Conforme a la Ley de Austeridad Republicana el presidente López Obrador decretó que los fideicomisos públicos, que ascienden a 150 mil millones de pesos, pasen a formar parte de la Tesorería de la Federación. Serán utilizados para reforzar programas sociales, de recuperación económica, pago de deuda y apoyo a Pemex.
Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que impide que las instituciones del Estado mexicano puedan comprometerse a ejercer recursos que incluyan fondos de fideicomisos públicos (sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal) y les solicitó concentrarlos en la Tesorería de la Federación.
El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dio como plazo el 15 de abril para que las dependencias a cargo de estos fideicomisos realicen el movimiento. El mandatario aseguró en su conferencia de prensa matutina que la decisión se tomó en línea con la Ley de Austeridad Republicana.
“La ley vigente plantea la extinción de fideicomisos y fondos que no se consideren estratégicos o que requieran modificaciones legales. Hay fideicomisos que si están creados por ley y no se pueden eliminar por decreto”, expresó. Además enfatizó que “hay muchos que están constituidos desde hace tiempo por acuerdos de Hacienda o del Ejecutivo”.
El monto al que ascienden las partidas de estos recursos es de 150 mil millones de pesos, dijo el Presidente López Obrador, con los que se buscará fortalecer los programas sociales para proteger a la población más pobre. También se pretende que ayuden a la reactivación económica, de los créditos y todo lo que se oriente a impulsar la industria de la construcción.
El tercer tema que buscó que el recurso fortalezca es el apuntalmiento de Pemex ante la caída de los precios del petróleo a nivel internacional y finalmente el pago de deuda, concepto al que dijo se destinarán la mayoría de los recursos “porque no queremos que se incremente la deuda”.
El monto asignado ascendería a un punto porcentual del Producto Interno Bruto nacional, especificó y planteó que esta decisión ayudará más a la economía nacional que otras medidas de ahorro que explicará el domingo, cuando haga la presentación del plan de fortalecimiento económico.
El decreto publicado en el DOF consideró el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el que uno de sus principios rectores el de “Economía para el bienestar” por el que se comprometió el Gobierno de México a impulsar el crecimiento con austeridad y sin corrupción, con base en la disciplina fiscal, el cese del endeudamiento, el respeto a las decisiones autónomas del Banco de México, la creación de empleos, el fortalecimiento del mercado interno, el impulso al agro, a la investigación, la ciencia y la educación.
“Es propósito del Gobierno de México que la Administración Pública Federal se conduzca con Austeridad Republicana, lo que implica combatir el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, y la administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”, cita el documento.
Además destacó que es necesaria la permanencia de fideicomisos y fondos públicos por lo que se determinó que los recursos públicos que los integren sean enterados a la Tesorería de la Federación y se ejecute el proceso para su extinción.
El Presidente López obrador instruyó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la Oficina de la Presidencia de la República, así como a los Tribunales Agrarios para que, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, lleven a cabo los procesos para dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica.
A las entidades ejecutoras de gasto les pidió coordinar las acciones para entregar los recursos a más tardar a medio mes de abril. Además, deberán abstenerse de ejercer o comprometer recursos públicos federales con cargo en estos fideicomisos públicos.
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de su titular, queda facultada para resolver las excepciones a lo previsto en el artículo anterior en consulta con la Secretaría de la Función Pública”, puntualizó.
Del decreto el mandatario mexicano dejó fuera a los fideicomisos constituidos por mandato de Ley o Decreto legislativo que para su terminación requieran de reformas constitucionales o legales, así como a los instrumentos jurídicos que sean mecanismos de deuda pública, o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones.
