Meses antes de dejar el puesto, el Gobernador obtuvo autorización del Congreso para vender 6 predios, incluido el Hotel Riviera en San Felipe, por más de 68 millones de pesos. La justificación es destinar los recursos a desarrollo social, pero la misma estrategia ya ha sido anunciada por la Secretaría de Finanzas como una forma de hacerse de efectivo para pagar deudas ante la crisis financiera.
Por Inés García Ramos
Tijuana, 3 de abril (Zeta/SinEmbargo).– En un solo día, el Congreso del Estado autorizó al Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid la desincorporación de cinco predios en Ensenada y del hotel Riviera en San Felipe para su venta por un total de 68 millones 352 mil 965 pesos.
Si bien en los dictámenes se asegura que los recursos que se obtengan de la desincorporación serán destinados a programas de desarrollo social, su aprobación en el pleno del Congreso coincide con los últimos meses de la administración de Kiko Vega, en los cuales debe liquidar las deudas a corto plazo antes de dejar el cargo.
Hace unos meses, Bladimiro Hernández Díaz, Secretario de Planeación y Finanzas explicó que entre las estrategias para cumplir con estos compromisos de pago se tenía previsto “en cierto momento, considerar la posibilidad de monetización de activos, o sea ventas de terrenos, de lo que el gobierno tiene como patrimonio”.
Será en las siguientes semanas cuando el Gobierno Estatal publique la convocatoria de licitación pública para que los interesados en adquirir estos terrenos, cuyos valores individuales van de los 2 millones 500 mil pesos a los 22 millones de pesos, participen en el proceso para su adquisición.
Estos terrenos se ubican en zonas residenciales en auge de Ensenada y uno de ellos dentro de la marina Puerto Salina.
Cuando Francisco Vega de Lamadrid estaba en sus últimas semanas como presidente municipal de Tijuana, en 2001, también encabezó la desincorporación de predios en la Zona Este que, una vez fuera del gobierno, adquirió por medio de una triangulación.
ESPACIOS EN PLAYAS
El 14 de marzo, el pleno del Congreso de Baja California aprobó -con votos en contra de cuatro diputados- seis dictámenes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto para la desincorporación de distintos predios en Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito.
Uno de los dictámenes respondía a la entrega gratuita de terrenos a las familias damnificadas por el deslizamiento de la colonia Lomas del Rubí en Tijuana, pero el resto de los inmuebles sumaban más de 100 millones de pesos que serían retirados del patrimonio público.
La aprobación del dictamen 210, que no recibió ningún voto en contra, permitió la desincorporación de seis predios previstos en un decreto enviado por el Gobernador a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, con fecha del 10 de abril de 2018.
El primero de los predios es identificado como el lote 66 de la manzana 301 de la sección Playas de Coronado en Playas de Tijuana con una superficie de 569 metros cuadrados con un valor de 2 millones 561 mil 963 pesos, según dictamen emitido por la Comisión Estatal de Avalúos.
El predio tenía como objetivo convertirse en una prolongación del Paseo Estrella del Mar cuando fue donado por el fraccionamiento Playas de Tijuana, Sección Playas Coronado al gobierno estatal, el 28 de mayo de 1993.
Sin embargo, el proyecto no se llevó a cabo y para efectos del decreto, el gobierno estatal, por medio de un oficio, consultó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes si el proyecto seguía contemplado, a lo que la dependencia federal contestó que no.
Por este motivo, el gobierno estatal solicitó su desincorporación para venta, pero el 5 de julio de 2018, el Ayuntamiento de Tijuana solicitó al Gobernador que le donara dicho predio para construir una vialidad con acceso a la carretera Escénica Tijuana-Ensenada, desde la calle Estrella del Mar en Playas Coronado.
Finalmente, el Congreso aprobó que este predio le sea donado al gobierno municipal de Tijuana.
En el caso de los otros cinco predios están ubicados en el fraccionamiento Puerta del Mar, el fraccionamiento Juan Diego Residencial Segunda Sección, el desarrollo turístico Puerto Salina, el fraccionamiento Villa Residencial Real Segunda Etapa y en la colonia Colinas del Sauzal, todos en Ensenada.
En la exposición de motivos de la iniciativa de decreto, se afirma que “la Oficialía Mayor de Gobierno realizó una revisión del acervo inmobiliario del Gobierno del Estado, determinando que cuenta con inmuebles que por sus características, superficie y ubicación no resultan aptos para los fines y programas de desarrollo que la administración pública tiene proyectados”.
