Al menos 8 mil 496 asesinatos en contra de mujeres se han registrado en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, de diciembre de 2018 a febrero de 2021; de estas carpetas de investigación, sólo el 25.01 por ciento (2 mil 125) fueron abiertas como delito de feminicidio y son investigadas con perspectiva de género, el resto como homicidio doloso.
Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aludió en días pasados que la tipificación del feminicidio empezó desde su administración y que estos crímenes crecen porque ahora sí existe una acreditación correcta, sin embargo, la realidad es que este delito se tipificó desde hace al menos nueve años y pese a ello la deficiente clasificación en las muertes violentas de mujeres aún persiste, a la par que sólo cinco de cada diez casos son esclarecidos.
El feminicidio fue tipificado en México en el año 2012, cuando se incorporó al Código Penal Federal en el artículo 325, pero llevarlo a la práctica costó mucho más tiempo y recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales.
En el año 2014, el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género recomendó al Estado Mexicano aplicar el protocolo en “todos los casos de muertes violentas de mujeres”, es decir, investigarlas con perspectiva de género.
Pero fue hasta el 6 de febrero de 2018 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública con la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y las fiscalías estatales para que “toda muerte violenta de carácter doloso de mujeres fuera iniciada la investigación bajo protocolos de feminicidio”.
No obstante, aunque las cifras de feminicidios registradas en las estadísticas oficiales, a partir del año 2015 y no desde esta administración, muestran una tendencia al alza, la investigación de los feminicidios en proporción de los homicidios dolosos de mujeres es aún limitada y similar a la de años anteriores, pues sólo entre el 20 a 25 por ciento de los asesinatos de mujeres son clasificados con esta perspectiva. En promedio, desde el año 2016 a febrero de 2021, sólo el 23.78 por ciento del total de asesinatos de mujeres son investigados como feminicidios.
Además, de acuerdo con el más reciente informe “Impunidad en homicidio doloso y feminicidio: Reporte 2020”, el nivel de impunidad de feminicidio fue de 51.4 por ciento durante el año 2019, es decir, que sólo cinco de cada diez casos fueron esclarecidos.
En ese sentido, las declaraciones hechas por el Presidente en días pasados, consideraron expertas consultadas por SinEmbargo, muestran el desconocimiento del mandatario federal, su insensibilidad y desprecio a la lucha feminista que desde hace décadas ha presionado y trabajado para que se reconozca y se visibilice esta problemática a fin de erradicarla.
“El Presidente expresa un profundo desconocimiento siempre en materia de Derechos Humanos, pero particularmente en materia de Derechos Humanos de las mujeres y lo más preocupante de este desconocimiento es la falta de reconocimiento a la lucha de otros grupos, en este caso madres de víctimas, activistas y defensoras de Derechos Humanos, que desde hace muchos años estamos poniendo el dedo en la llaga para hacer visible justamente este tipo de crímenes”, expresó la experta en litigio estratégico, Karla Michel Salas, una de las abogadas del caso González y otras vs. México, mejor conocido como “Campo Algodonero”.
Para Anayeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), las recientes declaraciones del mandatario nacional evidencian sólo una falta de técnica y precisión del contexto real de la lucha histórica que ha significado el visibilizar el feminicidio, no obstante, consideró que otras posturas de López Obrador sí han mostrado que existe una resistencia a reconocer la problemática de violencia de género y los contextos de desigualdad por razones de género.
“Sigue habiendo resistencia, una falta de sensibilidad sobre todo en este tipo de casos (feminicidios y violencia de género). Me parece que ha habido un trato insensible porque se invisibiliza esta violencia machista a través del tema de la desigualdad económica o de las políticas neoliberales que, aunque no está peleada una con la otra, son dos factores muy distintos y los dos iguales fuertes”, expresó la activista.
LA LUCHA POR LA TIPIFICACIÓN
Karla Michel Salas recordó que el reconocimiento de los feminicidios surgió como una respuesta política del movimiento feminista en la década de los 90, luego de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
“Marcela Lagarde comenzó precisamente a definir este tipo de crímenes y los nombra como feminicidios y de ahí inició no solamente la lucha social-política, también la jurídica para que se reconozcan estos crímenes porque lo que nosotras tenemos claro es que lo que no se nombra no existe”.
