La organización Artículo 19 destacó que no basta con que el pasado 11 de abril el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito haya girado dichas órdenes de aprehensión, ya que el libro Los demonios del Edén, de la periodista, también visibilizó las redes de pederastia que cuentan con protección política y el subsecuente uso del aparato estatal para perseguir y castigar a quienes exhiben desde el periodismo y activismo a dichas redes criminales.
Por otra parte, fuentes del Poder Judicial Federal en Cancún, Quintana Roo, revelaron que Juan “N”, ex titular de la dirección de Mandamientos Judiciales de Puebla, rindió su declaración el pasado 2 de mayo y hoy se le dictó auto de formal prisión.
Por Edmundo Velázquez
Puebla, puebla, 3 de mayo (Periódico Central/SinEmbargo).– La organización Artículo 19 exigió a las autoridades la ejecución de las órdenes de aprehensión en contra de Mario Marín Torres, Kamel Nacif y Hugo Adolfo Karam, acusados del delito de tortura cometido en contra de la periodista y defensora de derechos humanos, Lydia Cacho Ribeiro.
“La ausencia de debida diligencia en la detención de los hoy prófugos, no solamente pone en riesgo el proceso judicial, sino a la propia víctima. Por ello desde Artículo 19 exigimos que se actúe con celeridad y eficacia para la ejecución de las órdenes de aprehensión y se garantice de manera plena el acceso a la justicia para Lydia Cacho, así como su seguridad personal”, pidió la organización en un comunicado.
#ÚltimaHora: Hoy dictaron auto de formal prisión contra Juan Sánchez Moreno, dir de mandamientos judiciales de la PGJ Puebla en 2005, por su probable responsabilidad en la tortura contra @lydiacachosi. Mantenemos nuestra exigencia de enjuiciar y sancionar a todos los responsables pic.twitter.com/l9rrn4gnk9
— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) May 3, 2019
Asimismo, destacó que no basta con que el pasado 11 de abril el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito haya girado dichas órdenes de aprehensión, ya que el libro Los demonios del Edén, de la periodista, también visibilizó las redes de pederastia que cuentan con protección política y el subsecuente uso del aparato estatal para perseguir y castigar a quienes exhiben desde el periodismo y activismo a dichas redes criminales.
“Por ende, si bien es un importante paso -que se pospuso y evitó dentro de un sistema de justicia corrupto e ineficiente- la justicia plena y completa se garantizará hasta que los responsables sean procesados y sancionados en proporción con los hechos delictivos que se les imputan”, subrayó Artículo 19.
Por otra parte, recordó que de acuerdo con la Magistrada, las órdenes fueron procedentes en tanto que se acreditaron “el cuerpo del delito y la probable responsabilidad”, conclusión a la que llegó a partir del análisis del contexto y de antecedentes que explican que los hechos de tortura contra la periodista, fueron realizados como castigo por la publicación del libro Los demonios del Edén y a la denuncia pública de las redes de pederastia en México.
En la resolución se establece con claridad que la “maquinaria estatal” operó a través de una “cadena de mando” que abarca desde Marín hasta los policías que ejecutaron la orden contra Lydia, pasando por una serie de funcionarios de alto y mediano nivel. En este caso, se considera que el entonces Gobernador de Puebla, Mario Marín, debía favores económicos a Nacif Borge, razón por la cual presuntamente usó el poder estatal de forma desviada para castigar a la periodista por su publicación.
“Por tanto, la posible detención de Mario Marín Torres, Kamel Nacif y Hugo Adolfo Karam, obedece a los esfuerzos por esclarecer y sancionar los hechos del 16 y 17 de diciembre de 2005 contra Lydia Cacho; hechos que de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de la ONU, constituyeron tortura sexual, vulnerando los derechos de la periodista a la libertad personal, seguridad, integridad personal, libertad de expresión y acceso a la justicia”, señaló la organización.
Sin embargo, aseguró, que 13 años de búsqueda de justicia pueden verse opacados por la falta de eficacia para ejecutar las órdenes contra quienes fraguaron y ordenaron la detención y tortura contra Lydia Cacho.
De acuerdo con Artículo 19, la información sobre la existencia de las órdenes fue filtrada a distintas personas, situación que rompió la confidencialidad y sigilo que debe imperar en esta etapa del procedimiento. “Esta circunstancia que notoriamente dificulta la captura de las personas mencionadas”, agregó.
Posteriormente, indicó que después de haber girado las órdenes de aprehensión no existe evidencia fehaciente de que la Agencia de Investigación Criminal, adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR) y encargada de llevar a cabo las detenciones, haya avisado a INTERPOL para la emisión de notificaciones o fichas rojas internacionales.
“Tampoco se tienen pruebas de la emisión de alertas migratorias. Hasta el momento de la publicación de este comunicado, no se habían publicado en la página de INTERPOL las notificaciones rojas; ni la FGR ha allegado a la víctima y sus representantes documentación que acredite el cumplimiento de los procedimientos para evitar la fuga a otros países de los probables responsables”, finalizó.
DAN FORMAL PRISIÓN A SÁNCHEZ MORENO
Este 3 de mayo se dictó el auto de formal prisión en contra de Juan Sánchez Moreno, ex titular de la dirección de Mandamientos Judiciales de Puebla, detenido el pasado 30 de abril por ser parte de los funcionarios públicos relacionados con el aseguramiento y tortura de la periodista Lydia Cacho, el 16 de diciembre del 2005.
Según fuentes del Poder Judicial Federal en Cancún, Quintana Roo, Juan Sánchez Moreno rindió su declaración el pasado 2 de mayo y hoy se le dictó auto de formal prisión de acuerdo al antiguo sistema de justicia penal.
La defensa de Sánchez Moreno presentó un amparo, pero aún no se confirmaba que fuera protegido por la justicia federal cuando se le detuvo el pasado 30 de abril en Ixtapaluca, Estado de México.
Hasta el momento Juan es el único detenido del paquete de cuatro órdenes de aprehensión giradas por el delito de tortura. Entre los otros buscados por la justicia se encuentra el ex Gobernador de Puebla, Mario Marín Torres; el ex jefe de la Policía Judicial, Adolfo Karam Beltrán y el empresario Kamel Nacif Borge.
Como Periódico Central informó, el ex Gobernador Mario Marín Torres, el ex jefe de la Policía Judicial, Adolfo Karam Beltrán, y el empresario Kamel Nacif y el ex jefe de Mandamientos Judiciales son buscados desde el 11 de abril de 2019, cuando se liberó una orden de aprehensión por tortura cometida en perjuicio de la periodista.
Los cuatro personajes contra los que existen órdenes de aprehensión por el delito de tortura participaron u ordenaron el traslado por vía terrestre de Lydia Cacho al penal de San Miguel, ya que la periodista nombró a Kamel Nacif en el libro Los demonios del Edén, donde se plantea su amistad con el pederasta Jean Succar Kuri.
