¿Desvío de recursos al PRI? ¿Ayotzinapa? ¿La “casa blanca”, OHL, Oderbrecht? Cuidarle la espalda al ex Presidente Enrique Peña Nieto resultó más caro que tres años de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Los salarios de los litigantes fueron de entre 100 y 211 mil pesos.
Por Linaloe R. Flores
Ciudad de México, 2 de diciembre (VICE/SinEmbargo).- Los abogados de Enrique Peña Nieto arrastraron el lápiz y se movieron entre tribunales: redactaron las reformas estructurales y las defendieron ante controversias constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), descalificaron la indagatoria del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la tragedia de Ayotzinapa y, en octubre pasado, lo blindaron contra una investigación en Chihuahua sobre el presunto desvío de 250 millones de pesos para fondear al PRI en las campañas electorales de 2015.
Durante el sexenio que expiró, el Gobierno mexicano gastó 479.5 millones de pesos en la asesoría y protección legal de Peña Nieto, un presupuesto similar al ejercido en tres años de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Eso costó la nómina de los 108 funcionarios de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), que tuvo a su disposición el político mexiquense para solventar conflictos legales durante su administración. Entre esos asesores, 22 devengaron salarios entre 100 y 211 mil pesos, similares a los de un secretario de Estado o el mismo ex Presidente de la República.
Javier Corral, Gobernador de Chihuahua, ha manifestado en varias ocasiones que Peña Nieto estaba al tanto de las triangulaciones a favor del PRI, para las que se habría utilizado a la Secretaría de Hacienda. Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto de ese partido, incluso fue a prisión por tales acusaciones, pero fue exonerado por un juez federal.
Como resultado de la controversia constitucional interpuesta por los abogados de la Presidencia, la Suprema Corte decidió, el 29 de octubre, suspender temporalmente las investigaciones del gobierno de Chihuahua contra Peña Nieto y cualquier miembro de su gabinete. Dado que el ministro que otorgó la suspensión es Eduardo Medina Mora –ex Embajador de México ante Estados Unidos de 2013 a 2015, los primeros años del peñanietismo–, el Gobernador Corral pidió en un recurso que se excusara el asunto por su “amistad” con el ex jefe del Ejecutivo, pero su exigencia fue desechada por “improcedente”.
El presupuesto ejercido y los salarios recibidos por los abogados de lujo de Peña Nieto fueron constatados por VICE en la estructura orgánica de la Consejería Jurídica y frente a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios.
SALARIAZOS
Hasta junio de 2017, cuando renunció sin brindar explicaciones, Humberto Castillejos Cervantes, un hombre cercano a Peña Nieto desde la campaña, ocupó la jefatura de esta Consejería. Es primo de Raúl Cervantes Andrade, ex Procurador General de la República, y de Alfredo Castillo Cervantes, director de la Comisión Nacional del Deporte. No obstante que fue el abogado principal del Ejecutivo, no contó con la cédula profesional de litigante hasta 2015, según una revisión en sus declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública y el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Quien lo sustituyó, Misha Granados Fernández, también fue clave en el peñanietismo: ocupó la jefatura y la consejería adjunta del área de Estudios Constitucionales de la CJEF. Desde ahí analizó la defensa de las reformas estructurales que, en los ámbitos de telecomunicaciones, educación, energético, fiscal y político, el primer mandatario logró promulgar, arropado en el Pacto por México.
Fue quien interpuso la controversia constitucional que protegió al ex Presidente de las acusaciones en el caso Chihuahua. Por su reciente cargo recibió cada mes el salario más alto de esta oficina: 211 mil 439 pesos (ingreso bruto).
Otros hombres en la Consejería son: Juan Carlos Reyes García, consejero adjunto de consulta y estudios constitucionales (205 mil 738 pesos); Ricardo Celis Aguilar Álvarez, consejero adjunto de control constitucional y de lo contencioso (205 mil 738 pesos); Manuel Gerardo Mac Farland González, consejero adjunto de legislación y de estudios normativos (205 mil 738 pesos); Alejandro Rodríguez Martínez, titular del Órgano Interno de Control (200 mil 444 pesos), y Alberto Pérez Canales, jefe de la Oficina del Consejero Jurídico (200 mil 444 pesos).
De ellos, sólo Ricardo Celis Aguilar Álvarez tiene Maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Rodríguez Martínez se licenció en la Universidad Latinoamericana, Mac Farland González lo hizo por la Escuela Libre de Derecho y Pérez Canales en la Universidad Anáhuac. Granados Fernández y Reyes García se prepararon como abogados en la Universidad Panamericana, donde estudió Peña Nieto.