La abogada señaló que era muy importante, no solamente darle un nombre a este tipo de crímenes, sino que eso se viera reflejado en la legislación y fue en el año 2007 cuando por primera vez la violencia contra las mujeres se reconoció, en la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
El caso “Campo Algodonero” en Ciudad Juárez, Chihuahua —referente a la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas con la desaparición y asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez— llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a dictar en noviembre de 2009 un fallo histórico en el que condenó al Gobierno mexicano por negligencias en las investigaciones; este fue uno de los casos que generó mayor presión para que el feminicidio fuera reconocido y tipificado en México en el año 2012.
“Sin duda la sentencia de ‘Campo Algodonero’ ha sido considerada paradigmática, a nivel no solamente de la región americana sino yo me atrevería a decir a nivel mundial, como un precedente necesario en materia de Derechos Humanos de las mujeres”, mencionó Salas.
En lo que corresponde al actual Gobierno, no sólo no se tipificó el feminicidio sino que fue en este sexenio cuando se intentó desaparecer este tipo penal a propuesta del Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, quien fue propuesto al cargo por López Obrador.
En enero de 2020, durante una reunión en el Congreso de la Unión, el Fiscal Gertz Manero planteó eliminar el delito de Feminicidio del Código Penal Federal. Su propuesta fue severamente criticada y reprochada hasta que finalmente a la Fiscalía no le quedó más que recular y señalar que en todo caso el tipo penal debía ser simplificado.
LA MALA CLASIFICACIÓN SIGUE
El Presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó el crecimiento de las estadísticas de los feminicidios en México a que en su administración sí se acreditan en esta categoría, lo que no ocurría en anteriores administraciones, donde se clasificaban como homicidios.
“En el caso de los feminicidios, antes no se consideraban feminicidios eran homicidios. Esta clasificación comienza prácticamente con nosotros, por eso el aumento de feminicidios, entre otras cosas”, dijo el pasado 30 de marzo durante su conferencia de prensa matutina.
Añadió que, pese a las resistencias, el asesinato cometido contra las mujeres se cataloga como feminicidio.
Sin embargo, la deficiente clasificación en la materia es un tema que persiste, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, feministas y familiares de víctimas, quienes desde hace años atrás han denunciado que la violencia feminicida es una problemática que las autoridades se resisten a reconocer en la práctica, puesto que, a la hora de clasificar los asesinatos y hacer sus investigaciones se resisten a abrir las carpetas de investigación como feminicidios.
“No necesariamente podríamos hablar de una mejora en la acreditación porque el porcentaje de acreditación del tipo penal de feminicidio sigue quedándose en una cuarta parte del total de los asesinatos de mujeres, lo cual, nos parece que eso está muy lejano de la realidad”, detalló Anayeli Pérez.
Y añadió: “además, de entrada, ni siquiera depende del Gobierno federal (la acreditación en las carpetas de investigación), depende de cada una de las entidades federativas y las fiscalías estatales, que en teoría son autónomas”.
Al menos ocho mil 496 asesinatos en contra de mujeres se han registrado en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, de diciembre de 2018 a febrero de 2021; de estas carpetas de investigación, sólo el 25.01 por ciento (dos mil 125) fueron abiertas como delito de feminicidio y son investigadas con perspectiva de género, el resto como homicidio doloso.
“No es real que haya una voluntad de seguir acreditando, al contrario, apenas el año pasado tuvimos la postura del Fiscal General de la República de modificar el tipo penal y con argumentos totalmente sin sustento”, recordó Anayeli Pérez.
Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios, y María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, han señalado que el problema de los feminicidios es más grave de lo que muestran los números gubernamentales.
“En México no ha bajado el problema de asesinatos de mujeres. Todavía no logramos que acrediten en muchas entidades federativas los feminicidios”, destacó María de la Luz Estrada.
De acuerdo con declaraciones previas, las expertas estiman que el subregistro de los feminicidios o asesinatos de mujeres estaría en los homicidios imprudenciales.
“Las cifras no reflejan la dimensión real. Hay un subregistro, muchos asesinatos o feminicidios son catalogados no sólo como homicidio doloso, sino como homicidio imprudencial”, señaló Figueroa.