También señala que los recursos serán destinados al gasto social, “tanto en programas como en infraestructura destinada para este fin”.
El primero de los lotes está ubicado en el fraccionamiento Puerta del Mar, con una superficie de 4 mil 329 metros cuadrados de Ensenada y valor de 10 millones 391 mil 858 pesos, según la Comisión Estatal de Avalúos.
Cuando le fue donado al gobierno estatal, por parte del fraccionamiento, el 17 de marzo de 2009, se determinó que su uso sería para equipamiento escolar, pero para fines del decreto, la Secretaría de Educación y Bienestar Social comunicó que el terreno no se ha considerado para el establecimiento de un nuevo plantel educativo, “toda vez que la población escolar está siendo atendida satisfactoriamente y en caso de incremento de la demanda educativa, ésta puede ser cubierta con ampliación de infraestructura en física en el área de influencia”.
El segundo lote será vendido por un valor no menor a un millón 999 mil 534 pesos, cuenta con una superficie de 999 metros cuadrados y forma parte del fraccionamiento Juan Diego Residencial Segunda Sección.
El tercero de los predios tiene un valor de 5 millones 562 mil 550 pesos y se ubica dentro del desarrollo turístico Puerto Salinas, una de las principales marinas en Ensenada, con una superficie de mil 986 metros cuadrados.
El penúltimo de los predios se encuentra en el fraccionamiento Villa Residencial del Real Segunda Etapa, se extiende hasta 4 mil 542 metros cuadrados y su valor fue determinado por 6 millones 813 mil 353 pesos.
Por último, el de mayor valor es un inmueble ubicado en la colonia Colinas del Sauzal, con una superficie de 47 mil 434 metros cuadrados y se licitará por un mínimo de 21 millones 345 mil 685 pesos.
EL HOTEL QUE OCULTARON
El 8 de marzo de 2018, el Gobernador envió una iniciativa de decreto al Congreso local, el cual solicitaba autorización para la enajenación “del lote 1 fracción A del desarrollo Urbano Mar de Cortez en el puerto de San Felipe”.
En el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por la diputada panista Iraís Vázquez, se habla de su extensión de 10 mil 668 metros cuadrados y su avalúo por 22 millones 239 mil 985 pesos, incluidas construcciones.
También se detallan los antecedentes de su compra por parte del gobierno estatal a ISSSTECALI, el 4 de mayo de 2016.
Al igual que con el dictamen 210, se afirma que los recursos que se obtengan de la venta se destinarán al gasto en desarrollo social.
Y solo en un párrafo hace mención que el inmueble no puede ser aprovechado por la actual administración para la prestación de servicio público alguno porque “cuenta con características, infraestructura y equipamiento propios para la prestación del servicio hotelero”.
Se trata del Hotel Rivera en San Felipe, considerado una de las pocas construcciones históricas en el puerto. Cuenta con 48 habitaciones, una piscina frente al Mar de Cortez y actualmente se encuentra operando como hotel por una renta estimada entre los 14 mil y 20 mil pesos mensuales que la administración estatal cobra a un grupo de empresarios.
Uno de los cuatro diputados que votaron en contra del dictamen fue Jorge Eugenio Núñez del Partido de Baja California (PBC), quien comentó en entrevista que, tras consultar la decisión con el sector inmobiliario de San Felipe, descubrió que el avalúo de hace dos años sitúa en un valor más bajo del real al hotel, esto por su ubicación privilegiada y su completa operatividad.
“Genera una afectación a la economía de Baja California que este hotel se venda mucho más barato de su valor real. Según el avalúo, tiene un costo de cerca de 110 dólares por metro cuadrado, incluso el solo terreno costaría más”, manifestó.
El también integrante de la Comisión de Hacienda hizo ver que le pareció extraño que en el dictamen no se especificara que se trataba de un hotel en funciones y solo se hablaba de un predio con construcciones.
Detalló: “si el interés del gobierno del Estado es venderlo, con el mayor beneficio posible, para que los ciudadanos obtengamos la mayor cantidad de recursos por ese hotel, nos sorprendió que en el documento no se aclarara que era un hotel”.
Para el legislador de oposición, la medida de vender predios propiedad del Estado es una señal de un “gobierno desesperado, con una situación financiera grave, un desequilibrio en las finanzas, donde en esa desesperación están viendo todas las opciones, incluyendo las desincorporaciones”.
