El PRI y el PAN han vuelto a usar su mayoría en el Congreso para iniciar un juicio político contra el Gobernador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, quien lejos de preocuparse por esto y por el llamado a auditarlo ha anunciado con bombo y platillo la construcción de un nuevo estadio del equipo del que es aficionado, los Tigres de la UANL.
Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– Una nueva confrontación entre poderes tiene lugar en Nuevo León. Por un lado, los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) han impulsado un juicio político y una auditoría a los proyectos de Samuel García Sepúlveda. Del otro, el Gobernador parece no inmutarse ante los hechos y ha anunciado un proyecto millonario para construir el nuevo estadio de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, equipo del que es aficionado.
“Hay una dupla, un amasiato partidista que ahora ya es muy evidente que son parte de lo mismo, que son el PAN y el PRI. Antes, lo que aquí pasaba era que simulaban de alguna forma ser una oposición, lo que ahora vemos es que como hay un nuevo actor en el ámbito político, que es el partido del Gobernador Samuel García, pues ya se unieron las dos fuerzas muy bien. Ya es evidente que son un grupo que persigue los mismos intereses”, denunció Juan Manuel Ramos, director de Redes Quinto Poder.
A inicios de esta semana Acción Nacional y el PRI usaron su mayoría en el Congreso para promover un juicio político contra el Gobernador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, por “haber dañado intereses públicos fundamentales” al no haber presentado a tiempo el Presupuesto de Egresos de 2023, que ya fue aprobado, y por incumplir con la publicación de 56 decretos en el Periódico Oficial del Estado. El mandatario tendrá que comparecer el 10 de febrero ante la Comisión Anticorrupción que fue la que avaló este proceso.
Al juicio político, se ha sumado además la solicitud que ambos partidos aprobaron desde el Pleno de la Legislatura local para que la Auditoría del Estado revise diversos proyectos del Gobierno de Samuel García de los ejercicios fiscales de los años 2022 y 2023 como son las Líneas 4, 5 y 6 del Metro y la compra de un avión KING AIR para la estimulación de lluvia a través del bombardeo de nubes y cuyo costo fue de 70 millones de pesos.
Pese a ello, el Gobernador salió a anunciar casi al mismo tiempo el proyecto de un estadio que quiere construir junto a la iniciativa privada para los Tigres de la UANL. De hecho, al dar a conocer que envió al Congreso del Estado el memorándum del proyecto, lo hizo en redes sociales, plataformas a las que ha destinado millones para apuntalar su imagen como ha denunciado Redes Quinto poder.
“Estamos ya listos para mandar al Congreso el comodato del inmueble donde se va a alojar para que podamos invertir 8 mil 200 millones de pesos y lograr este proyecto”, anunció el mandatario horas después de que se iniciara en la Comisión Anticorrupción el proceso de juicio en su contra. El Gobernador precisó que el Memorándum fue firmado por la UANL, el Gobierno del Estado de Nuevo León, el Municipio de San Nicolás, el Club Tigres, CEMEX y Juego de Pelota.
En ese sentido, Ramos apuntó “que algunas de las acciones de gobierno (de Samuel García) han sido torpes, por decir lo menos, y les ha dado pie con bola a estos legisladores (de estos partidos) que tienen sometido al Estado, que han socavado las instituciones, que han hecho lo que han querido con ellas, que ahora resulta que son los demócratas del Estado. Cómo han de estar de mal las decisiones políticas del Gobernador para hacer ver bien a los que no son los mejores del escenario político Nuevo León”.
Movimiento Ciudadano ha respaldado a su Gobernador y ha acusado que este proceso se trata de un “revanchismo político” al señalar una serie de irregularidades contenidas en la denuncia de juicio presentada por los diputados federales Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del PAN, y José Luis Garza Ochoa, quien también es el presidente estatal del PRI.
El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador ha cerrado filas con García Sepúlveda. “Está resistiendo una presión que tiene que ver con chantajes, lo que eran los moches de antes: que había que darle a los partidos del presupuesto, incluso a los diputados se les entregaba el moche para obtener los votos y que aprobaran el presupuesto”, aseguró el primer mandatario.
Samuel García ha tenido que lidiar con el Congreso desde que llegó al poder. Actualmente Movimiento Ciudadano sólo cuenta con 11 diputados, mientras que el PAN, que tiene 14, y el PRI, 13, se han aliado en esta instancia para bloquear al mandatario. El conflicto entre ambos poderes ha sido constante y ha impedido la aprobación del Fiscal de la entidad y más recientemente generó un choque para la aprobación del Presupuesto de este año.
Esta misma semana, el presidente de la Mesa Directiva, el panista Mauro Guerra, sumó otro episodio al conflicto cuando presentó el Informe de actividades de la Diputación Permanente durante la apertura del segundo periodo de sesiones del segundo año, donde destacó la falta de cumplimiento de Samuel García.
“A pesar de que el Presupuesto se destrabó y se aprobó el reparto de recursos por parte de este Congreso, el Gobierno del Estado lo entrampa de nuevo al fijar ilegalmente reglas no previstas y condiciones para su entrega a los municipios”, acusó Guerra, en un discurso que generó reclamos de la bancada naranja que le cuestionó el que se condujera como un líder panista y no con la investidura del titular del Congreso.
