Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).– Edith Rosales es una de las 47 mujeres que fueron detenidas en los operativos realizados por la Policía Federal (PF) y la Policía del Estado de México, ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios Texcoco y San Salvador Atenco.
De esas mujeres, una tercera parte fueron violentadas sexualmente; una de ellas era una adolescente de 16 años, afirmó Edith Rosales González en entrevista con SinEmbargo.
Con la voz entrecortada, dijo que además del caso de la menor y otras mujeres, no están entre las agresiones registradas a algunos hombres, quienes también sufrieron agresiones sexuales.
“En el camión donde yo iba vi dos hombres, los vimos varias personas. Hay cosas que no recuerdo mucho, yo siento que es algo así como una de las formas en las que uno mismo se defiende y otras que sí se recuerdan en pedacitos. Los compañeros no lo quisieron denunciar, es algo cultural. Se veía cómo los policías los iban escogiendo y le aseguro iban mucho más. Muchas compañeras no denunciaron porque tuvieron afectaciones más graves, perdieron a sus esposos, a sus familias”, detalló.
Pero sólo 11 mujeres presentaron en 2008 una demanda contra el Estado Mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir que se castiguen esos abusos que en México han quedado en la impunidad.
De acuerdo con un informe del Centro Miguel Agustín Pro de Derechos Humanos, durante los hechos de los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y Atenco, se registró la incursión de 700 elementos de la Policía Federal Preventiva y 1,815 agentes municipales y estatales.
“Significó un gravoso cúmulo de violaciones a derechos humanos. De cuarenta y siete mujeres detenidas, al menos 26 denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual, física y psicológica por parte de los policías”, expuso la ONG en un documento.
Hoy se conmemorarán ocho años de aquel violento operativo, del que se hizo responsable al entonces Gobernador del Estado de México y quien es ahora Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y al ex Secretario de Seguridad Pública Federal, Eduardo Medina Mora.
En el operativo murieron dos personas, Alexis Benhumea Hernández y Francisco Javier Cortés Santiago, quien tenía 14 años. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), surgido en 2001, a raíz del intento de la administración federal entonces encabezada por Vicente Fox Quesada de expropiarles sus tierras para instalar ahí un nuevo aeropuerto internacional, fue en su mayoría reprimido en lo que ellos llaman el “mayo rojo”.
El día de hoy harán un homenaje a Benhumea y un acto llamado “Memoria y dignidad contra la impunidad: 8 años del mayo rojo”, donde participarán las mujeres que mantienen la demanda contra el estado por tortura sexual.
Una de esas mujeres es Rosales, quien marchó con el FPDT y otros miles de manifestantes en la conmemoración del pasado Día del Trabajo, y también estará en el evento conmemorativo.
“Estamos en espera de la solución de propuesta de demanda contra el Estado mexicano para ver si nos lo atrae la CIDH, eso pensamos puede ser en noviembre”, comentó.
Ella pasó más un año y 10 meses presa, acusada de secuestro equiparado y ataque a las vías de comunicación. Fue absuelta del primer cargo y pudo salir con fianza. Pero los 22 meses que pasó en la cárcel nunca los olvida.
“Las cosas nunca se olvidarán y vemos que hubo repercusiones en la familia. Mi madre murió cuando estaba presa, esto siempre estará presente”, expresó.
AGREDIDOS E INTIMIDADOS
El 4 de mayo de 2006 las detuvieron y el 10 de mayo les dictaron formal prisión. Rosales quedó sorprendida por los cargos. “¿Cómo es posible que me acusen de eso y sobre todo de ataques a la policía federal, qué traigo yo para ponerme contra ellos”, aún se pregunta.
Recordó que pasaron un par de semanas para que ellas comenzaran a hablar con autoridades sobre los abusos sexuales. Lo hicieron con la Fiscal especializada en Delitos Sexuales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alicia Elena Pérez Duarte.
