desde ese entonces que —a pesar de que los señalamientos llevaban años circulando—, el Gobierno de Corral no presentó ninguna prueba que la haya relacionado con actos ilícitos y desde entonces a la fecha ha dicho que su relación con Duarte Jáquez es una mentira.
“Estos señalamientos casualmente empezaron en mi campaña para ser Alcaldesa, en 2016, sin embargo, no ha habido ningún elemento, una prueba de una inversión con el exgobernador Duarte, de un inmueble que tengamos juntos, de una sociedad de una inversión; lo único que dicen es que él y yo tenemos una relación porque supuestamente yo le votaba en el Congreso del Estado las cosas a favor y la verdad es que yo le voté siempre contra la deuda y casi creo que todas las cuentas públicas, no sé dónde está esa alianza. Entonces, pues fue muy tonto el Gobierno del Estado de ese entonces y yo muy bendecida por recibir dinero cuando yo todo lo votaba en contra y mis intervenciones en tribuna eran en contra del Gobernador. Entonces ¿dónde está la relación?”, dijo Campos Galván a SinEmbargo en una entrevista realizada en enero de 2021.
La extradición de Duarte ahora pone en una posición complicada a la Gobernadora. Quienes la han acusado, insisten en que ella es parte del grupo de colaboradores de César Duarte, que procurarán que quede impune. No obstante, esta situación puede desestabilizar a su gobierno, indicó el activista, Jaime García Chávez.
El abogado destacó que todo eso es posible porque muchos de los integrantes del grupo duartista siguen “enquistados en la administración pública” de María Eugenia Campos.
Por su parte, María Eugenia Campos ha dicho estar lista para dar continuidad a las denuncias pendientes e incluso anunció que muy pronto presentará carpetas de investigación no sólo contra César Duarte Jáquez, sino también contra su antecesor inmediato, Javier Corral Jurado.
“Lo que sí desestabilizaría su gobierno, es que la siguiente semana Duarte obtuviera su libertad”, comentó García Chavez.
Por ello, el abogado consideró que la postura que ahora toma la mandataria es con una intención de “problematizar” la llegada de Duarte porque a ella no le conviene su extradición, sin embargo, dijo que lo que no podrá negar son sus vínculos con el exmandatario.
