La decisión de la Corte Penal Internacional abre la posibilidad de que se emitan órdenes de arresto contra funcionarios israelíes sospechosos de crímenes de guerra, lo que les crearía riesgos al viajar al extranjero.
Por Josef Federman Mike Corder
JERUSALÉN (AP) — La Fiscal de la Corte Penal Internacional abrió el miércoles una investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos en territorios palestinos, centrando la atención del tribunal en las acciones militares israelíes y la construcción de asentamientos en territorios capturados en la guerra del Medio Oriente de 1967.
La decisión asestó un vergonzoso golpe al Gobierno israelí, que había efectuado una intensa campaña de relaciones públicas y de diplomacia tras bambalinas para bloquear la investigación. También abre la posibilidad de que se emitan órdenes de arresto contra funcionarios israelíes sospechosos de crímenes de guerra, lo que les crearía riesgos al viajar al extranjero.
“El Estado de Israel está bajo ataque esta noche”, manifestó el Primer Ministro Benjamin Netanyahu en una declaración grabada en video. “La parcializada corte internacional de La Haya adoptó una decisión que es la esencia del antisemitismo y la hipocresía”.
“Les prometo que lucharemos por la verdad hasta que anulemos esta escandalosa decisión”, agregó.
La determinación de Fatou Bensouda, la Fiscal saliente de la CPI, era esperada en virtud de que la corte determinó el mes pasado que ella tenía jurisdicción en el caso. Una investigación preliminar de Bensouda en 2019 determinó que había “fundamento razonable” para abrir un proceso por crímenes de guerra.
En un comunicado, Bensouda dijo que la investigación examinará “delitos dentro de la competencia de la corte que presuntamente han sido cometidos” desde el 13 de junio de 2014. Agregó que la investigación será efectuada de “manera independiente, imparcial y objetiva, sin temor ni favoritismos”. La tarea recaerá ahora en Karim Khan, el abogado británico que a partir de junio será el nuevo Fiscal de la CPI.
La decisión del miércoles centra la atención de la CPI en dos políticas clave de Israel de los últimos años: sus repetidas operaciones militares contra combatientes palestinos en la Franja de Gaza, entre las que destaca una devastadora guerra en 2014, y su expansión de los asentamientos judíos en Jerusalén oriental y el territorio ocupado de Cisjordania. Según expertos, Israel podría ser especialmente vulnerable a proceso debido a sus políticas sobre los asentamientos.
Aunque los palestinos no tienen un Estado independiente, se les concedió en 2012 condición de observador no miembro en la Asamblea General de Naciones Unidas, lo que les permite integrarse en organizaciones internacionales como la Corte Penal Internacional. Desde su ingreso en la corte en 2015, han exigido una investigación contra Israel por crímenes de guerra. Israel, que no es miembro de la corte, asegura que ésta no tiene competencia porque los palestinos no son un Estado soberano.
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