2 de Mayo de 2017: Siendo las seis de la tarde con cuarenta y ocho minutos tres patrullas de federales y dos autos militares se estacionaron en la entrada del edificio Palermo, en la calle Tres Picos de la colonia Polanco. “Yo les dije que la Diputada se encontraba ausente, pero los federales me obligaron a que abriera el portón del estacionamiento y les permitiera el ingreso al edificio, dos de ellos venían armados y como me negué a darles acceso a la entrada principal me amarraron y me obligaron a que diera la clave del elevador para ingresar al departamento 704” – Narra Agustín Cruz Barrios, quien lleva poco más de doce años como conserje del edificio.

La puerta del departamento fue derribada, a plena luz del día. Los vecinos se asustaron y no han querido dar declaraciones. El único testimonio con que se cuenta es el de el Señor Cruz Barrios quien se está en cama por lesiones en los brazos y ruptura de ambos tímpanos. –“Los militares revolvieron todo el estudio de la Diputada, se llevaron su computadora y vaciaron cajones completos. Buscaban algún documento y dilataron en encontrarlo, pero además se llevaron otros papeles que no revisaron ahí frente a mí. El señor papá de la Diputada, cuestionó mucho a los federales, intentó llamarla al celular y cuando puso resistencia para que se llevaran las cosas de su hija, lo golpearon en la cabeza. Los vecinos llamaron a las ambulancias, a mí me llevaron a la cruz roja y a él se lo llevaron a otro hospital”.

El padre de la Diputada fue transferido al Hospital ABC y no hay acceso para conocer su versión de los hechos. La legisladora ha presentado ya una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no se ha presentado todavía a denunciar ante el Ministerio Público.

Unas horas más tarde el Instituto Nacional Electoral advirtió que la oficina del Consejero Presidente fue también cateada por tres militares que llevaban armas de alto calibre. No hay heridos reportados, pero sustrajeron información electoral de categoría confidencial.

Justamente hace un año, en abril del 2016, la Diputada junto con toda su bancada aprobó una reforma que permite que la Fiscalía y un juez militar puedan catear domicilios e intervenir comunicaciones privadas de civiles haciendo a un lado a la autoridad ciudadana. A pesar de que el PRD, Morena y Movimiento Ciudadano expusieron los riesgos que esta reforma ocasionaría en materia de derechos humanos, el PRI-Verde, el PAN y el Panal decidieron integrar esta reforma al Código de Justicia Militar y promovieron la expedición del nuevo Código Militar de Procedimientos Penales.

La Diputada es una de 253 legisladores que avalaron la Ley, con sólo dos votos más de los mínimos requeridos. Si ella y alguno de sus compañeros hubieran imaginado que lo que aprobaban tendría consecuencias directas sobre sus derechos humanos, hubiera votado en contra o al menos se hubieran abstenido. Nunca imaginan que la violencia y la falta de garantías plasmada en una regulación puede revertirse en su contra.

La negociación de esta Reforma les tomó solo veinte minutos, y el proceso de aprobación estuvo cargado de irregularidades. Una de ellas fue ventilada en los medios en tanto el documento que circuló en las comisiones legislativas era distinto del que aprobaron en el pleno quienes avalaron los cateos militares en espacios privados, oficinas legislativas y organismos descentralizados.

La intervención de militares en ambos cateos, solo podría estar justificada si hubiera de por medio una investigación por delitos que involucraran a civiles y castrenses. Por ahora, sin presentar una orden, sin aludir a la razón de su acto, el espacio privado de una legisladora y la oficina principal de un órgano autónomo han sido violentados.

Esta historia podría suceder ¿Alguno de los legisladores que la promovió estará dispuesto a revertirla?

Maite Azuela

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Analista Política y Activista por los derechos humanos y la rendición de cuentas. Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Concordia, Canadá. Colaboradora de Uno Noticias. Dirige la organización Dejemos de Hacernos Pendejos y forma parte de redes ciudadanas para el impulso de los derechos políticos y la defensa de los derechos humanos. Fue servidora pública durante una década y entre las instituciones para las que laboró están el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI).

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