Desde el 1 de enero de 2020 tendrían que haber iniciado las operaciones del Insabi, institución que reemplazará al Seguro Popular que operó durante los tres sexenios pasados para brindar servicios de salud a personas sin seguridad social. La política pública fue festejada esta semana por el Presidente López Obrador, pero en centros de salud y hospitales los pacientes y trabajadores desconocen de qué se trata.
Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).– Pese a que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) comenzó a operar el primer día de 2020 por decreto oficial para sustituir al Seguro Popular, la incertidumbre predomina entre la ciudadanía y trabajadores de salud de la Ciudad de México, a quienes no se les ha informado cómo operará. Aun cuando la nueva política plantea que servicios médicos deben brindarse de manera gratuita, estos todavía se cobran.
SinEmbargo acudió a dos centros de salud y a un hospital público con módulos de afiliación al Seguro Popular en dos alcaldías de la capital y corroboró que la constante entre trabajadores y pacientes es el desconocimiento de la política en materia de salud impulsada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, misma que se creó para reemplazar a la que durante los tres sexenios pasados brindó servicios médicos a personas sin seguridad social, con la diferencia de que no es necesario afiliarse o pagar cuotas, sólo basta presentar la credencial del INE, la CURP o el acta de nacimiento.
Personal administrativo y de medicina reconoció desconocer los cambios que implica la operación del Insabi. En dos centros de salud de la Alcaldía Coyoacán quienes asisten deben presentar su afiliación al Seguro Popular o los servicios se les cobran.
“No tenemos información oficial, sería hasta el 8 de enero aproximadamente que tal vez nos indican”, dijo una doctora del Centro de Salud Doctor Gustavo A. Rovirosa Pérez, en la Alcaldía Coyoacán. “No sabemos cómo va a funcionar [el Insabi] o qué va a pasar con el Seguro Popular”, comentó un trabajador administrativo del mismo centro.
En ese lugar, así como en el Centro de Salud T III San Francisco Culhuacán y en el Hospital General Xoco, de la Alcaldía Benito Juárez, las oficinas de quienes realizaban las afiliaciones al Seguro Popular están cerradas, algunos letreros indican a la población que debe acudir a la sede del Sistema de Protección Social en Salud de la Ciudad de México o a los hospitales de la red del Gobierno local para seguir tramitando servicios relacionados con el Seguro Popular, no con el Insabi.
En las instancias de salud visitadas las y los trabajadores aseguraron desconocer si quienes se encargan de los trámites para el Seguro Popular regresarán después del periodo vacacional. Entre las personas que esperan para ser atendidas también prevalece el temor a que las operaciones del Insabi obstaculicen su acceso a la salud, pues hablan de que podría haber despidos. Al menos así piensa Lucía, una mujer que trabaja en un hospital de Nezahualcóyotl, Estado de México, y cuenta que ahí el personal de las oficinas encargadas del programa fue separado de su cargo.
Ella acudió al Hospital General de Xoco para que atendieran en urgencias el problema neurológico de uno de sus familiares; en su celular llevaba la fotografía del Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2o19 donde se emitieron las reglas de operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, que contempla la creación del Insabi; cargó con la imagen en caso de que trataran de cobrarle el servicio. “Ya está en la ley, no tendría que pasar”, dijo.
Lucía es la excepción entre las personas que asisten a los centros de salud y al Hospital Xoco por primera vez, cuestionados por este diario varios aseguraron que no sabían de la existencia del Insabi y sí esperaban que les cobraran los servicios médicos porque no cuentan con Seguro Popular.
Martha, otra mujer que esperaba afuera del Hospital Xoco los resultados sobre la salud de su papá, expuso que personal del área de Trabajo Social no le explicó que el Seguro Popular de su padre expiraría ni le comentó sobre la entrada en operación del Insabi, solo le pidieron tramitar un documento que acredite su incorporación al Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos, de no hacerlo tendrá que pagar los gastos de hospitalización de su familiar. “Él sí tiene Seguro Popular y lo internamos a finales del año pasado, pero me dicen que debo tramitar su hoja de gratuidad porque sino sí nos cobrarán los días del 2020 pase aquí”, contó.
En sus redes sociales, las oficinas del Seguro Social de la Ciudad de México sólo han emitido un aviso donde informan que, de acuerdo con la Secretaría de Salud local, “todas las personas sin seguridad social quedarán protegidos por el Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos” y se les solicita registrase o actualizar sus datos en el Padrón de Gratuidad.
