Con la colaboración y redacción de Mayra López Pineda

En la primera semana de febrero, la comunidad maya de Sitilpech fue notificada de la determinación judicial que permitió el reinicio de operaciones de la granja porcícola propiedad de la empresa Kekén que se encuentra instalada en su territorio

Ante esta determinación, la comunidad decidió instalar un campamento de bloqueo a la entrada de la granja porcícola, haciendo uso de su derecho legítimo a la protesta pacífica.[1]

¿Cuáles fueron las razones por las que la comunidad decidió emprender esta lucha?

Todo deriva de los graves impactos que ha generado la presencia de mega granjas porcícolas en el estado de Yucatán. En un estudio realizado en 2019 por Greenpeace y la Universidad Autónoma de Campeche, se concluyó que dichas granjas eran una fuente de contaminación acuífera. Las muestras tomadas excedían los límites recomendados de amonio, nitritos y nitratos según lo estipulado en la NOM-127-SSA1.[2]

Cabe señalar que, en el estado de Yucatán, se estima que, a pesar de existir un registro de 257 granjas porcícolas, hay alrededor de 410. De éstas, sólo 18 cuentan con Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAS), de acuerdo a datos de la Secretaría de Agricultura estatal.

Para el caso de la comunidad de Sitilpech, se ha denunciado que tanto las autoridades como la empresa no proveyeron de información previa sobre los impactos y alcances de instalar granjas en la comunidad. Tampoco se les consultó si querían o no tener una granja cerca; mucho menos se difundió información sobre los impactos ambientales a corto y largo plazo, ni de la contaminación que se provocaría alrededor. Además, refieren que no recibieron por parte de las autoridades o la empresa la Manifestación de Impacto ambiental (MIA) del proyecto.

En el presente caso, es evidente que el derecho a recibir información ambiental previa, accesible y en formatos culturalmente adecuados en lengua maya sobre la instalación de la granja y sus posibles consecuencias no fue respetado ni garantizado por las autoridades y la empresa, a pesar de que este proyecto podría traer consecuencias directamente la entidad.

La comunidad fue motivo de atención debido a las protestas registradas en días pasados. Como ya se dijo, las manifestaciones se desataron por el fallo de un Tribunal Colegiado en Yucatán, para el que no fue importante todos los datos arriba esbozados.

En la madrugada del 18 de febrero de 2023, un grupo de aproximadamente 70 elementos de la policía Estatal antimotines y policía municipal de Izamal, ingresaron a la comunidad de Sitilpech haciendo uso de la fuerza pública con el fin de desmantelar el campamento instalado por la comunidad y permitir la entrada de un camión de la empresa Kekén.

De acuerdo con testimonios de los habitantes que se encontraban en ese momento en el campamento, los elementos policiacos portaban escudos y toletes que fueron utilizados para agredir físicamente a quienes permanecían en el lugar.

Cabe señalar que, en el momento de la represión, se encontraban en su mayoría personas adultas mayores, así como mujeres con sus hijas e hijos menores de edad. De acuerdo con testimonios, elementos de la policía despojaron de sus teléfonos celulares a algunas personas que permanecían en el campamento, así como dinero que habían recaudado para la compra de alimentos para el campamento. Además, señalan que como resultado de la agresión policial, resultaron daños a motocicletas y vehículos.[3]

Debido a este acto de represión, habitantes de Sitilpech con la representación legal de Kanan Derechos Humanos A.C., promovieron un amparo para proteger su derecho a la libre protesta y la libre determinación como pueblo maya. El Juez Federal otorgó la medida cautelar otorgando suspensión de plano para no incomunicar al pueblo y para que las autoridades estatales y municipales cesaran los actos de agresión ejercidos contra la comunidad.

No obstante, días posteriores a la agresión policial en el campamento, la comunidad así como sus representantes legales han sido víctimas de estigmatización en medios de comunicación locales así como acciones legales en su contra. La empresa Kekén -la cual instala estas granjas por el estado- mueve sus tentáculos en el poder público y en las empresas de medios, tratando de diluir la digna resistencia de las comunidades.

De acuerdo con el “Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2021” del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en el año 2021 se registraron 108 evento de agresión, siendo 25 las agresiones letales (muertes) de personas defensoras de medio ambiente y territorio. El estado Yucatán registró 10 eventos de agresión, siendo la segunda entidad del país (después de Oaxaca con 24) con más ataques.

En un contexto tan hostil para el medio ambiente y para las personas que la defienden, es importante prestar atención a lo que ocurre en Sitilpech y visibilizar los graves impactos medioambientales de megaproyectos como las granjas porcícolas, que pueden traer consecuencias negativas para la salud de la población a través de la contaminación del agua, del medio ambiente y el entorno.

[1] Diario de Yucatán, Bloquean camión con 300 cerditos que iba a granja en Sitilpech, 11 de febrero de 2023. Ver en: https://www.yucatan.com.mx/yucatan/2023/2/11/bloquean-camion-con-300-cerditos-que-iba-granja-en-sitilpech-382026.html

[2] Greenpeace, ¿Qué hay detrás de la industria porcícola en la península de Yucatán? La carne que está consumiendo en el planeta, año 2020. Disponible en: https://www.greenpeace.org/static/planet4-mexico-stateless/2020/05/188dc911-reporte_granjas_webok3.pdf Para su realización se tomaron muestras de agua de cinco pozos y un cenote de cuatro municipios Kinchil, Maxcanú, Opichén y Chochol.

[3] Kanan Derechos Humanos, A.C., Comunicado Urgente: Comunidad Maya de Sitilpech. Yuc. violentada y amenazada por defender su territorio, 18 de febrero de 2023. Ver en: https://www.facebook.com/KananDDHH/photos/pcb.760631955491299/760631295491365/

Leopoldo Maldonado

https://www.sinembargo.mx/author/leopoldomaldonado/

Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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