Al hablar sobre las organizaciones criminales infiltradas en las elecciones es necesario advertir que lo que está en juego es la cooptación del Estado para perseguir intereses ilegales e individuales, que deterioran las razones básicas que justifican la noción de un poder público que emana de la voluntad popular. Por tanto podemos decir que la infiltración y participación activa o pasiva del crimen organizado en los procesos electorales constituye sin duda un vicio de origen a la voluntad popular, pues se logra manipular la misma.
Alguna vez nos hemos preguntado en qué medida afecta la presencia de grupos criminales una elección. Existen muchas teorías que tratan de explicar el comportamiento electoral en estos escenarios tan descompuestos. Sin duda hay quienes advierte que en México no pasa eso, pero es cuestión sólo de reflexionar como ciudadanos y mirar un poco más al fondo del asunto. Hay municipios que se deciden por sólo diez votos de diferencia, alguna vez se han preguntado por qué hay significativos cambios en votaciones en algunos municipios de México, cooptados por el narcotráfico.
La respuesta es muy simple: estos grupos deciden qué candidato va a la elección, quienes y como deben de votar, por ejemplificarles algún caso que me pareció interesante en un municipio de México, entre un proceso electoral y otro los resultados de un instituto político eran de 245 votos a los tres años no obtuvo ningún voto algo que resulta ilógico y por demás increíble.
Algunas de las motivaciones y operaciones que se realizan al margen de la ley es una práctica que se utiliza cada vez con mayor frecuencia. Estos grupos organizan a un sector de ciudadanos de x población, les hacen el trámite de cambio de credencial de elector y de esta forma los trasladan de un distrito electoral a otro, como si se tratará de un video juego de los “Sims” en donde al movilizar a 40 o 50 ciudadanos les garantizará el triunfo a cierto candidato de manera sencilla y sin recurrir a la violencia. Este hecho es notorio en los resultados electorales, pero es algo que las autoridades no ven o no han querido ver. También existe el caso más trágico en donde asesinan al candidato que les estorba de cierta manera y así logran el triunfo del candidato que es afín a sus intereses.
La pregunta que nos hacemos es: ¿en dónde está la institución que regula la materia electoral en cuanto a los delitos? –sí, esta institución denominada Fepade–.
Como institución reguladora de conductas que laceran el proceso democrático en México, surgió en el año 1994 la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), misma que se creó mediante un acuerdo nacional y la firma del Pacto para la Paz, la Democracia y la Justicia firmado por los ocho institutos políticos en ese momento con registro ante el IFE. Siendo así que mediante decreto del titular del Poder Ejecutivo, se reformaron los artículos 10 y 43, y se adicionaron los artículos 6o y 6o bis del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, dando origen a la Fepade.
Consecuentemente, la concepción de la Fiscalía en comento fue la de un órgano de procuración de justicia que se encuentra adscrito a la Procuraduría General de la República (PGR), la cual cuenta con autonomía técnica para investigar, perseguir y prevenir los delitos electorales federales.
La realidad que enfrenta la Fiscalía es que del total de asuntos que conoce y además son consignados, el 83% tiene que ver con el robo, sustracción y, en su caso, alteración de la credencial para votar con fotografía, el cual es un tipo de delito que se comete para obtener un documento de identificación. Por lo tanto podemos decir que la comisión de este tipo de delito ni el uso de la misma tiene una finalidad de alterar el sistema electoral o incidir de manera negativa en los procesos electorales, sino que es un delito que da origen a delitos de carácter penal, como lo es el fraude.
No debemos apartarnos de la idea de que en la actualidad existen nuevos y distintos fenómenos que ponen en riesgo los procesos electorales, el equilibrio en la contienda, y el cumplimiento irrestricto de los principios rectores como lo son la objetividad, certeza, trasparencia, y legalidad, entre otros.
En este sentido, coincidimos que uno de los principales motores que mueven los hilos de las elecciones es sin duda la presencia de grupos criminales –narcotráfico–, a partir de la laguna legal que existe en cuanto a la fiscalización de los recursos, que si bien es cierto el financiamiento y uso de los recursos de los partidos políticos es fiscalizado actualmente, aparece una nueva modalidad con el uso de los recursos de los partidos políticos y de los candidatos con dinero del crimen organizado; es decir, ya no es suficiente con fiscalizar que el financiamiento público prevalezca sobre el privado o que no se rebasen los topes legalmente permitidos, sino el origen lícito de las aportaciones de los particulares, ahí es donde está el detalle como diría Cantinflas…
Nos vemos en la próxima.