Mauro Guerra se refería a la bolsa de 2 mil 500 millones de pesos destinados a financiar proyectos de infraestructura en municipios gobernados por el PRI y el PAN, recursos a los cuales el Gobernador puso una serie de candados que han generado la inconformidad de estos partidos.
EL JUICIO Y LA AUDITORÍA
El pasado 12 de diciembre los diputados federales Annia Sarahí Gómez Cárdenas y José Luis Garza Ochoa presentaron ante el Congreso una denuncia para someter a juicio político a Samuel García, la cual fue aprobada con los votos del PRI y PAN en la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado.
Durante la discusión, la Diputada de MC Sandra Pámanes Ortiz cuestionó los argumentos presentados para iniciar este proceso, pues recordó que al momento de que se presentara la denuncia ya se habían publicados 35 de los 56 decretos señalados y el Presupuesto de Egresos ya había sido aprobado.
De hecho, semanas antes de que este tema se desahogara en el Congreso, el 6 de enero, el Gobernador Samuel García había anunciado un acuerdo con el Congreso estatal para contar con un presupuesto para este 2023.
“Vengo de partir la rosca con los Diputados y mis amigos de otros partidos; y me tocó el Niño Dios y voy a tener que poner los tamales, pero lo bueno es que va a haber mucho dinero para la gente de Nuevo León, muchos proyectos, mucho presupuesto y mucha obra pública para que haya derrama, empleo y seguir siendo el mejor estado de México”, dijo en esa ocasión.
Semanas después publicó los lineamientos para que los municipios de la entidad puedan acceder la partida de recursos extra incluida en el Presupuesto 2023, una situación que generó inconformidad en el PRI y PAN en el estado.
Lo cierto es que no es la primera vez que la disputa entre el Gobierno y el PRI y PAN llega a este punto.
A finales de noviembre pasado, el Congreso local aprobó la declaratoria de juicio de procedencia (desafuero) en contra del Secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco precisamente por no publicar los 56 decretos emitidos por el Poder Legislativo de Nuevo León en el Periódico Oficial. La situación llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que a finales de diciembre le concedió una suspensión para que el funcionario no pueda ser destituido.
Juan Manuel Ramos apuntó que al final todo se trata de una disputa por el control del dinero y del poder. “Ha sido la Suprema Corte que finalmente ha tendido el salvavidas a Samuel y hay que recordar que en campaña Samuel quería separar a Nuevo León de la Federación y ahorita en la Federación ya lo hubieran corrido hasta el Estado”.
Ramos precisó que desde el Congreso del Estado el PRI y el PAN han avanzado su control en otras instancias como en el Poder Judicial, que lo dirige José Arturo Salinas Garza, quien hasta hace unos años fue Diputado local del PAN, coordinador de ese grupo legislativo.
Expuso también que el titular de la Auditoría Superior del Estado, Jorge Galván González, está ligado al PRI. “La Comisión Estatal Derechos Humanos se la repartieron entre el PRI y el PAN, la Comisión de transparencias se la repartieron entre ellos, el Gobernador Samuel ya puso agente de él en el Tribunal de Justicia Administrativa”, ahondó al exponer este reparto entre ambos grupos.
LOS PENDIENTES Y LAS CRÍTICAS
La principal crítica que pesa hacia Samuel García es la cantidad de recursos que ha dedicado para apuntalar su imagen, la cual ha construido en redes sociales y al mismo tiempo al amparo de su esposa la influencer Mariana Rodríguez. Cientos de anuncios aparecen en Facebook e Instagram con su imagen. De hecho, ese es uno de los puntos que el PRI y PAN han pedido investigar a la Auditoría.
Aunque no sólo se trata de su imagen, sino también la de su partido. En días pasados, se dio a conocer cómo en Nuevo León hay vagones pintados con los colores y el logotipo de Movimiento Ciudadano además de anuncios con la leyenda “Movimiento de la Alegría” que fueron colocadas en estaciones de las Líneas 1 y 2, como reportó El Norte.
“Tenemos un Gobernador que no ha llenado los zapatos y qué dice más de lo que hace, es como Vicente Fox que le encantaba andar por el mundo presumiendo lo que no había en México lo mismo está haciendo el Gobernador Samuel García. Tenemos un buen vendedor de humo como era Vicente Fox y como ya fueron otros gobernantes y no les está resolviendo los problemas”, criticó Ramos.
“Tenemos un problema de seguridad, no se le está garantizando el derecho humano a la movilidad de las personas, no se le está garantizando el derecho humano al medio ambiente sano y con eso, pues ya le partiste el queso a todo lo demás”.
Las cifras oficiales muestran que los feminicidios y los homicidios dolosos en Nuevo León, durante el primer año del Gobierno de Samuel García Sepúlveda, han incrementado al menos un 58.82 y 32.82 por ciento, respectivamente. El caso de la joven Debanhi Escobar, desaparecida y hallada asesinada, destapó la crisis de violencia de género, así como la violencia institucional y la indolencia con la que las fiscalías atienden las agresiones a las mujeres.
El tema de seguridad no es el único que se ha criticado el Gobernador. El estado también atraviesa por una crisis de movilidad, la cual se ha agravado con el aumento de las tarifas y por la fallas registradas en las dos líneas del Metro de Monterrey. Además de los problemas de seguridad y movilidad que se viven en el estado, no se puede dejar de lado la crisis de agua que se vivió hace unos meses.
