El informe “Corrupción que mata: Por qué Mexico necesita un mecanismo internacional para combatir la impunidad” examinó las razones por las cuales hay tanta impunidad para crímenes –como el de la matanza de Allende– y concluyó que el impedimento principal para la rendición de cuentas es la obstrucción política que existe a múltiples niveles.
“El monstruo creció demasiado, tiene demasiado poder, influencia para creer que él mismo se va a destrozar”, alertó Ina Zoon, Oficial de políticas de Open Society, organización que junto con organizaciones civiles mexicanas realizó el trabajo.
Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- Los altos indices de violencia, la atrocidad de los crímenes y la impunidad que impera en México ponen en evidencia la necesidad de una respuesta internacionalizada ante los niveles de corrupción “crónica” y la incapacidad y la falta de voluntad política del Estado, coincidieron expertos en materia de derechos humanos.
“El monstruo creció demasiado, tiene demasiado poder e influencia para creer que él mismo se va a destrozar”, alertó Ina Zoon, Oficial de políticas de Open Society.
El informe “Corrupción que mata: Por qué Mexico necesita un mecanismo internacional para combatir la impunidad”, presentado hoy en el auditorio “Divino Narciso” de la Universidad del Claustro de Sor Juana Inés de la Cruz, concluye que “México necesita un mecanismo internacional integrado por personal nacional y extranjero, con autoridad para investigar de manera independiente y eventualmente perseguir, los crímenes atroces y los actos de corrupción relacionados a ellos”.
El estudio fue realizado por Open Society en conjunto con ocho organizaciones civiles mexicanas.
James Goldston, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative, recordó que en 2016 se publicó un primer trabajo que exponía la teoría -con base a indicios- de que las fuerzas federales mexicanas y miembros de la delincuencia organizada han perpetrado crímenes de lesa humanidad. Además, evidenciaba que el principal impedimento para rendición de cuentas y la justicia en el país es la obstrucción política en todos niveles.
Pasado ese tiempo, esta situación descrita no solo no ha cambiado en México sino que ha empeorado a casi tres años, destacó el activista.
El directivo de la organización civil internacional sostuvo que en México es más frecuente que muchos de los crímenes de los cárteles sean perpetrados en colusión con funcionarios gubernamentales corruptos ante la falta de sanciones contra estos servidores.
“Solo una cosa se ha mantenido igual: la responsabilidad penal virtualmente ausente. De hecho impunidad ha sido una parte deliberada de la política del Gobierno mexicano: los crímenes atroces han florecido, en parte, debido a la incapacidad de investigar y procesar de manera efectiva a los responsables, en especial cuando estos pueden ser funcionarios públicos”, señaló.
Puso énfasis en que el costo de la corrupción no sólo se traduce en una cuantificación económica sino en perdida de confianza, seguridad y certeza de las instituciones del país, lo que genera aumento del recelo y percibir una imposibilidad de soluciones ante los problemas que nos aquejan.
“Hay una frustración civil, cuanto tiempo mas hay que esperar se necesita una nueva cultura de justicia”, agregó James Goldston.
Organizaciones civiles expusieron que el Estado de derecho en México está “roto” y las autoridades, los partidos políticos que tienen el poder o los Congresos han insistido en avanzar en medidas regresivas, como la Ley de Seguridad Interior.
Ante la grave problemática de corrupción e impunidad es necesaria la creación de un mecanismo internacional, propusieron.
Michael Chamberlin, activista del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, agregó que Mexico podría detener la crisis de derechos humanos si frena la estrategia de seguridad frontal al crimen organizado –iniciada por Felipe Calderón en 2016 y sostenida por Enrique Peña Nieto–, y si acuerda un mecanismo extraordinario, conformado por expertos nacionales, internacionales, que sean imparciales y gocen de total independencia para investigar crímenes atroces con perspectiva internacional.
Los activistas explicaron que un mecanismo internacional es menos vulnerables a intereses partidistas, fácticos y podría ayudar a construir a la independencia y autonomía de las Fiscalías y el poder judicial en México.
Consideraron que el acompañamiento internacional es un componente esencial para garantizar la independencia de las investigaciones y reestablecer la confianza del público en el sistema de justicia penal mexicano.
El informe examinó las razones por las cuales hay tanta impunidad para crímenes –como el de la matanza de Allende– y concluyó que el impedimento principal para la rendición de cuentas es la obstrucción política que existe a múltiples niveles.
Agrega que un apoyo internacional de tal envergadura podrá complementar y apoyar ciertos procedimientos penales genuinos, a nivel estatal y federal, a través de asistencia técnica, abriendo el camino para incrementar los niveles de rendición de cuentas en todo el país.
Sobre la matanza de 300 personas en Allende Coahuila en 2011 concluye: “Ahora está claro que muchos de los encargados de proteger la integridad y la vida de las personas – por ejemplo, miembros de la policía local – pudieron, por el contrario, haber permitido los homicidios. Aunque algunos policías locales y empleados penitenciarios han sido arrestados y procesados, la complicidad oficial parece extenderse más allá de estos funcionarios de bajo nivel.
Y añade: “De hecho, hay evidencia que indica que al menos algunos altos funcionarios electos sabían de antemano acerca de los crímenes y acordaron no intervenir. Tal parece que otros funcionarios se enteraron de los crímenes mientras ocurrían y no intervinieron o no realizaron las investigaciones adecuadas después de los hechos. Independientemente de la forma, tal corrupción tuvo el mismo resultado mortal. Ahora se necesita una investigación detallada para responder a las numerosas preguntas planteadas sobre la aparente complicidad de los funcionarios”.
“Si la impunidad continúa y México no se compromete a la creación de este tipo de mecanismo, otros organismos internacionales, como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (que ya ha recibido numerosas comunicaciones por parte de ONGs) podrían intervenir. Sin embargo, de acuerdo con el principio de complementariedad del Estatuto de Roma, la principal responsabilidad yace en el gobierno mexicano que debe investigar y perseguir estos crímenes”, contextualizó Goldston.
El documento se presentó en medio de una serie de conferencias en donde organizaciones derechohumanistas nacionales e internacionales, expertos locales y extranjeros hablaron sobre la relación entre corrupción y violaciones de derechos humanos. Los especialistas coincidieron en la urgencia de crear este mecanismo internacionalizado para combatir esta problemática.
Jan Jarab, representante de la oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, dijo que cuando la corrupción es sistemática, los estados pierden su capacidad de evitar violaciones graves de derechos humanos con autoridad para investigar de manera independiente y eventualmente perseguir, los crímenes atroces y los actos de corrupción relacionados a ellos
Mariclaire Acosta, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, explicó que la impunidad genera la repetición de los hechos, y si un hecho atroz no se investiga, ni se castiga en consecuencia generaliza la practica.
La experta en rendición de cuentas respaldó la propuesta pues, detalló, las instituciones nacionales no pueden ni quieren lidiar con el problema de corrupción.
“Lo cierto es que se están acumulando todos los hechos [crímenes atroces] y no hay investigaciones adecuadas, ni hay desmantelamiento real de los hechos de corrupción que subyacen a estas practicas”, apuntó.
Naomi Arraiza de la Universidad de California expuso que el problema de México no es la falta de buenos abogados ni organizaciones civiles competentes, sino que existe falta de voluntad política para abatir corrupción porque todo está entre alzado por esas redes.
“El desafío de México no solo es dar a conocer lo que pasa en el país, sino que requerimos de medidas fuera de lo ordinario para poder hacer frente a este desafío”, dijo.
