Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).– La mañana del 3 de mayo de hace siete años, elementos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, vecinos del municipio de Texcoco y policías se enfrentaron luego de un desalojo cometido contra vendedores de flores. Fue el inicio de dos días violentos que dejaron como saldo a decenas de heridos, dos jóvenes muertos y más de 20 mujeres violadas.
“No se va a negociar”, dijo el entonces Gobernador de la entidad, Enrique Peña Nieto.
El Presidente era Vicente Fox, a quien los ejidatarios mexiquenses habían logrado doblegar en 2002, cuando canceló la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona.
Tras el encontronazo, el 4 de mayo Atenco amaneció sitiado por más de mil policías. Los cateos no cesaban, lo mismo que los golpes contra pobladores, propinados por varios policías, en un operativo de varias horas que parecía interminable, en medio de humillaciones, jaloneos, patadas.
Las mujeres que fueron abusadas llegaron a Almoloyita con la ropa desgarrada, llenas de sangre e incluso sin una sola de sus pertenencias.
Hoy se cumplen siete años de los hechos violentos de los que el mismo Peña Nieto, ahora Presidente, se ha responsabilizado.
Nadie ha pagado por estos hechos.
El pueblo de San Salvador Atenco, en el Estado de México, irrumpió en la política nacional desde el 22 de octubre de 2001, cuando el entonces Presidente Vicente Fox anunció la construcción de un nuevo aeropuerto en la entidad, que estaba bajo el mandato de Arturo Montiel.
Para lograr la expropiación de los terrenos que se tenían pensados para la obra que afectaba a 4 mil 375 familias con 5 mil 391 hectáreas ( 70 por ciento se ubicaba en San Salvador Atenco, 25 por ciento en Texcoco y 5 por ciento en Chimualhuacán), a los ejidatarios se les ofrecieron 7.20 pesos por metro cuadrado de tierra de temporal y 25 pesos por metro de tierras de riego. No aceptaron.
Fue entonces que los ejidatarios de San Salvador Atenco, encabezados por Ignacio del Valle, se armaron con machetes y palos, luego tomaron la carretera Texcoco-Lechería, se movilizaron y hasta marcharon al Zócalo capitalino. Así nació el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
Lograron doblar al gobierno de Fox. El 1 de agosto de 2002 el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, canceló el decreto expropiatorio.
El movimiento creció y se solidarizó con otros grupos, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Los ánimos se calentarían de nuevo en los primeros meses del 2006, ya con Enrique Peña Nieto como Gobernador del Estado de México.
En febrero y abril de ese año, los pobladores retuvieron a funcionarios locales en protesta por el incumplimiento a sus demandas, algunas de ellas en materia de educación.
El 3 de mayo de 2006 miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se movilizaron en apoyo a un grupo de vendedores que fueron desalojados del municipio de Texcoco por policías. Se dio una trifulca entre fuerzas del orden y vecinos de Texcoco y los de Atenco.
“No se va a negociar. Se va a aplicar la ley y a hacer respetar el estado de derecho”, diría entonces Peña Nieto.
Al día siguiente tres mil elementos de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) y de la policía estatal llegaron al pueblo en un operativo que duró más de 10 horas y que dejó dos muertos, Javier Cortés de 14 años y Alexis Benhumea, 50 heridos y más de 200 pobladores arrestados, entre ellos Ignacio del Valle. Además, 26 mujeres denunciaron haber sido violadas por uniformados.
Las imágenes de ese día hablan por sí solas: grupos de policías arremetiendo contra pobladores, algunos ancianos, con el rostro hinchado y ensangrentado.
Mientras México entero pedía esclarecer estos hechos y un castigo ejemplar para los polícias que participaron en el operativo, Ignacio del Valle fue condenado a 67 años 6 meses de prisión, pero quedó libre el 30 de junio de 2010, junto con otras 11 personas detenidas en 2006.
En entrevista con Denise Maerker en Punto de Partida, a pocos días de los hechos, Peña Nieto aseguró que todas las denuncias serían investigadas y que habría transparencia.
Destacó que en los operativos “siempre se corren riesgos”, pero al final se cumplió su objetivo, que era “devolver la tranquilidad y la calma a los habitantes” de dicha población.
“No justifico la forma en que actuaron algunos policías…no fueron recibidos con flores, fueron recibidos con bombas molotov…a veces es poco serio que a partir de algunos testimonios, se quiera construir una realidad”, dijo al mirar las imágenes de los sucedido.
Las personas que habían sido detenidas y que denunciaban ser víctimas de diversas violaciones a sus derechos humanos, entre ellas, detenciones arbitrarias, incomunicación, tortura, así como las mujeres que fueron víctima de abuso sexual, presentaron múltiples quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual realizó una investigación y emitió en octubre de 2006 una recomendación dirigida a los entonces Secretario de Seguridad Pública Federal, Eduardo Medina Mora; al Gobernador Enrique Peña Nieto, y al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Hipólito Treviño Lecea.
Posteriormente, la CNDH informó que Medina Mora rechazó la recomendación.
El operativo fue analizado después por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 10 de febrero de 2009 la mayoría de los ministros concluyeron que sí se registraron violaciones graves a las garantías de la población en los enfrentamientos.
También se resolvió que Enrique Peña Nieto y Eduardo Medina Mora no tuvieron responsabilidad en la violación de garantías.
Asimismo, 21 agentes fueron suspendidos y acusados de abuso de autoridad.
En julio de 2012 Eduardo Vite Mendoza y Ricardo Consuelo Cruz, dos elementos de la policía del estatal fueron detenidos, luego de que el juzgado cuarto penal de primera instancia del distrito judicial de Toluca girara una orden de aprehensión por el delito de tortura cometido durante los operativos realizados en San Salvador Atenco.
Un mes antes, Amnistía Internacional consideró inadecuados e insuficientes los esfuerzos que los gobiernos federal y del Estado de México habían realizado para sancionar a funcionarios responsables de violar derechos humanos en el poblado.
AI señaló que sólo dos policías fueron consignados por delitos menores y luego absueltos.
”Es preciso indicar que de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos, las agresiones sexuales cometidas por agentes del Estado constituyen actos de tortura y, por lo tanto, como tales deben ser considerados”, indicó.
El viernes 11 de mayo de 2o12 los estudiantes de la Universidad Iberoamericana le recordaron este episodio a Peña Nieto en el Foro “Buen Ciudadano Ibero”
“¡Todos somos Atenco!”, le gritaron los jóvenes.
El entonces candidato presidencial declaró: “Asumo plena responsabilidad por lo sucedido en Atenco. Los responsables fueron consignados ante el Poder Judicial, pero reitero: fue una acción determinada para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de usar la fuerza pública”.
Casi un año después, en marzo pasado, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón, ofreció una disculpa pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por las violaciones ocurridas en la comunidad de Atenco en 2006.
A nombre del gobierno de Enrique Peña Nieto, la funcionaria dijo: “Deseo transmitir la voluntad del Estado mexicano de resolver esto como una solución amistosa“.
Pero las víctimas no aceptaron la disculpa, al considerar que con ello no se resarcían los daños.
