No es la única desgracia que pesa sobre OHL. La banca española y la empresa negocian con el Grupo Villar Mir cerca de 450 millones de euros. Las conversaciones entre OHL y el pool conformado por Banco Santander, Caixabank, Bankia, Banc Sabadell, Société Générale y Credit Agricole corren en este momento, el peor de la compañía en años. Santander es la que más presiona; el banco presidido por Ana Botín quiere proyecciones reales de una empresa que quiere crecer en medio de los escándalos.
Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).– El juez de la Audiencia Nacional de España que investiga los presuntos sobornos de empleados de OHL, Manuel García-Castellón, amplió las investigaciones a seis políticos españoles y realiza un rastreo en Luxemburgo, Suiza y México en busca de 3.4 millones de dólares procedentes de la constructora a través de una filial mexicana, según informó el diario español Vozpópuli.
Desde hace años que OHL ha sido acusada en México de sobornar a ex servidores públicos que participaron en varios gobiernos del Estado de México y en la administración de Enrique Peña Nieto. Se desconoce si esa línea de investigación está abierta en México, aunque Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, quien ha sido mencionado por corrupción, está cercado por las autoridades.
En un documento oficial al que tuvo acceso el diario español Vozpópuli, el magistrado solicitó a la Agencia Tributaria un informe sobre dos sociedades que habrían recibido fondos “presuntamente para financiar el pago de comisiones”.
“En el documento del 28 de mayo el magistrado Manuel García-Castellón requirió un informe de las cuentas bancarias de la que sea titular la entidad Financiera Sia Capital SL, así como la certificación registral completa. La intención, según consta en el documento, es identificar una transferencia de 718.648 euros recibida por esa sociedad y realizada por la luxemburguesa Lendir Investments SA”, consigna el diario español en una nota firmada por los periodistas Tono Calleja y Liliana Ochoa.
La nota ha sido retomada por distintos diarios líderes en España, como El País o El Diario.
La transferencia de dinero habría tenido lugar en noviembre de 2010, durante el mismo periodo en el que la sociedad con sede en Luxemburgo “recibió 3.4 millones de dólares procedentes de OHL SA a través de una filial mexicana, presuntamente para financiar el pago de comisiones”.
El medio señala que el juez requirió a la Agencia Tributaria que remita la certificación registral completa de la firma Sistemas Madrileños SL.
La caída de OHL comenzó en 2015, año en que se vio envuelta en escándalos de corrupción por el pago de sobornos a políticos a cambio de concesiones en España, donde el imperio de Juan Miguel Villar Mir, dueño de la constructora, no puede entenderse sin su relación cercana con el rey Juan Carlos.
La historia de éxito de OHL (hoy Aleatica) en México no se puede entender sin las obras adjudicadas en el Estado de México durante los gobiernos de Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto. Su primera participación en el país fue en 2002 con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero su operación más redituable se dio al año siguiente con el Circuito Exterior Mexiquense.
Respecto a los seis políticos españoles investigados, los primeros en declarar como imputados el próximo 12 y 13 de junio serán Abelardo Genaro Moya (ex cargo de la Junta de Andalucía), José Luis Almazán Palomino (PP de Melilla) y Albino Pardo Rodríguez (ex director del Puerto de Cádiz), todos acusados de un delito de cohecho.
No es la única desgracia que pesa sobre OHL. La banca española y la empresa negocian con el Grupo Villar Mir cerca de 450 millones de euros. Las conversaciones entre OHL y el pool conformado por Banco Santander, Caixabank, Bankia, Banc Sabadell, Société Générale y Credit Agricole corren en este momento, el peor de la compañía en años. Santander es la que más presiona; el banco presidido por Ana Botín quiere proyecciones reales de una empresa que quiere crecer en medio de los escándalos.
Luis Pedro Suárez Trenor (ex dirigente de Coalición Canaria y ex presidente del Puerto de Santa Cruz de Tenerife); Luis Manuel Bruno Romero (ex subdirector general de construcción de la Dirección de Carreteras de Fomento con el PP) y Antonio Ángel Castro Cordobez (antiguo consejero de Infraestructuras de Canarias y ahora diputado regional de CC) están siendo investigados, pero no han sido citados a comparecer ante el juez.
En el caso de Moya, Palomino y Rodríguez, además de dejar constancia de sus citaciones, García-Castellón ha pedido a la Agencia Tributaria que investigue sus bienes y derechos, “incluidos aquellos bienes que figuren a nombre de sociedades en las que estas participen”.
Como informa Vozpópuli, el juez considera que los imputados son “personas que en su momento desempeñaron funciones públicas en organismo o entidades vinculadas a la adjudicación o ejecución de obras públicas a cargo del grupo OHL”.
INVESTIGACIONES POR SOBORNOS
Las diligencias de García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, se enmarcan en una investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre la cúpula de OHL por haber mantenido “una práctica generalizada” de sobornos a funcionarios públicos, entre los que habría políticos, para conseguir adjudicaciones de obra pública en toda España.
Es una pieza separada del caso Lezo surgida a raíz del hallazgo de grabaciones en poder de un antiguo empleado de OHL.
La investigación surgió en 2018, cuando agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron el domicilio de Paulino Hernández Ros y encontraron 21 archivos de audio grabados por el propio ex directivo de OHL y en los que aparece él conversando con otros responsables de la empresa participada mayoritariamente por el Grupo de Juan Miguel Villar Mir, empresario imputado en casos de corrupción irregular del PP y expresidente de la entidad. Las conversaciones fueron grabadas entre 2006 y 2009.
–Con información de ElDiario.es
