El pasado 21 de febrero, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al Instituto Nacional de Migración activar la alerta migratoria contra el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda, con el objetivo de mantener vigilados sus movimientos.
En esta trama de presunto lavado de dinero de Anaya está implicado el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda, quien habría realizado una operación de compra-venta de una nave industrial de la empresa Juniserra S.A. de C.V.– perteneciente al candidato presidencial Ricardo Anaya– para desviar recursos.
Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).- Juan Pablo Olea Villanueva, vicepresidente de Advance Technology, es investigado por la Procuraduría General de República (PGR) por ayudar a extender sus negocios a Europa a Manuel Barreiro Castañeda, quien a su vez es indagado por presunto lavado de dinero en favor del candidato Presidencial Ricardo Anaya Cortés, reveló este día Reforma.
De acuerdo con este diario, el vicepresidente de Advance Technology, una de las compañías de Barreiro Castañeda, integra la lista de los cinco quejosos que presentó Manuel Barreiro ante la PGR, el pasado 20 de febrero.
El empresario queretano, explicó este rotativo, es presidente y dueño de mil 600 acciones de MAS Sailing Limited, una corporación registrada en el paraíso fiscal de Gibraltar. Por su parte, Juan Pablo Olea funge como Oficial Ejecutivo y es dueño de 400 acciones, desde 2014.
Según Reforma, Olea Villanueva es además director de los vehículos canadienses Kross Investments Limited, desde el enero de 2017, para la presunta concretación de la compra de la nave industrial vendida por Ricardo Anaya (54.8 millones de pesos), una operación que inició desde 2016, pero que aún tenía pagos pendientes.
El 29 de enero pasado, el abogado Daniel Rodríguez Velasco declaró ante la PGR que Olea es o ha sido administrador o delegado de al menos catorce pequeñas empresas registradas en diversas ciudades de España, pero que en realidad son de Barreiro.
La catorce pequeñas empresas, según este diario, incluye siete restaurantes de Grupo La Lupita, la inmobiliaria Espamex Capital, la florería Flores y Pétalos, y el centro deportivo GymTonic Sports.
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En agosto de 2016, Anaya Cortés recibió de MAS Sailing los primeros dos pagos para la compra de la nave industrial en Querétaro, de acuerdo documentos ofrecidos a la PGR por Rodríguez Velasco y su socio David Galindo González.
Tesorem, una Sofom creado por Rodríguez y Galindo, recibió dinero de MAS Sailing, y luego Tesorem lo transfirió en 2016 a Manhattan Master Development Plan, las cual se presume fue hecha para el negocio del panista.
Los activos de MAS Sailing ascienden a 1.6 millones de euro, pero sus deudas alcanzan los 3.4 millones de euros, esto de acuerdo con un informe del 30 de abril de 2016 ante autoridades de Gibraltar, revelado por Reforma.
Finalmente, antes de que los pagos de Anaya llegaran a Manhattan Master, en mayo de 2017, tuvieron que pasar por otras dos empresas fachada, dinero proveniente de la entidad canadiense Kross.
Desde el pasado 21 de febrero, la Procuraduría General de la República (PGR) ya investiga el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita presuntamente efectuadas en una empresa del candidato de la coalición “Por México al frente”, Ricardo Anaya.
La dependencia además solicitó al Instituto Nacional de Migración activar la alerta migratoria contra el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda, con el objetivo de mantener vigilados sus movimientos.
“El agente del Ministerio Público de la Federación ha realizado diversas diligencias, como cateos, solicitud de alertas migratorias, así como, bajo el principio de lealtad del Sistema Penal Acusatorio, citó a diversas personas, quienes acudieron a rendir su declaración. Dos de las personas citadas solicitaron se les aplique alguna de las figuras jurídicas nuevas contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, informó la dependencia a través de un comunicado.
La PGR informó que se encuentra realizando un análisis de la petición “bajo el criterio de objetividad, sin discriminación y evaluando las circunstancias especiales del caso” para ver si autoriza la aplicación de la figura jurídica solicitada.