Para quienes no contaban con Seguro Popular nada ha cambiado en los centros de salud y hospitales, ahí el personal de Trabajo Social es claro en explicarles: en caso de no contar con Seguro Popular las consultas se les cobrarán, y si quieren tramitarlo -les dicen pese a que el programa ya no existe- deben esperar al 8 de enero, cuando probablemente regresen los trabajadores de las oficinas encargadas de afiliar a la gente a la política pública anterior y les den respuestas.
Aun con la falta de información y con los testimonios que corroboran que el programa no se ha puesto en operación, el Presidente López Obrador no respondió si se tienen planeadas campañas informativas para la población. Cuestionado sobre la desinformación que prevalece en el tema en su conferencia matutina del 2 de enero y qué contempla su Gobierno para erradicarla, el mandatario se limitó a celebrar el inicio de operaciones del Insabi. “[El inicio de operaciones del Instituto] fue un primer paso; es decir, atención médica y medicamentos gratuitos”, dijo el Jefe del Ejecutivo.
El Insabi también explicó en un comunicado difundido hoy que el programa contempla brindar gratuitamente a todas las personas sin seguridad social servicios públicos de salud, además de medicamentos, análisis, estudios, diagnósticos clínicos, intervenciones quirúrgicas y hospitalización. “Las personas pueden acudir a Centros de Salud, Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESS), Unidades Médica de IMSS Bienestar, Unidades de Especialidades Médicas y en los hospitales rurales, comunitaria y generales”, precisó.
SEGURO POPULAR, EL ANTECEDENTE
La creación del Insabi surge como resultado a las críticas que el Jefe del Ejecutivo desde que era Presidente electo. El 14 de diciembre de 2018 anunció que iniciaría un programa piloto de salud en ocho estados para remplazar el Seguro Popular de manera paulatina y la creación del Insabi se concretó el pasado 14 de noviembre, cuando el Senado de la República reformó la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. El mandatario ha criticado en diversas ocasiones que el programa “ni es seguro, ni es popular”.
El instituto remplazó así al Seguro Popular, con más de 51 millones de afiliados, después de operar durante 16 años. El programa fue creado en 2006 bajo la Presidencia de Vicente Fox Quesada y continuó en operaciones durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojos y Enrique Peña Nieto, en esos años, el programa contemplaba servicios básicos de manera gratuita, pero para algunos padecimientos y cirugías las y los beneficiarios debían pagar una cuota de recuperación.
La operación del Seguro Popular también estuvo marcada por irregularidades. Tan sólo el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2017 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que en en 2017, a través del Seguro Popular, se otorgó financiamiento para que 53 millones 505 mil 187 personas accedieran a 348 intervenciones de salud, pero a 14 años de operación, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) -encargada del programa- no contaba con datos que permitieran evaluar si se garantizó el acceso a servicios médicos de manera gratuita tal como lo estipulaba el programa.
A ello se suma que en el mismo análisis de la Cuenta Pública de 2017 del gasto federalizado, la ASF halló que 20 estados del país pagaron 2 mil 093 millones 188 mil 291 de pesos en salarios y prestaciones fuera de la ley con dinero federal etiquetado para salud y programas sociales, incluyendo el Seguro Popular. Los datos fueron informados en su momento por SinEmbargo.
En el informe resaltaron los casos de Campeche, San Luis Potosí, Guerrero, Sinaloa, Oaxaca y el Estado de México.
En Campeche la ASF alertó que se fueron 3 millones 995 mil 746 pesos en el pago de 16 trabajadores del Seguro Popular con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, pagos que no estuvieron autorizados por la Secretaría de Salud.
Para San Luis Potosí se detectaron 541 mil 543 pesos como daño al erario porque se destinaron al pago de personal que no cumplía con el perfil con el que fueron contratados en el Seguro Popular. Algo similar ocurrió en Guerrero, donde se destinaron 4 millones 737 mil 016 pesos al pago de 21 servidores que no acreditaron el perfil académico necesario.
Mientras que en Oaxaca se usaron 22 millones 052 mil 419 pesos para pagar a 90 personas de los que no se pudo verificar si laboraron para los beneficiarios del Seguro Popular. El Estado de México fue señalado por al ASF por pagos excesivos a trabajadores con recursos del Seguro Popular destinados para 2017.
Otro dato por el que la ASF alertó desde el 2017 fue que en cuatro años del Gobierno de Peña Nieto, de 2013 a 2017, la cobertura del Seguro Popular se redujo en 6.2 puntos porcentuales, pues pasó de 85.4 por ciento (55 millones 637 mil 999 personas afiliadas) a 79.2 por ciento (53 millones 505 mil 187 personas afiliadas).
–Con información de Daniela Barragán, SinEmbargo.
