La familia de Elizabeth Orea Méndez denunció que las autoridades, a pesar de tener los testimonios de vecinos, esperaron un día para empezar a tomar las declaraciones y la investigación, tiempo suficiente para que el agresor pudiera huir.
Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- María Elizabeth Orea Méndez, de 33 años de edad, fue asesinada por su exesposo el 14 de febrero de este año en San Martín Texmelucan, Puebla. El agresor está prófugo y la familia de Elizabeth clama por justicia.
“Pedimos justicia, que cumplimenten la orden de aprehensión en contra del principal sospechoso que es el exesposo Jorge Ernesto. A la sociedad le pedimos que nos apoye a difundir este caso y que no estén distantes a este tipo de situaciones; los feminicidios son cada vez más cercanos”, expresó a SinEmbargo, Aglaé Garrido Méndez, tía de Elizabeth.
La familia denunció que las autoridades, a pesar de tener los testimonios de vecinos, esperaron un día para empezar a tomar las declaraciones y la investigación, tiempo que el agresor aprovechó para huir.
“Pudieron haberlo detenido en su momento (flagrancia del delito), pero al no hacer nada lo dejaron escapar; le dieron toda la libertad para huir”, destacó la familiar de la víctima.
ENTREGADA A SU TRABAJO
Eli, como su familia le decía de cariño, era la mayor de cuatro hermanos y madre de dos pequeños de 11 y 9 años de edad. Estudió la licenciatura en Educación Física, pero nunca se quedó conforme, siempre buscó la profesionalización constante y especialización para hacer su trabajo lo mejor y ayudar siempre a sus alumnos.
“Era una persona muy alegre, era muy dicharachera, le gustaba mucho disfrutar la vida y cocinaba riquísimo, le gustaba mucho bordar y pasar el tiempo con su familia, con sus hijos”, platicó Aglaé, quien, aunque es tía de ella, debido a que solo le llevaba siete años de edad, su cercanía era más como de una prima.
Elizabeth es descrita por sus seres queridos como una mujer autosuficiente y muy entregada a su trabajo. Después de terminar la carrera en el Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla (BINE) y conseguir una plaza como maestra a nivel secundaria, empezó a tomar diplomados en Neuroeducación; luego estudió la maestría en Pedagogía.
“Ella quería seguir superándose, quería capacitar a sus compañeros. Ella tenía certificaciones sobre neurociencias porque veía que había niños que tenían condiciones motoras y como maestra de educación pensaba que a lo mejor su condición tenía una implicación neuronal y lo que hizo fue especializarse. Ella ya dictaba conferencias y estaba en vías de escribir un libro en conjunto con otros autores sobre esos temas. Ella amaba su profesión”, añadió su familiar.
Eli llevaba tres años separada de su esposo, a quien conoció cuando cursaba la licenciatura y con quien vivía en Puebla, Puebla.
La familia cree que el exesposo la violentaba por el sistema machista y patriarcal porque consideran que a él no le gustó que ella fuera autosuficiente. “Él seguía sus pasos en materia profesional, pero no figuraba tanto como los logros que ella había obtenido, profesionales y económicos”, narró la tía. La joven profesionista se mudó a San Martín Texmelucan, Puebla, tras la separación. Ella vivía en una casa rentada que está en una unidad magisterial, en la que los vecinos y el vigilante identificaban perfecto a Jorge Ernesto, pues él acudía los fines de semana por los niños porque habían acordado verbalmente la custodia compartida.
Aglaé recordó que Eli solicitó el divorcio en diciembre y acordó con su ex pareja que la custodia sería compartida, pero él tendría que dar la pensión correspondiente.
EL FEMINICIDIO
La tarde del 14 de febrero del año en curso, Eli acababa de llegar a su casa luego de dar un curso. Era viernes, día en que Jorge iba a recoger a los niños.
De acuerdo con los testimonios, el exesposo llegó al domicilio, salió con los niños, sacó el automóvil, pero luego se regresó. Elizabeth estaba en la puerta de la casa y los vecinos vieron cuando él la metió a empujones, escucharon una fuerte discusión y a ella pedir auxilio.
La familiar comentó que algunos vecinos llamaron a la policía para solicitar una patrulla y en eso vieron que él salió corriendo de la casa y se llevó a los niños.
Algunos vecinos se acercaron a la casa y vieron a la mujer tirada en el piso; en ese instante llegó la unidad policial, pero ya no tenía vida; el hombre la había ahorcado hasta la muerte con un cable.
