Un brote de covid-19 el penal de Santiaguito ya ha cobrado vidas. Sin embargo, las autoridades no dan información y someten a los presos con sospecha de contagio a un aislamiento en condiciones inhumanas. El colectivo de abogados Cihuacóatl interpuso un amparo
Por Lydiette Carrión
Ciudad de México, 3 de junio (Pie de Página).- Su compañero de celda murió por coronavirus. Pero las autoridades del penal de Santiaguito han impedido que un médico lo valore. Germán Ramírez Maldonado está preso desde el año 2000, por un crimen que, advierten sus abogados, no cometió. Ahora su vida peligra por el brote de COVID-19 que ocurre en Santiaguito, y que ha sido minimizado oficialmente.
Manuel Germán Ramírez Valdovinos tiene 42 años, hipertensión arterial y una serie de secuelas que le dejó la tortura a la que lo sometieron en mayo de 2000, cuando lo detuvieron. Lo acusaron de matar a Emmanuel Elizalde, a pesar de que el cuerpo que se presentó en el caso no correspondía físicamente con la supuesta víctima. Su caso lo lleva un colectivo de abogados de derechos humanos, pues, advierten, las autoridades lo acusaron y condenaron por el homicidio de un hombre que, hay indicios, sigue vivo.
Pero su defensa ha tenido que dejar a un lado lo importante para atender lo urgente. El pasado 24 de mayo de 2020, falleció su compañero de celda, de nombre Porfirio. Este señor de unos 54 años, y de profesión albañil, presentó síntomas de coronavirus. Incluso, su certificado de defunción señala que la causa de muerte fue neumonía bilateral –en ambos pulmones–, probablemente SARS-CoV-2. Pero hasta la fecha se desconoce si se le hizo prueba alguna y cuál es el resultado.
“A la par de eso, vemos que han acontecido varias cosas, que implican otro proceso de litigios… uno de estos fue de COVID-19. Realmente el tema había sido bastante oscuro, porque Germán nos había dicho: ‘oye, es que las cosas están bastante turbias en cuanto al coronavirus. No hay información, no hay protocolos. Nadie dice nada, pero todos tenemos sospechas de brote’”, relata Guillermo Naranjo Estrada, abogado del colectivo Cihuacóatl, y quien lleva la defensa legal de Germán Ramírez.
La muerte de Porfirio no es la única. El mismo día, la prensa documentó la muerte de María Eulalia Guadalupe Buendía “La loba”, exlideresa de Chimalhuacán por COVID. Versiones no confirmadas hablarían que su esposo también falleció. Además, el 25 de mayo, un médico del penal también falleció por coronavirus. Cabe mencionar que, sobre todos estos casos, los presos tienen conocimiento por medio de la prensa y familiares. Y no por información confiable de las autoridades del penal.
AISLAMIENTO Y HACINADOS
Guillermo Naranjo explica que las autoridades se han negado a que ingrese un médico para revisar el estado de salud de Germán. Pero quizá ni siquiera eso sea lo más grave. La forma en la que las autoridades del penal han tratado de contener la epidemia lo es. Todos los presos que han estado en contacto con posibles enfermos de COVID-19 han sido hacinados en los cuartos designados para visitas conyugales. “Germán nos dice que los cambian. Le ha tocado estar con ocho o 10 presos en un solo cuarto”. De este modo, si alguien por pura casualidad se había librado de contagiarse, pues ahí habrá un enorme porcentaje de que enferme.
“Las únicas cosas que hacen en Santiaguito es que en los casos de quien compartían celda (con enfermos o muertos) los aíslan. Pero los ponen en condiciones infrahumanas, a cinco o 10 personas en una sola celda”, explica el abogado.
“A todos los juntan y tienen ese temor, de que, ‘si ya me había salvado’, pues en una habitación de visita íntima junto con otras personas, pues ahora sí me contagio’.
–¿Y cómo distinguen a las personas que tienen COVID de las que no?
–Sólo han llegado a tomarles la temperatura y eso ha sido esporádicamente. Buscamos a autoridades del centro penitenciario –para plantear el problema–, y no fue posible. Así que sólo promovimos un amparo, y se dictó una suspensión.
EL PROBLEMA SE REPITE EN LAS CÁRCELES DE TODO EL PAÍS
En México, hay 202 mil presas. En marzo pasado la ONU dirigió a las autoridades nacionales una serie de recomendaciones, entre las que destacan las de proveer información suficiente y clara a la población penitenciaria, garantizar el carácter temporal de la suspensión de visitas, establecer mecanismos de sanitización. Sin embargo, como narra este reportaje, esto no ha ocurrido así.