“Todo se inicia en la cárcel. Teníamos unos 15 días ahí y llega Elena Pérez Duarte [ entonces fiscal especializada en Delitos contra Mujeres] diciendo que no sabía que había mujeres presas, que le habían dicho que eran sólo hombres.
“Le decimos que cómo era posible si había salido en la televisión. Le dijimos y le reclamamos que no nos hiciera caso a lo que había pasado y ella se comprometió a poner una denuncia, llega a los ocho días con sus colaboradores, y ahí nosotros le pedimos al Centro Miguel Agustín Pro que nos acompañe en esa denuncia, que nos ayudara, que estuviera con nosotros y empiezan a ser coadyuvantes. Estuvimos esperando que hubiera una respuesta y nada más metieron la denuncia, siempre se dejó empapelada, entonces ya en el 2008 decidimos meterla ante la CIDH”, explicó.
Los casos donde ellas eran las acusadas los llevaron los abogados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que en 2006 estaba en un recorrido por Texcoco cuando intentaron ponerse en un mercado algunos comerciantes suyos y fueron desalojados, entonces el FPDT se solidarizó, cerró una carretera, retuvo a unos funcionarios y comenzó el violento operativo.
“Fuimos 217 gentes, 31 adentro y los demás afuera, llevando el juicio por fuera salieron por caución, en su momento todo fuimos poco a poco salimos absueltos. En este proceso para que yo saliera fueron cuatro amparos, en los tres primeros, aunque no había elementos para mantenerme ahí, le encontraron defectos para que se justificara seguir adentro. En el cuarto ya salgo absuelta por secuestro y me dejan lo de ataques a vías de comunicación, se mete la revisión y sale ya el resultado que es la absolución, así todos salimos absueltos porque no había elementos. Me acusaban de secuestro equiparado a los policías. Imagínese ataques a la vías porque supuestamente ataqué a los policías en la carretera”, detalló.
En la investigación elaborada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el operativo, presentada en octubre de 2006, se concluyó que sí existieron abusos.
En la página 1,593 se describe el que sufrió una de las detenidas.
“Durante su detención, puesta a disposición (…) y traslado al CEPRESO [Centro de Prevención y Readaptación Social], se presume que la A206, fue objeto de amenazas por parte de los elementos de la Agencia de Seguridad Estatal que la custodiaban en los camiones para mantener el control de los detenidos, ya que eran intimidados con matarlos, desaparecerlos y lanzarlos al río y, en algunos casos, obligar a las mujeres a no oponer resistencia para realizar en sus cuerpos actos libidinosos y en otros hasta obligarlas a tener sexo oral; de tal manera que dicha conducta atenta en contra de la libertad psíquica del pasivo, que comete quien intimida con producir un mal a dicha persona, para que haga lo que no desea o se le impida hacer lo que tiene derecho”.
La CNDH hizo recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), al gobierno del Estado de México y al Instituto Nacional de Migración (INM), que decidió expulsar ilegalmente a cinco extranjeros que estaban entre los detenidos por el operativo. Pero no hubo señalamientos para los titulares de las dependencias señaladas.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en 2010 ordenó la liberación de 12 integrantes del FPDT sentenciados con penas que iban de los 31 a 112 años.
Sin embargo, no se pronunció sobre la responsabilidad de quienes estaban al frente de los órganos involucrados: el entonces Gobernador Enrique Peña Nieto, ni quien fuera titular de la SSPF, Eduardo Medina Mora. La decisión fue criticada por el Centro Pro.
“La mayoría de la SCJN evitó pronunciarse sobre las responsabilidades de los mandos policiales y políticos que tuvieron participación de los hechos, de manera lamentable, a pesar de que algunos de los ministros se inclinaban en el sentido de establecer responsabilidades a altos mandos, tales como Enrique Peña Nieto y Eduardo Medina Mora. Con ello, la SCJN se desaprovechó la posibilidad de ejercer a cabalidad sus atribuciones de Máximo Tribunal Constitucional para señalar a aquellas autoridades que con sus acciones y omisiones perpetraron violaciones graves a los derechos reconocidos en la Carta Magna.
