El Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá retiró este miércoles su proyecto que avalaba la controvertida Ley General de Comunicación Social, aprobada por el Congreso durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y que permitirá al Gobierno federal, a través de la Secretaría de la Gobernación, entregar la publicidad oficial de manera discrecional, sin reglas claras y, sobre todo, sin que se puedan rendir cuentas.
Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).– El Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá retiró este miércoles su proyecto que avalaba la constitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social, aprobada durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y conocida como “Ley Chayote”, la cual permitía a la Secretaría de Gobernación (Segob) entregar publicidad oficial de manera discrecional, un criterio sobre el cual alertaron organizaciones de la sociedad civil.
El proyecto del Ministro Carrancá fue cuestionado por organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, quienes advirtieron que este proyecto contravenía la resolución que emitió la misma primera sala de la Suprema Corte en 2017, mediante un amparo promovido por estas organizaciones.
Al inicio de la sesión de la primera sala, se informó que a petición del Ministro se retiraba su proyecto. El texto consideraba que la propia Ley de Comunicación Social ya cuenta con los lineamientos correspondientes para otorgar la asignación de la publicidad oficial, pese a que en los hechos no haya mecanismos que eviten la concentración ni el uso discrecional de estos recursos. El tema generó el repudió de la sociedad civil, que advirtió los riesgos de esta legislación a la libertad de expresión.
Artículo 19 celebró en su cuenta de Twitter que el Ministró Carrancá haya optado por retirar el documento, aunque llamó a realizar un análisis exhaustivo de la Ley General de Comunicación Social. “De igual forma, recordamos la deuda pendiente de llevar a cabo una discusión integral para la emisión de una correcta y democrática ley que regule la #PublicidadOficial”, escribió la organización.
📣 ARTICLE 19 celebra la decisión de la @SCJN de retirar el proyecto de resolución del Ministro González Alcántara, mismo que declaraba la constitucionalidad de la LGCS. Esta decisión refleja las irregularidades denunciadas que contiene la referida ley. (1/3)#PublicidadOficial
— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) March 3, 2021
En 2017, la Suprema Corte determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa por no regir la materia de la publicidad oficial, lo que dio pauta a la Ley de Comunicación y su eventual aprobación, la cual no contó con un diálogo ni una apertura en su discusión.
El mandato original de la Corte ordenaba regular el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, mismo que establece que la comunicación social debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Por el contrario, se dotó a la Segob de criterios de asignación de la publicidad oficial, un criterio que pretendía ser avalado este miércoles con el respaldo al proyecto del Ministro Carrancá.
Este lunes, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19; Haydée Pérez Garrido, directora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y Sara Lidia Mendiola Landeros, directora de Propuesta Cívica, resaltaron en una carta enviada a los ministros de la primera sala de la SCJN que al facultar a la Segob a emitir lineamientos de criterios de asignación de publicidad oficial se “avala la opacidad, la discrecionalidad y la arbitrariedad en la asignación de los recursos al concentrar estas facultades en un órgano político del Estado”.
Advirtieron desde entonces que el proyecto del Ministro Carrancá contradecía a la propia Constitución, así como a estándares internacionales de derechos humanos ya que permitía que los parámetros de asignación se establecieran mediante lineamientos de una dependencia pública deberían estar establecidos en la ley de la materia.
“Esta ley no realiza una correcta y debida regulación de la publicidad oficial, lo cual significa que persisten las violaciones a los derechos a la libertad de expresión y a la información al no propiciar las condiciones óptimas para un correcto y debido ejercicio periodístico de los distintos medios de comunicación y periodistas que fomente la pluralidad informativa mediante la equitativa, objetiva, transparente, eficiente y efectiva distribución de los recursos en este rubro”, advirtieron.
#México Organizaciones nacionales e internacionales advierten a la @SCJN sobre los riesgos de validar la Ley General de Comunicación Social por no realizar una correcta y debida regulación de la #PublicidadOficial 👇https://t.co/M96fG9Z4rZ
— RSF en español (@RSF_esp) March 2, 2021
Una muestra de ello es que el 54 por ciento del total de publicidad oficial ejercido se repartió entre 10 medios de comunicación, mientras que el 46 por ciento se repartió entre los restantes 387 medios, advirtieron las organizaciones. Este criterio ha persistido aún pese a que se ha reducido el gasto en materia de publicidad oficial en la presente administración, el cual pasó de 14 mil millones en los dos primeros años del Gobierno de Peña Nieto, a alrededor de 2.7 mil millones en los dos primeros años de Andrés Manuel López Obrador.
Los mismos datos, aportados por las organizaciones, dan cuenta de que tan sólo 10 instituciones ejercieron el 89 por ciento del total del gasto de publicidad oficial, encabezadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Pronósticos, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la propia Secretaría de Gobernación, así como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).
Las organizaciones que han advertido el uso discrecional que contemplaría avalar esta Ley, recordaron la iniciativa ciudadana que se presentó en la materia, la cual obliga a autoridades y a medios a rendir cuentas y transparentar el uso de los recursos, además de que sanciona el uso propagandístico de la publicidad o que se emplee para censurar, castigar o premiar a medios de comunicación u otras formas de promoción y difusión.
La misma propuesta contempla establecer criterios de asignación en función de la idoneidad del medio, establece topes a los presupuestos asignados así como un límite para los sobre ejercicios y elimina el uso faccioso de las mediciones de audiencia, lectoría y penetración.
