Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– Organizaciones de familiares de víctimas de desaparición, integrantes de la sociedad civil y padres de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, informaron que su delegación en Ginebra, Suiza, denunció que en México existe una crisis humanitaria la cual el Estado mexicano no ha querido reconocer y la cual ha evidenciado la impunidad, la implicación de autoridades y la carencia de una Ley de Desaparición Forzada.
Este día, México concluyó su presentación de dos días ante el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, con la promesa de que para junio, a más tardar, contará con una ley general sobre esta grave problemática y que trabajará para corregir una serie de deficiencias puestas en evidencia.
“La Ley General de Desaparición Forzada es un reto inmediato. El Congreso inició sesiones ayer y tenemos que lograr la reforma constitucional primero y la ley después, antes de que termine esta legislatura, en junio”, dijo el jefe de la delegación oficial de México, Juan Manuel Gómez Robledo, al término del escrutinio.
Posteriormente, en conferencia de prensa en el DF, los activistas detallaron que el Comité de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tomó en cuenta los testimonios de padres de familia y coincidió que sí existe una crisis humanitaria y que “Ayotzinapa no es un hecho aislado”.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) también aseguró que en México hay una violación generalizada de derechos humanos, no hay políticas públicas para prevenir la desaparición forzada, no hay un plan nacional de búsqueda, y entre otras observaciones más, que el decálogo del Presidente Enrique Peña Nieto es insuficiente, detalló Denise González del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Juárez.
Por tanto, y “ante la gran realidad del país” los familiares hicieron la petición para que un relator de tiempo completo diagnostique la gravedad del problema de desapariciones forzadas en México. Sin embargo, el Comité detalló que el Gobierno federal aún no ha determinado la competencia para que se pueda aceptar las recomendaciones de un experto de la ONU.
Para el CED, Ayotzinapa no es un caso cerrado porque existen muchas cosas sin resolver y no es un caso único, puesto que existen otros hechos similares de desapariciones forzadas en varios estados del país. “¿Qué está pasando con esas investigaciones?”, cuestionó. “¿Cuáles son los avances?”.
“Pedimos recomendaciones urgentes, recomendaciones prioritarias debido a la situación. No tenemos una resolución formal. Lo que sí vemos es que el comité comparte la preocupación por las organizaciones y los familiares”, dijo Stepahie Brewer.
“El caso de Ayotzinapa refleja de manera contundente una situación estructural que se viven en el país en el caso de desapariciones forzadas”, argumentó el abogado y defensor del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales.
El activista también aseveró que la impunidad permite que las desapariciones sean una realidad. “No hay las adecuaciones, no hay legislación, pero tampoco hay política pública. No hay investigación, no hay prevención, hay infiltración del crimen, pero no se investigan de forma adecuada”, expresó.
Rosales denunció que en Guerrero ha habido acoso y persecución por parte del estado pero que en ningún momento han respondido de forma violenta puesto que “ese no es el camino”.
Clemente Rodríguez, padre Rubén Lauro Villegas, informó que otro frente de familiares iniciará una jornada de protesta por Estados Unidos. No adelantó la fecha ni las instancias a las que acudirán, pero explicó que buscarán ayuda para encontrar a sus hijos dentro y fuera del país.
Omar García, estudiante normalista, detalló que el gobierno mexicano “pensó que íbamos a reaccionar de forma violenta pero se equivocó. Nosotros no le apostamos a la confrontación con el estado. No queremos caer en ese juego. Quieren hacer que las víctimas se vean como los culpables”.
Zita Loyo, de la organización Hasta Encontrarlos, explicó que la delegación en Suiza, hizo recomendaciones para el CED emitiera al Estado Mexicano, entre ellas:
-Que se cree una mecanismo de búsqueda transaccional que incluso incluya a emigrantes.
-Es necesario que se tome en cuenta a los familiares para la búsqueda.
– Una inmediata ley de desaparición forzada que no sólo la conforme el gobierno sino organizaciones y la sociedad civil
-La creación de una base de datos confiable. La que hoy existe tiene muchas fallas.
-Hacer un llamado al Estado mexicano para que acepte la competencia del CED. “No es posible que siga jugando”.
