Lozoya se encuentra detenido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde noviembre de 2021, desde hace meses busca un acuerdo con autoridades federales para resarcir el daño que causó a las finanzas públicas la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados en el periodo que dirigió Pemex (2012-2016).
Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).– Por tercera ocasión se difirió la audiencia de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la cual su defensa buscaría un acuerdo reparatorio para evitar ir a juicio por la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
El Juez concedió a Lozoya un último plazo de 30 días para que su defensa revise las pruebas en el caso. La audiencia del exfuncionario del Gobierno de Enrique Peña Nieto se reanuda el 16 de febrero.
“Decirle también al señor Presidente que esta defensa y el señor Lozoya Austin van a continuar colaborando con la Fiscalía General de la República en el marco de los hechos denunciados vinculados a hechos de corrupción sucedidos en el pasado ese es el mensaje que queremos mandarle al señor Presidente”, dijo la mañana de este martes el abogado Miguel Ontiveros Alonso previo a la audiencia que esta vez fue precidia por el Juez Genaro Alarcón López.
Al término, Ontiveros aseguró que “no va haber juicio contra Emilio Lozoya, lo que va a haber será un acuerdo reparatorio”, esto pese a que la representantación legal de Pemex insistió en que no han alcanzado un convenio y dijo estar lista para llevar el proceso penal a la etapa intermedia, en ello coincidió la Fiscalía General de la República (FGR).
La defensa de Lozoya pidió más tiempo para analizar los datos de prueba que la FGR ha aportado pues destacó que algunos no pueden abrirse en sus computadoras, por su parte, los representantes de Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera expusieron que los abogados no les han compartido toda la información con la que cuentan, incluida la relacionada con las reuniones para alcanzar un acuerdo reparatorio.
“Exhortamos a la defensa que informe de las conversaciones porque antes Pemex había anunciado que no llegaron a algún acuerdo”, dijo durante la audiencia Antonio López García, representante de la UIF.
La FGR acusa Lozoya Austin, funcionario en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que se sanciona con hasta 15 años privado de la libertad si la dependencia demuestra su culpabilidad.
En noviembre, sus abogados dijeron que luego de conversar con funcionarios de Pemex estaban cerca de lograr un acuerdo en el que su cliente pague 3.4 millones de dólares, por lo que pidieron a la Jueza de control Verónica Gutiérrez aplazar el inicio de la audiencia intermedia para concretarlo.
Desde enero del año pasado el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal falló a favor de Lozoya Austin para cambiar la medida cautelar por la libertad provisional, pero pese a ello, y aún si consigue un acuerdo, continuará detenido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por el otro proceso penal que enfrenta, donde la Fiscalía lo relaciona con la trama de corrupción de la constructora Odebrecht.
Lozoya Austin lleva meses buscando un acuerdo para ambos casos, Odebrecht y Agronitrogenados. El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió en abril de 2022 analizar la propuesta pues recordó que sólo por la compra de la planta chatarra el daño al erario asciende a los 200 millones de dólares. “Pedí que se hiciera la investigación porque el daño tendría que reponerlo, repararlo en Pemex”, expuso el mandatario.
El panorama para quien fue coordinador de Asuntos Internacionales de la campaña de Peña Nieto no es sencillo. Si bien en julio de 2020, cuando fue vinculado a proceso por la compra de la planta, la Fiscalía solicitó como medida cautelar la colocación de un brazalete electrónico que le permitiera seguir su proceso en detención domiciliaria, para noviembre de 2021 la FGR pidió su arresto, esto después de que la periodista Lourdes Mendoza difundió fotografías del exfuncionario cenando en un restaurante de lujo de la colonia Lomas de Reforma, en la Ciudad de México.
Con estas imágenes queda en evidencia el pacto de impunidad entre @EmilioLozoyaAus y la @FGRMexico Señala a gente inocente mientras el goza de la gran vida a la q está acostumbrado. El colmo del cinismo. Con fecha y hora para que no quepa duda alguna . pic.twitter.com/8wedAWNsYd
— Lourdes mendoza (@lumendoz) October 10, 2021
Además, desde el año pasado la FGR solicitó a un Juez el decomiso de una residencia de Lozoya en la capital valuada en 3.4 millones de dólares; argumentó que el inmueble habría sido adquirido gracias a los sobornos que Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), le entregó para concretar la compra de la planta.
Ante este panorama, la defensa del exfuncionario pidió el 4 de noviembre a la Jueza Verónica Gutiérrez más tiempo para iniciar la etapa intermedia del proceso penal argumentando que su “testigo más importante”, es decir, el exfuncionario de Pemex Edgar Torres Garrido, falleció meses atrás, por lo que tendrían que ajustar su estrategia.
En la declaración que dio al Ministerio Público Federal, y que fue citada por el diario Milenio, Torres Garrido reconoció que percibió la presión que Emilio Lozoya habría recibido del expresidente Peña Nieto para acelerar la compra de Agronitrogenados.
