Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).– Organizaciones civiles, académicos y representantes legales denunciaron que el hostigamiento y la criminalización por parte del Estado mexicano hacia la Tribu Yaqui que habita en Sonora, no ha cesado, y que pese a las resoluciones jurídicas que se han emitido en el caso del Acueducto Independencia el Gobierno federal sigue violando los derechos humanos, civiles e indígenas de esta comunidad.
Durante el foro “El poder judicial frente a los derechos de la Tribu Yaqui”, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Misión Civil de Observación reiteró el llamado para que las autoridades mexicanas atiendan la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y realicen la consulta libre e informada que se requiere para que el proyecto avance.
Además, pidieron que se castigue a culpables de violaciones a derechos humanos de ese pueblo.
Edmundo del Pozo Martínez, de la organización Fundar, explicó que si bien Hermosillo, Sonora, podría enfrentar desabasto de agua, no es un excusa para realizar un acueducto que no respete a la autonomía indígena.
“No es que no haya un problema de agua en Hermosillo, sino que se construya un megaproyecto fuera del estado de derecho”, dijo del Pozo Martínez.
La Tribu Yaqui es un pueblo indígena que habita en el estado de Sonora y a lo largo de su historia ha luchado por conservar su territorio ancestral y sus recursos naturales, los cuales forman parte importante de su sobrevivencia y son el sustento para la preservación de sus formas de vida, su cultura y sus estructuras comunales.
Los yaquis iniciaron una lucha por la defensa del agua del Río Yaqui, ante la construcción de la obra considerada como la más importante del gobierno del panista Guillermo Padrés Elías: el Acueducto Independencia.
A lo largo de la lucha del pueblo Yaquí, decenas de organizaciones civiles se unieron para dar seguimiento al caso del Acueducto que se construyó “ilegalmente” al no contar sus promotores con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Además, el investigador Rodrigo Gutiérrez y Úrsula Garzón, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), denunciaron la persecución de los mediadores de la tribu, las contradicciones que existen entre las resoluciones y las campañas en contra de la tribu Yaqui, y que a pesar que aún no hay consulta, permanece en operación “ilegal” el Acueducto Independencia.
Desde 2011, la Tribu Yaqui interpuso un amparo contra la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental, hecha por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En 2012, se les otorgó el amparo, pero la Semarnat apeló la sentencia.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el 8 de mayo de 2013 confirmó el amparo y ordenó declarar insubsistente la MIA y que se consultara a la Tribu Yaqui, de conformidad con los estándares internacionales.
Por su parte, el gobierno de Guillermo Padrés Elías giró una orden de aprehensión en contra de Mario Luna y de otros voceros de la tribu desde 2013 para presionarlos con llevarlos a la cárcel si no desistían de su lucha en contra del Acueducto Independencia.
Por su parte, el investigador Víctor Hugo Villanueva, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), explicó la importancia del Río Yaqui en la comunidad. Desde que perdió su cause natural, dijo, se ha presentado pérdida de flora que se utiliza en medicamentos de la tribu Yaqui, y también aseguró que el mismo río es parte de la identidad de este pueblo indígena.
“Es tan importante que el río le da el nombre a la Tribu Yaqui, y no la tribu al río”.
