Lorenzo Córdova pasará a la historia por ser un modesto profesor universitario que se volvió multimillonario por ser un protagónico árbitro electoral: su fortuna de casi 30 millones de pesos de dinero público se la debe a Enrique Peña Nieto, al PRI y a los poderes políticos, económicos e intelectuales por los que se ha inclinado desde que fue asesor de José Woldenberg.

Pero en 11 meses precisos, el 3 de abril de 2023, Córdova finalizará sus 12 años y cuatro meses como Consejero electoral y dejará de recibir la quincena de 100 mil pesos, para pasar al olvido o incorporarse –ya sin máscara– a la lucha partidaria y/o académica contra el oficialismo y contra quien, desde la UNAM de los ochenta, ha sido su adversaria: Claudia Sheinbaum.

Con Córdova se irán otros tres consejeros del faccioso y opulento Instituto Nacional Electoral (INE): Ciro Murayama, exasesor también de Woldenberg, la muy peñista Adriana Favela Herrera y José Roberto Ruiz Saldaña, un consejero con el sello del PAN que se acomodó al lopezobradorismo y que se reconvirtió al PRIAN cuando no pudo ser rector de la Universidad Veracruzana.

Y aquí está el corazón de la reforma propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la batalla política que viene: la sustitución, redimensionamiento o sólo renovación del INE, cuyo Consejo General nació faccioso desde que, en 1991, se llamó Instituto Federal Electoral (INE) y que lo seguirá siendo si la oposición se niega a cualquier cambio en las reglas del juego en la materia, específicamente en la designación partidaria de los consejeros.

Como con toda Reforma Constitucional, el Presidente de México requiere de mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso para que prospere su proyecto de cambio electoral. La oposición ya adelantó que no le dará los votos que le faltan, así que la única negociación obligada será la de los cuatro nuevos consejeros del INE.

Pero aunque no haya Reforma Electoral, por lo que continuará toda la costosa estructura que encabeza el INE, estos cuatro nuevos consejeros pueden cambiar la correlación de fuerzas en el Consejo General, aunque para aprobarlos se requiere también en la Cámara de Diputados mayoría calificada.

Y aquí viene lo interesante de la disputa: sin Córdova, Murayama, Favela y Ruiz, la mayoría de ocho consejeros identificados con el PRIAN se reducirá a cuatro (Claudia Zavala, Dania Paola Ravel, Jaime Rivera y Uuc-Kib Espadas), mientras que la facción oficialista tendrá sólo tres: Norma de la Cruz, Carla Humphrey y Martín Faz.

Aunque Morena y sus aliados quisieran, no tienen los votos suficientes de los diputados para quedarse con los cuatro a elegir y construir una mayoría de ocho consejeros a favor, incluido el presidente y un nuevo secretario ejecutivo, quien es pieza clave en el funcionamiento del organismo.

Lo previsible es que la oposición exija y obtenga dos de los cuatro nuevos consejeros para mantener la mayoría de seis de los once votos, aunque el presidente sea de la facción gobernante, pero manteniendo al secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, cuya mayoría de dos terceras partes aún vigente lo reeligió, en febrero de 2020, hasta el 2026 precisamente para controlar la elección presidencial de 2024.

Así, si no hay ninguna Reforma en materia Electoral, lo previsible es que a partir de abril de 2023 se equilibren las fuerzas en el Consejo General del INE, con un presidente afín a Morena, pero con el contrapeso del secretario ejecutivo Edmundo Molina, quien ostenta el cargo desde 2008.

¿Le sirve al país un organismo electoral partidizado, si se sabe de sobra que la suma de parcialidades no significa imparcialidad? Obviamente no. Tampoco es útil a la sociedad una costosa estructura electoral ni partidos políticos parasitarios que a menudo ni siquiera representan causas, sino intereses cupulares y facciosos.

El problema es que no basta que el Ejecutivo presente una propuesta de reforma si la oposición no quiere cambiar nada y que prevalezca la designación de los consejeros por cuotas y cuates de los partidos políticos y sus dueños. Si quieren lo mismo, al menos que paguen el costo político del inmovilismo.

Álvaro Delgado Gómez

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Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.

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