“Tanto al coordinador de asesores como a mí, el señor Emilio Lozoya nos pedía constantemente acelerar el proceso, debido a que sus superiores le pedían resultados. Esto es el Secretario de Hacienda Luis Videgaray y el Presidente Enrique Peña Nieto”, mencionó, de acuerdo con el diario.
Los abogados de Lozoya Austin también expusieron que aún tenían pendiente presentar a la FGR tres periciales en materia de contabilidad, una en derecho extranjero y otra de audio y video, así como revisar más de 3 mil hojas de información que el Ministerio Público añadió a la carpeta de investigación. La audiencia se difirió en esa ocasión pese a que representantes de la Fiscalía, de Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se opusieron.
Por este caso, la FGR también inició un proceso penal contra Alonso Ancira por los delitos de cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El empresario fue acusado de vender a Pemex la planta Agronitrogenados con un sobrecosto de 200 millones de dólares y entregar 3.5 millones de pesos en sobornos a Lozoya Austin.
El dirigente de AHMSA concretó en abril de 2021 un acuerdo reparatorio con Pemex para evitar ir a juicio, por ello está obligado a pagar 216.6 millones de dólares a la petrolera, de los cuales ya entregó 104 millones. Ahora, Lozoya Austin busca beneficiarse de un convenio similar.
#FGRInforma: Debido a la transparencia que debe prevalecer en los procesos penales, se da a conocer la copia enviada por el Tribunal correspondiente, del acuerdo reparatorio, en el que el denunciante es @Pemex, y el sujeto a proceso es Alonso “A”.
➡️https://t.co/5Cgnp4eqcD pic.twitter.com/JQUQ8Rikm6— FGR México (@FGRMexico) September 2, 2021
LA COMPRA DE AGRONITROGENADOS
El 20 de diciembre de 2013, Pro Agroindustria, S.A. de C.V., filial de Petróleos Mexicanos (Pemex), compró el complejo de Agro Nitrogenados que llevaba años inactiva en Pajaritos, Veracruz, argumentando la necesidad de generar más fertilizantes y productos petroquímicos en México. Desde ese año el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales detectó que requería una gran inversión por el estado de las instalaciones.
“De acuerdo con la visita de inspección y los diagnósticos de integridad mecánica para los equipos dinámicos, estáticos, eléctricos, instrumentos e instalaciones de obra civil de las plantas, así como su estado de conservación de la unidad económica, después de estar inactiva durante 14 años, se determina que se encuentra en una situación física que requiere una gran inversión para la rehabilitación y puesta en marcha”, indicó en un dictamen valuatorio citado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Muestra de las malas condiciones del complejo es que en el proyecto se estimaba que una planta de Urea iniciaría operaciones en noviembre de 2015 y la otra en abril de 2016, pero para enero de 2017 aún no había entrado en operación.
En 2019, la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) reveló las primeras imágenes sobre las condiciones en las que se encontraba la planta de Agronitrogenados cuando AHMSA se la vendió a Pemex. En las fotografías, se observan tuberías oxidadas, cables corroídos y una torre deteriorada.
La ASF ha estimado que Agronitrogenados fue adquirida con un sobre costo real de 200 por ciento. A finales de 2018, Pemex aún debía 3.5 mil millones de pesos por la adquisición de la compañía y hasta ese año su operación no era no era viable pese a las inversiones.
“Se incumplió con los objetivos y las metas de poner en operación la planta de fertilizantes nitrogenados, los costos han sido rebasados de 195 mil a 443 mil 099.2 millones de dólares, los tiempos se han alargado de 610 a 943 días calendario y a la fecha de la auditoría (noviembre de 2017) no ha generado utilidades para el Estado, por lo que el proyecto no ha sido rentable”, concluyó la ASF en su reporte de fiscalización del 12 de enero de 2018, sobre las obras en Agroitrogenados.
Después de revisar los contratos de obras de rehabilitación de las plantas Urea I y II de fertilizantes nitrogenados, la ASF concluyó que las filiales Pemex Fertilizantes y Pro-Agroindustria que los suscribieron “no cumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”.
En 2018 este diario digital informó de los hallazgos de la ASF, instancia que reconoció “una pérdida” de 212 millones 600 mil dólares (más de 4 mil mdp constantes, al tipo de cambio promedio de 2018) “por efectos de deterioro correspondientes al valor de las tres plantas en que se omitió su proceso de rehabilitación, sin que se previera reanudarlo en el corto y mediano plazos”.
Asimismo halló “costos adicionales” por 22.7 millones de pesos del “suministro de agua tratada” en las plantas de Urea I y II, sin que estas “se hallaran aún en funcionamiento”. Lo mismo sucedió con el pago de suministro de tanques de nitrógeno y nitrógeno líquido por 1 millón 054 mil 700 pesos, a pesar de que las plantas no estaban en operación.