Para Wendy Figueroa el registro estadístico en el país es un área de oportunidad porque existen obstáculos para visibilizar y registrar los asesinatos contra las mujeres de acuerdo con el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
Otro de los grandes pendientes que hay en materia de feminicidios es la impartición de justicia y la transparencia de los casos y sentencias.
Anayeli Pérez destacó que uno de los problemas es la falta transparencia en los poderes judiciales de los estados quienes no desagregan la información, “la cual deberíamos estar analizando para conocer mejor el panorama de la investigación y judicialización de la violencia contra las mujeres, por ejemplo, ¿Cuántos casos, como el de Abril Cecilia, fueron reclasificados de intentos de feminicidios a violencia doméstica”?
La organización Impunidad Cero dio a conocer que al menos 269 sentencias por el delito de feminicidio fueron dictadas en 15 estados del país durante el 2019, de las cuales, 252 fueron condenatorias y 17 fueron absolutorias.
De acuerdo con el informe “Impunidad en homicidio doloso y feminicidio: Reporte 2020”, la Ciudad de México dictó en total, 31 condenatorias y dos absolutorias; Colima dos, ambas condenatorias; Guanajuato 39, 30 condenatorias y 6 absolutorias; Guerrero, una sentencia que fue condenatoria; Hidalgo, 18 condenatorias; Jalisco, ocho condenatorias; Estado de México 59, 56 condenatorias y tres absolutorias; Nayarit, dos condenatorias; Nuevo León, 30 condenatorias ; Quintana Roo, seis condenatorias; Sinaloa, 27 condenatorias; Sonora, 24 condenatorias; Tamaulipas, 5 condenatorias; Yucatán, 6 condenatorias, y Zacatecas 9 fallos, 6 condenatorios y 3 absolutorios.
El estudio mostró que en el estado de Baja California no se esclareció ningún feminicidio, pues de acuerdo a la información proporcionada a la organización no se emitió ninguna sentencia, por lo que el indicador de impunidad alcanzó el 100 por ciento. En tanto que Guerrero y Jalisco, la falta de esclarecimiento de delito alcanzó 93.8 y 86.7 por ciento, respectivamente.
DISCURSOS FUERA DE LUGAR
La administración de López Obrador ha tenido diversos episodios en los que ha dado un mal sabor de boca a colectivas, organizaciones y feministas quienes consideran que la actual gestión federal ha dejado mucho que desear en materia de combate a la violencia feminicida y que su discurso perpetúa la violencia machista.
No es la primera vez que una declaración del Presidente genera polémica. El 15 de mayo de 2020, tras la campaña “Quédate en casa”, López Obrador negó que el confinamiento por la COVID-19 haya agudizado la violencia contra las mujeres y aseguró que “el 90 por ciento” de las llamadas sobre maltrato eran falsas. “La mayor parte son falsas”.
La Red de Refugios refutó el discurso y aseguró que el incremento de violencia contra las mujeres y la violencia familiar durante el confinamiento es una realidad: en dos meses de la Jornada de Sana Distancia, las llamadas, mensajes y los acompañamientos para asesoría, auxilio e intervención por casos de violencia crecieron 77 por ciento; en tanto que el número de solicitudes de refugio de mujeres atacadas se disparó hasta un 50 por ciento.
“Estas lamentables declaraciones mandan un mensaje de perpetuar la impunidad en nuestro país, de seguir naturalizando y justificando las violencias contra las mujeres y, sobre todo, es algo totalmente lamentable a las mujeres víctimas de violencia que alzan la voz, porque les está mandando el mensaje de no creerles y eso es una violencia institucional, una violación a sus derechos humanos”, señaló en su momento Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugio A.C.
Karla Michel Salas y Anayeli Pérez dijeron que es preocupante que el mandatario emita declaraciones que polarizan y radicalizan las posturas.
“Creo que eso hace genera propicia más bien un ambiente pues mucho más dividido sin diálogo donde se vuelven como posturas contrarias”, expresó Salas.
“Hay voces que no están siendo escuchadas y contrario a ello están siendo que descalificadas creo que esa es la mayor decepción que te podrían hacer: un Gobierno que no escucha y que impone sus posturas y que no es sensible a los temas”, apuntó a su vez Pérez Garrido.
