La tarde del 27 de septiembre de 2019, 36 días antes que tomara posesión de la administración pública del Estado, Einar André Hernández Garza, Secretario particular de Cynthia Gissel García Soberanes, quien ya se había anunciado, sería la Secretaria de Integración y Bienestar Social, fue inspeccionado por elementos militares en el retén de El Centinela, en el auto de la funcionaria, el joven transportaba tres millones 700 mil pesos que aseguró, eran propiedad del Gobierno del Estado.
Tijuana, Baja California, 2 de diciembre (Zeta).- Héctor Mares Cossío y Laura Torres rindieron protesta como Oficial Mayor y Secretaria de Integración y Bienestar Social del Gobierno de Baja California, respectivamente. Estos nombramientos se dan tras la presunta corrupción en el Gobierno de Jaime Bonilla.
Primero se dio a conocer que Mares Cossío fungía como nuevo funcionario en el Gobierno de Jaime Bonilla en el que dijo cumplir con el cargo “con lealtad, honestidad y patriotismo”. Sustituye a Jesús Demián Núñez Camacho, quien solicitó licencia luego de que se revelara una grabación por su presunta participación en el cobro de “moches” a cambio de otorgar contratos a proveedores en donde también se involucraba a Cynthia Gissel García Soberanes, ahora ex titular de la Secretaría de Bienestar.
Luego se informó que Torres, quien era encargada de despacho del Instituto de la Mujer de Baja California, asumiría la titularidad de la Secretaría de Integración y Bienestar, dependencia que dejó vacante García Soberanes, tras revelarse una investigación por parte de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública de Baja California, sobre presuntos moches que se cobraron por alrededor de 24 millones de pesos.
De acuerdo a declaraciones del Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, el viernes 22 de noviembre, García Soberanes, habría caído en “estado de coma” y solicitado licencia al cargo.
Sin embargo, el mismo viernes una fuente reveló a ZETA que la ahora ex Secretaria de Integración y Bienestar Social “no está en coma y no está grave” como difundió Rodríguez Lozano en un video transmitido en la red social Facebook.
“La funcionaria con licencia sí ingresó a un nosocomio privado en Tijuana para ser atendida, en total secrecía y sólo por personal autorizado, al presentar un cuadro de presión alta por un ataque de pánico, pero “no está en coma y no está grave”, publicó el Semanario en su portal de internet.
Los actos de Mares y Torres fueron presididos por Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano y el Gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez.
La tarde del 27 de septiembre de 2019, 36 días antes que tomara posesión de la administración pública del Estado, Einar André Hernández Garza, Secretario particular de Cynthia Gissel García Soberanes, quien ya se había anunciado, sería la Secretaria de Integración y Bienestar Social, fue inspeccionado por elementos militares en el retén de El Centinela, en el auto de la funcionaria, el joven transportaba tres millones 700 mil pesos que aseguró, eran propiedad del Gobierno del Estado.
Sin informar a sus superiores, el militar a cargo, confirmó lo dicho por Hernández Garza, habló con la hoy secretaria de Bienestar, García Soberanes, entonces le dieron “la cortesía” y lo dejaron ir, pero levantaron un acta circunstanciada que se incluyó en el papeleo diario, sin mayores consecuencias.
La primera semana de noviembre, los datos de ese traslado de dinero y otra información que exponía la presunta solicitud irregular de por lo menos 24 o 28 millones de pesos, hecha por funcionarios estatales a empresarios locales, llegó al escritorio del Gobernador Jaime Bonilla Valdez. Entre los elementos de prueba se incluyó la declaración de Rosendo Colorado, ex colaborador de García Soberanes, la misma que se dio a conocer a través de las redes sociales esta semana.
De acuerdo a los datos recabados que se encuentran en investigación, por lo menos el oficial mayor Jesús Núñez, la secretaria de Bienestar Gissel García, y el secretario General Amador Rodríguez Lozano, habrían estado presentes en las negociaciones con los proveedores del Gobierno para futuros contratos, convenios y licitaciones.