Alberto Pérez Canales es hijo del ministro de la SCJN, Alberto Pérez Dayán, y cuando ingresó al equipo de consejeros jurídicos aún no había concluido la Licenciatura en Derecho. Lo consiguió en 2015 y ese mismo año se tituló.
ALCAZABA PARA TRAJES Y RENTA DE AUTOS
Instalada en el Palacio Nacional durante el peñanietismo, la Consejería Jurídica no tuvo la visibilidad de otras dependencias gubernamentales, pero también gastaba y algunas veces sin que ello se justificara en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Por ejemplo, sólo en agosto de 2013, se hicieron seis pedidos de trajes de vestir para dama y caballero a Grupo Vanity y Grupo Lafi por 663 mil 798 pesos. El pedido más grande fue por 165 mil 288 pesos.
En la CJEF también se arrendaban vehículos, una costumbre en las instancias públicas mientras gobernó Peña Nieto. En 2014 esa Consejería gastó en ello, 5 millones 147 mil 965 pesos. También compró un coche en Peregrina Automotriz del Centro por 384 mil 449 pesos, en 2013. En 2014 adquirió vales para combustibles destinados a los vehículos oficiales por 708 mil 865 pesos.
Y ordenó medicinas y productos farmacéuticos en Superissste por 11 mil 184 pesos en septiembre de 2013.
De manera sistemática, de 2014 a 2017, ordenó alimentos para las reuniones de trabajo en compras que sumaron 1 millón 26 mil 612 pesos a Superissste, Gipe y Comercializadora Inner.
SE DESPIDIÓ CON REVÉS LEGAL
En un acto jurídico sin precedentes por el desvío de recursos en Chihuahua, la CJEF presentó ante la SCJN una controversia constitucional para evitar las posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones, carpetas de investigación, así como solicitudes de información mediante el INAI. El argumento: la inconstitucionalidad del artículo 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el 7 del Código Penal estatal. Bajo esa letra, los gobiernos estatales pueden denunciar delitos del fuero común, pero no del federal. Así, Peña Nieto y los miembros de su gabinete quedaron blindados ante el caso Chihuahua.
Antes, en 2017, la consejería logró frenar –también mediante una controversia constitucional– que el Instituto Federal de Telecomunicaciones adquiriera atribuciones para defender los derechos de las audiencias. El organismo planteaba tener un defensor y que los ciudadanos pudieran quejarse de los contenidos difundidos por los medios.
Fueron los consejeros jurídicos los que lograron que en 2014 un tribunal colegiado en materia administrativa resolviera darle carácter privado y reservado a un expediente clínico que contenía el estado de salud de Peña Nieto, bajo el principio de la protección de datos personales. Eran momentos en que su apariencia despertó la suspicacia. Había perdido peso, tenía el rostro anguloso y las ojeras marcadas.
Sobre todos los asuntos jurídicos de la administración, Ayotzinapa se volvió el más polémico. Los abogados de Peña Nieto descalificaron la indagatoria del GIEI que trabajó en México para brindar luces sobre qué ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes normalistas desaparecieron en Iguala, Guerrero. Según la “verdad histórica” presentada a los padres, los normalistas fueron entregados por policías corruptos a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Los delincuentes los habrían asesinado e incinerado en un basurero de Cocula, Guerrero.
Los expertos internacionales tumbaron estos dichos y denunciaron irregularidades en la investigación. Los testimonios –según estos peritos– fueron arrancados bajo tortura y el incendio, simplemente, era imposible. El Gobierno los descalificó y el Presidente, en su último Informe de Gobierno, ratificó la versión oficial: los 43 fueron secuestrados y luego incinerados.
Sin embargo, el 26 de octubre fueron liberadas cuatro personas acusadas por la PGR de ser partícipes clave de estos hechos, por violaciones al debido proceso e indicios de que sus declaraciones fueron obtenidas bajo tortura, otro revés a la versión oficial.
Ayotzinapa fue la tragedia que desacreditó al Gobierno de Enrique Peña Nieto y lo hundió en una crisis de credibilidad de la que jamás se recuperó. En paralelo, asuntos de corrupción como la Casa Blanca, OHL y Oderbrecht transcurrieron sin asomo de investigación que desembocara en actos de justicia. Así concluye el mandato del político mexiquense que gobernó México de 2012 a 2018, cuya defensa legal costó 479.5 millones de pesos.