“En buena medida, ello se debió a una incorrecta comprensión de las responsabilidades que se derivan de una grave violación a los derechos humanos, de acuerdo con el marco legal internacional aplicable. Aunque la SCJN definió que en los hechos habían acontecido graves violaciones a los derechos humanos, no llevó a sus últimas consecuencias ese encuadre de los hechos y pretendió deslindar las responsabilidades y omisiones con criterios propios de un juzgado penal, pero no de un Tribunal Constitucional. En este sentido, examinar el involucramiento de las autoridades involucradas demandando elementos probatorios indubitables sobre la participación subjetiva de cada quien, resultó del todo inadecuado: es ingenuo pretender que podría existir un documento donde constara la orden expresa de que en Atenco se violaran garantías individuales”.
LAS SECUELAS
Edith fue una de las víctimas, y dijo que a ocho años del operativo sufre secuelas.
“Obviamente hubo algunos problemas familiares, la otra situación es que quedan secuelas, una es si alguien está atrás de uno se siente ese temor, que alguien se acerque de improviso me hace sobresaltarme”, ecxplicó.
Expresó que siempre carga con un temor, que se disipa sólo con las personas con las que más convive. Porque la experiencia de la cárcel no fue la única amarga que debió atravesar. Al regresar a la libertad, comenzó a recibir intimidaciones.
“Pasó un fenómeno, cuando salí hubo actos de intimidación, llamaban por teléfonos, se oía respiración o colgaban y cambié dos veces el número, poco a poco se fue cambiando la situación, el último contacto fue precisamente la audiencia en Washington, de parte del gobierno días antes trataron de localizarnos a través del Agustín Pro para una conciliación amistosa. Obviamente nosotros les dijimos que no queríamos platicar con ella [la actual Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García], y en la audiencia lo manejaron así, esa conciliación era llegar a acuerdos, no a una justicia”.
En marzo del año pasado, la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, ofreció una disculpa pública a nombre del gobierno mexicano por los hechos de 2006.
“Deseo transmitir la voluntad del Estado mexicano de resolver esto como una solución amistosa”, dijo en Washington, en Estados Unidos, ante un comité de la CIDH.
Pero ellas quieren un informe de fondo de parte de la CIDH y en caso de que las investigaciones así lo concluyan, una recomendación en materia de derechos humanos para el Estado mexicano.
En una carta del 8 de marzo del año pasado dieron a conocer su posición y explicaron por qué se negaban a la “solución amistosa”.
“No es nuestro deseo explorar una solución amistosa, pues el Estado ha demostrado en estos más de seis años no sólo su incapacidad para responder a nuestras demandas de verdad y justicia-máxime porque sus únicas acciones han estado relacionadas con la denuncia que hemos levantado a nivel interamericano e internacional, sino también sigue difundiendo información falsa sobre lo ocurrido en Atenco y sobre la búsqueda de justicia. En efecto, la postura del Estado es que ya ha proporcionado acceso a la justicia, cuando en los hechos el caso ha quedado impune, por lo cual no podemos esperar avances del Estado; al contrario, el pleno acceso a la justicia que pudiera haber ofrecido el Estado en un primer momento, a estas alturas sería prácticamente imposible de alcanzar”.
Rosales afirmó que en estos ocho años nunca le ha pasado por la cabeza abandonar su búsqueda de justicia.
“Creo que no. Sí da mucho coraje porque tienes que ver como ese poder sigue reprimiendo. Nosotras decimos que uno de los objetivos es exigir justicia, pero también evitar que esto vuelva a suceder, es una forma de intimidación y parar a la resistencia de gente de lo que le quieren despojar. Decimos que es necesario seguir denunciando y la política de Peña Nieto de despojos afecta a todo mundo”, concluyó.