La familia fue localizada primero por redes sociales y después les dijeron, de inicio, que la joven había sufrido “un accidente”.
Aglaé recuerda que justo ese día, como estaba reciente el caso de Ingrid Escamilla, ella estaba en la Ciudad de México en una protesta feminista en contra de los feminicidios cuando le notificaron que su familiar “había tenido un accidente”. Conforme pasaron las horas la familia supo que no era un accidente, sino que fue víctima de la violencia feminicida.
“Ahí empezó nuestro calvario”, compartió.
NO ACTUARON A TIEMPO
La familia acudió a la Fiscalía General de Justicia de Puebla, donde personal les dijo que “se fueran a su casa” porque todas las indagatorias y entrevistas las harían hasta el día siguiente.
“Nos dijeron que no podíamos hacer nada, nos dijeron ‘váyanse a su casa y mañana los citamos a la Fiscalía’”, recordó la tía.
La principal indignación de la familia fue la lentitud y la poca prioridad que las autoridades le dieron al caso, pues los testimonios de los vecinos ya estaban y no actuaron rápido para buscar y capturar en flagrancia al sospechoso, quien ahora está prófugo.
“¿Por qué esperaron tanto? ¿Por qué, si había pruebas, si había testigos, si se había llevado a los niños, esperaron hasta el día siguiente? ¿Porque no emitieron rápido una ficha? Sabían qué tipo de coche tenía y el número de placa, tenían la dirección de él; no hicieron nada en ese momento, lo dejaron ir totalmente”, reprochó la familiar.
Y añadió: “Nosotros como familia estábamos viviendo un infierno y no sabíamos qué hacer, cómo actuar, pero ellos (las autoridades) sí y no hicieron nada”.
Al día siguiente, otra familiar de Eli acudió a la casa de los padres de Jorge, quienes entregaron a los dos menores, mismos que desconocían lo que había ocurrido con su madre.
Los familiares supieron, por relato de los niños, que el exesposo estuvo hasta el día siguiente en la casa de sus padres, pues los menores refirieron que su padre por la mañana se despidió de ellos. “Estamos seguros que él pasó la noche ahí porque en la mañana les dijo ‘al rato los veo’. Después de que entregaron a los niños no hemos vuelto a saber nada de esa familia.
“Este sistema está hecho para la gente que comete delito, que puede salir impune, que sabe que puede cometer delitos y salir impunes, los feminicidios se cometen porque se saben impunes, porque saben que el sistema de impartición les da la libertad para escapar”.
La orden de aprehensión fue girada seis días después del crimen, recordó Aglaé. La familiar también denunció que batallaron mucho para obtener información de las autoridades en los siguientes meses, pues cuando llamaban para pedir avances sobre la carpeta, las autoridades no les daban datos y les cancelaban las citas que tenían agendadas.
Fue hasta el mes de mayo pasado cuando personal de la Fiscalía se comunicó con ellos, después de que la familia empezó a visibilizar el caso, así como alzar la voz para denunciar la lentitud en el actuar de las autoridades,
“Cuando ellos se ponen el contacto con la familia acudieron a visitarlos las personas que se iban a encargar del caso y lo primero que les dijeron a los padres es que ellos acababan de ser asignados al caso, pero que no sabían si había avances o si realmente había alguien buscando al prófugo, así con ese cinismo”, relató Aglaé.
La tía de Eli detalló que, a nueve meses, no ven avances o un trabajo real de la Fiscalía de Puebla: “En cuanto a las investigaciones aún no vemos nada; si se han puesto a trabajar o no, y su pretexto es la pandemia. Creo que la impartición de justicia es algo que no puede esperar”.
La mujer también denunció que la familia ha sido revictimizada, pues aseguró que la Fiscalía ha hecho comentarios en reproche por visibilizar el feminicidio y la exigencia de justicia.
“Han hecho comentarios al respecto que no tendríamos por qué estar dando a conocer el caso, cuando esta cuestión de la violencia es pública, nos afecta a la sociedad. No hay nada de ocultar”, detalló.
Garrido Méndez reiteró que la familia sigue con la misma exigencia de resultados de las investigaciones y justicia.
“Si nosotros alzamos la voz, es para incomodar porque no podemos seguir padeciendo esta violencia contra las mujeres. Es un llamado a las autoridades a que nosotras tenemos el derecho a una vida libre de violencia y a la sociedad le pedimos que voltee a ver y no sea indiferente, que todo el apoyo que se nos brindar es bien recibido”, expresó.
